El Estado mexicano implementa las políticas públicas que tienen por objeto que las personas contribuyan de manera equitativa y proporcional al gasto público, de conformidad con el marco jurídico en la materia. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano que tiene a su cargo la tarea titánica de aplicar las leyes fiscales y de asegurarse que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones. Dada la relevancia de esta labor, resulta fundamental contar con estrategias claras que garanticen que la legislación se aplique igual para todos, y que todos los contribuyentes la cumplan.
La Administración General de Grandes Contribuyentes, un área del SAT cuyo objeto es vigilar que los contribuyentes que tienen un gran volumen de operaciones o que pertenecen a un sector estratégico cumplan con el ordenamiento jurídico, obtuvo recientemente una recaudación histórica. El 28 de agosto Grupo Modelo S. de RL de C.V. publicó un comunicado por el que informó que pagó $2,000 millones de pesos al SAT con motivo de un acuerdo “a fin de dar por terminadas diferencias en materia de impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2016”.
Este acuerdo, con independencia de que fue realizado fuera del marco convencional de auditorías, representa un avance. Demuestra, por un lado, que el área encargada de vigilar a los grandes contribuyentes tiene capacidad de negociación en un asunto que, de no haber sido por su intervención oportuna, se habría tardado años en un litigio costoso. Por el otro, este convenio permite percibir la intención de una empresa multinacional de cumplir con el marco legal mexicano, cuya aplicación no admite complacencias. De cualquier manera, el acuerdo se debe a que Grupo Modelo, como contribuyente, estuvo de acuerdo con las determinaciones del SAT.
Junto con Grupo Modelo, se encuentran otros casos de grandes contribuyentes que han aportado a las arcas estatales en mayor proporción que en ejercicios fiscales anteriores. Tal es el caso, por ejemplo, de la compañía de tecnologías IBM y de Walmart de México. Estas medidas fiscales tienen por objeto reducir las desigualdades existentes entre los contribuyentes y asegurar que el Estado cuente con los recursos suficientes para cumplir con sus atribuciones. Además, en momentos de crisis económica como la que ha ocasionado la pandemia, es aún más importante contar con políticas de recaudación eficientes.
Los cobros de impuestos a estas grandes empresas se llevaron a cabo dentro del denominado “Plan Maestro”, implementado por la Administración General de Grandes Contribuyentes y que tiene por objeto agilizar la recaudación fiscal. Esta área del SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, ha demostrado, hasta ahora, estar a la altura de los retos en la materia.
Sin duda hay muchos temas pendientes en la manera en cómo las empresas transnacionales llevan a cabo sus negocios en México, tan solo por ejemplo, en materia de derechos humanos. En ese sentido, es importante darle seguimiento también al cumplimiento que estas compañías hacen de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, que aunque no son vinculantes, deberían ser utilizados como guía en su actuar cotidiano. A manera de idea, ¿por qué no utilizar la ley y reglamentaciones fiscales para, poco a poco, hacer que las empresas actúen, dentro de su cadena de producción, de conformidad con las normas de derecho internacional sobre buenas prácticas en materia de derechos humanos?