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Cumplir y aplicar la ley

No hay algo que vulnere tanto al Estado de Derecho como la aplicación inconsistente de la ley. | Francisco Rivas

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Escrito en OPINIÓN el

El pasado 11 de octubre de 2017 publiqué en este mismo espacio un artículo titulado Los Cuervos de Nuevo Toledo, aquí analizo cómo la cultura de la ilegalidad y de la corrupción afectan la política, los negocios, los medios de comunicación y la normal vida en sociedad.

Me reconozco como un verdadero fan de la serie, por ello la última temporada fue de nuevo, fuente de inspiración para este texto que me lleva a reflexionar que 16 meses después de que escribí ese artículo, las cosas parecen empeorar día a día.

Sin querer develarle la trama a quien no la ha visto, en esta última temporada los personajes de la serie enfrentan diversos dilemas sobre lo difícil que es ser íntegro en un contexto de corrupción, así como asumir las consecuencias de negligencias y errores del pasado o seguir mintiendo y cometiendo ilícitos con la esperanza de mantener el status quo.

En la última temporada, los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo exhiben el México que muchos queremos cambiar, el de el que no tranza no avanza. Se evidencia un México donde la ley se puede violar y los derechos de los otros no valen si le estorban a un poderoso.

Para muchos mexicanos, la esperanza de cambiar las condiciones sociales descansaba en las pasadas elecciones de julio de 2018, nunca el tema y la palabra fueron tan usados en un proceso electoral.

Gobierno

Si bien, en la gran mayoría de los ciudadanos ha crecido la confianza en que el gobierno federal, y en particular el presidente López, están dando los pasos en la dirección indicada, lo cierto es que un análisis más detallado debería llevarnos a razonar y ser tan críticos como lo hemos sido en las últimas cuatro administraciones, para no quedarnos en el discurso y empezar a ver acciones que fortalezcan el Estado de Derecho.

Para mí, en los primeros 70 días de gobierno y los 5 meses de transición, ha habido señales claras de que se está sistemáticamente debilitando instituciones y Estado de Derecho en favor del poder unipersonal.

Tres aspectos deben ser claves para entender si las acciones son acordes a un camino de instituciones más sólidas o no: (1) La manipulación de la ley; (2) La desaparición de contrapesos; (3) La aplicación inconsistente de la ley.

Pareciera que las acciones que está llevando a cabo este gobierno, buscan precisamente debilitar más el Estado de Derecho:

1. Es una mala señal cuando un gobierno se pasa por alto las normas, sin importar las excusas. Las reglas existen para limitar acciones que puedan llevar a violaciones de derechos colectivos e individuales, y se deben acatar sean éstas las que definen el sistema de adquisiciones, los nombramientos de funcionarios o el desplazamiento de un cuerpo de seguridad que formalmente no ha sido conformado. Cuando se actúa por encima de la ley, se debilitan instituciones y Estado de Derecho. De igual forma, modificar la ley para ajustarla a la necesidad de una plataforma de gobierno, exhibe el mismo desprecio por la ley y los derechos de una sociedad.

2. Nombrar amigos en los poderes que deben ser contrapesos, amenazar a quienes no son aliados a través del presupuesto o de apoyos federales para combatir el delito, significa no tener una vocación democrática. Los contrapesos (y la ley) sirven para limitar la acumulación de poder, para generar espacios de crítica necesarios que nos recuerden que nadie es dueño de la verdad y que se gobierna para todos.

3. No hay algo que vulnere tanto al Estado de Derecho como la aplicación inconsistente de la ley. Las normas no deben ser aplicadas de manera voluntaria o aleatoria según el momento, deben aplicarse sin excusas aún a los aliados políticos. Si el Estado hubiese sancionado inmediatamente a quienes robaban combustible e impedido a otros acercarse, en Tlahuelilpan, Hidalgo, no hubiésemos visto la peor tragedia relacionada por este delito, y más de 100 familias no llorarían la pérdida de un ser querido. De igual forma, es inadmisible que no haya ninguna sanción por bloquear las vías del ferrocarril en Michoacán, cuando si un ciudadano cualquiera se atreviera a cerrar el paso del tren inmediatamente sería detenido, sin embargo, el gobierno federal permitió que hubiera miles de millones de pesos en pérdidas, trabajos y la violación de los derechos de miles de niños michoacanos, porque un aliado político decidió cobrar las prebendas de su corrupción.

Respetar la ley

Ningún gobierno hace todo mal o todo bien, lo positivo hay que reconocerlo y replicarlo. De igual forma, señalar los errores o inconformidades de una parte de la sociedad, debe servir para construir mecanismos y procesos que hagan de nuestro país uno donde la ley se aplica y es respetada tanto por ciudadanos como por el Estado mismo.

Por ello, es relevante la respuesta que le dio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al presidente López, al recordarle que si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza, tal disposición no puede justificar qué, si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinar la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley.

Sin embargo, en palabras del jefe del Ejecutivo federal, las escaleras se barren de arriba para abajo, lo que también significa que quien está arriba tiene más impacto en el de abajo cuando respeta o cuando viola una ley, pero cuando el presidente López dice me canso ganso, manda una pésima señal acerca de la solidez del Estado de Derecho en nuestro país.

Francisco Rivas

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

Una sesión desastrosa

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