Miguel Ángel Mancera Espinosa negó sistemáticamente la presencia de grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, a pesar de su notoria presencia.
Cuando se le preguntaba en relación al narcotráfico en la capital, el entonces jefe de Gobierno y hoy flamante senador, respondía con el eufemismo de que lo que había eran “pequeños grupos de narcomenudistas”, como si su condición de doctor en Derecho no le alcanzara para comprender que de acuerdo con la fracción IV del artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dicha actividad se encuentra comprendida entre los supuestos que deben ser sancionados bajo dicha norma jurídica.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública describen la dimensión actual del problema heredado por Mancera: en 2018 se registraron 5 mil 971 denuncias por hechos relacionados con la venta de estupefacientes, lo que representa un incremento del 300 por ciento respecto de las denuncias presentadas en 2015.
Delincuencia en CDMX
La semana pasada, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez reconoció que se tienen identificados a doce grupos delictivos dedicados a la venta de narcóticos en la Ciudad de México, los cuales también son responsables de mucha de la violencia homicida que se genera en la capital, así como de otros delitos, entre los que destacan extorsión y despojo.
El gobierno de la Ciudad de México ha tenido que promover una campaña contra un modelo de extorsión conocido como “gota a gota”, que es liderada por redes de personas de nacionalidad colombiana y mexicana, vinculadas al cártel denominado La Unión de Tepito y que ha tenido su principal punto de operaciones en el centro histórico de la Ciudad de México.
Además del préstamo en efectivo, estos grupos delictivos ofrecen “protección” a los vendedores de vía pública, lo que hace suponer su colusión con elementos policiacos, ya que cuando los comerciantes no pagan, los extorsionadores avisan a la policía para que los retiren.
Entre los grupos delictivos que ha identificado la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México destacan también la Anti-Unión, el cártel de Tláhuac, Los Rodolfos y los Molina. Y aunque no se tienen elementos para corroborar la presencia de células del Cártel Jalisco Nueva Generación, se ha generado la carpeta de investigación GAM5/UI-3C/DO372/02-2019, por el delito de extorsión, luego de que personas no identificadas han realizado llamadas a comerciantes en la alcaldía de Gustavo A. Madero, a efecto de extorsionarlos.
Según el Índice GLAC, del corporativo Security Consulting Technology Risk Management, las alcaldías que presentaron mayores tasas de homicidios dolosos y casos de narcomenudeo en 2018 son Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo.
En Cuauhtémoc, se registraron tasas de 24.2 homicidios dolosos y 221 casos de narcomenudeo por 100 mil habitantes. En Venustiano Carranza, las tasas fueron de 24.2 homicidios dolosos y 185.3 casos de narcomenudeo, mientras que en Miguel Hidalgo las tasas fueron de 12.6 homicidios dolosos y 131.6 casos de narcomenudeo. ¿Justicia por propia mano?
El pasado 26 de enero, en la calle Acueducto de la delegación Álvaro Obregón, fue asesinado un joven de 21 años. El homicida llegó en una motocicleta y luego de una breve discusión le quitó la vida con un arma de fuego, cuando el agredido intentó evitar que su agresor le disparara a su pareja.
La policía de investigación de la Ciudad de México se ha topado con un problema en la indagatoria del homicidio del joven Iván “N.”, pues los testigos se niegan a proporcionar la identidad del agresor, a quien conocen, ya que esperan hacerse justicia por propia mano.
Y aunque se desconoce el móvil del homicidio, en la zona existen diversos puntos de venta de estupefacientes, por lo que las indagatorias deberían incluir el entorno en el que ocurrió la agresión.
En todo caso, el combate a la delincuencia organizada en la capital debe considerar el ataque a la corrupción imperante entre algunos elementos policiacos y agentes del Ministerio Público, así como por el fortalecimiento de las políticas públicas dedicadas a la prevención del consumo, particularmente en el segmento de los jóvenes.