El pasado 3 de octubre, el Senado emitió la convocatoria mediante la cual arrancó el proceso de designación de quien habrá de ocupar la titularidad de la CNDH para los siguientes cinco años, lo que es particularmente relevante dado el contexto de inseguridad y violencia que prevalece en nuestro país desde hace cuando menos una década, y que ha traído como consecuencia que enfrentemos una grave crisis de derechos humanos tal y como lo han señalado diversos organismos internacionales.
En este sentido, me parece que no es una buena noticia que el actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, haya declinado a la posibilidad de buscar la reelección para otro periodo, pues si algo ha demostrado durante su gestión es independencia del gobierno, lo que constituye una condición necesaria para desempeñar un cargo de esta naturaleza.
Es cierto que cuando fue designado asumió el compromiso de no participar en el siguiente proceso y que, dada la animadversión que su actuación ha generado entre el oficialismo difícilmente contaría con los votos en el Senado para alcanzar la mayoría calificada que se requiere, pero en términos generales su gestión ha sido bien calificada recibiendo incluso reconocimiento a nivel internacional, y por tanto ameritaba ser tomado en cuenta por el Senado.
Sin embargo, el gobierno ha dado reiteradas muestras de que no le gustan los contrapesos, y que de hecho considera a los órganos autónomos como un obstáculo para su proyecto, por lo que ha emprendido acciones claras ya sea para su captura a través de nombramientos a modo, o para debilitarlos por medio de la asfixia presupuestal o la descalificación constante y la CNDH no ha sido la excepción.
El presidente López Obrador ha hecho evidente su molestia al no asistir a la presentación de su informe anual -por primera vez en la historia- y también al acusarla de haber sido complaciente durante la administración de Peña Nieto o que se haya quedada callado ante la tragedia de la guardería ABC, lo cual es falso como consta en los diversos comunicados y sobre todo en las recomendaciones emitidas por ejemplo en los casos emblemáticos de Tlatlaya, de Iguala o de la misma guardería en la que se determinó la existencia de graves violaciones a los derechos humanos atribuibles al IMSS así como a los gobiernos estatal y municipal.
En realidad la tensión entre el organismo defensor de los derechos humanos y el gobierno actual surgió a partir de los señalamientos ante el desabasto de medicamentos, las posiciones críticas respecto a la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, de la militarización de la Guardia Nacional y sobre todo, de la recomendación en torno a la eliminación del programa de estancias infantiles.
Es de reconocer que la CNDH no siempre ha estado a la altura de las circunstancias, particularmente en el periodo de Raúl Plascencia cuya gestión fue sumamente cuestionada pues se cuidaba de no incomodar al gobierno en turno y justo eso es lo que preocupa, que regresemos a los tiempos en que su actuación se determinaba en función de consideraciones políticas o peor aún, que su sello distintivo vaya a ser la subordinación al grupo dominante. Por ello, es indispensable que se preserve su autonomía para lo cual se debe nombrar a alguien que se caracterice por su independencia, no tenga vínculos cercanos con el poder político, y no se arredre ante las presiones que seguramente tendrá que afrontar.