Varios son los retos que enfrentará Andrés Manuel López Obrador en materia de comunicación a partir de su toma de posesión. Por una parte, debe replantear el diseño y contenidos de los portales de las dependencias del Ejecutivo Federal, sus órganos descentralizados y los de autonomía constitucional, más allá del cambio de imagen del nuevo gobierno.
Por otro lado, es necesario corregir los errores de la administración Peña Nieto en lo relativo a las dificultades para acceder a la información pública de oficio, por mandato de la Ley Federal de Transparencia.
Pero lo más importante es el desarrollo de una estrategia que le permita comunicarse con eficiencia y eficacia con todos los segmentos de la sociedad, sin generar polémicas o contradicciones innecesarias con su equipo de colaboradores, que generen la percepción de falta de coordinación o desunión en su equipo.
Estrategia Digital Nacional
En noviembre de 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció la puesta en marcha de la Estrategia Digital Nacional, consistente —entre otras medidas— en fusionar todos los sitios web del gobierno federal en un solo portal, a efecto de lograr objetivos ambiguos y poco claros como “transformación gubernamental”, “economía digital” o “seguridad ciudadana”, por sólo mencionar algunos.
El portal del gobierno federal de la administración Peña Nieto terminó siendo una especie de blog, lleno de información irrelevante, que complica el acceso a la información de interés público, particularmente la referente a la rendición de cuentas. Capítulo aparte merece el pésimo diseño del llamado Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), que lejos de constituir una herramienta que coadyuve al acceso a la información, entorpece y dificulta la búsqueda de datos relevantes relativos al quehacer gubernamental.
Vista así, la Estrategia Digital Nacional terminó siendo un mecanismo de ocultamiento, más que un esfuerzo razonable por brindar información actualizada, relevante y de interés público para el conocimiento y la toma de decisiones de los gobernados.
A este hecho debe sumarse la opacidad de la administración Peña Nieto, que en complicidad con el Instituto Nacional de Transparencia, terminó reservando casi 12.5 millones de expedientes.
Estos errores deben ser tomados en cuenta por la administración de López Obrador para modificar desde cero el formato y contenidos de los portales de las dependencias del Ejecutivo, generar un nuevo diseño acorde con las exigencias de transparencia y rendición de cuentas que demanda la ciudadanía y propiciar que el INAI —órgano de autonomía constitucional— mejore sustantivamente sus procedimientos, en particular las deficiencias que prevalecen en la Plataforma Nacional de Transparencia. Capítulo aparte será el replanteamiento de la divulgación de los expedientes que Peña Nieto dejará reservados.
Cambios en la política de comunicación social
El anuncio relativo a la desaparición de las oficinas de comunicación social de las dependencias del Ejecutivo, para dar paso a un único despacho que operará desde Presidencia, tiene la virtud de permitir el ahorro de recursos, pero genera el inconveniente de centralizar y eventualmente complicar la atención a los requerimientos de información por parte de los medios de difusión.
En un contexto dominado por la instantaneidad, los requerimientos de información por parte de los medios deben atenderse con prontitud, a efecto de evitar el surgimiento de espacios de especulación, que terminen dañando innecesariamene, la imagen del gobierno federal.
Otro aspecto poco entendido en las administraciones anteriores es el relativo a la atención ciudadana, que deriva del mandato constitucional referente al derecho de petición. Dada su vinculación con el derecho de acceso a la información, los asuntos vinculados a éste deberían atenderse desde las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, lo que implica modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la propia Ley Federal de Transparencia.
Urgente nuevo estilo de comunicar
La multa por 197 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral a Morena, por el supuesto financiamiento alterno ilícito que habría cometido a través del fideicomiso “Por los demás”, generó una respuesta virulenta de López Obrador, quien calificó la medida como “draconiana”, “vil venganza”, “infamante”, “sin rigor, sin seriedad, sin legalidad”; además de que dijo que en el INE “han hecho un escándalo”.
Más allá de que el virtual presidente electo o el INE tengan razón en lo relativo a la legalidad o ilegalidad del uso del fideicomiso, Morena está obligado a exhibir públicamente toda la información relativa a su creación y operación, testando únicamente la que contenga datos personales de los supuestos beneficiarios y que por su naturaleza es confidencial, en razón de que dicho asunto adquiere —por el involucramiento de López Obrador y de diversos personajes vinculados a Morena que actúan como fideicomitentes— el carácter de información de interés público, además de que el domicilio fiscal registrado en el fideicomiso corresponde al del partido.
La reacción de López Obrador lo exhibe como intolerante hacia la crítica y la exigencia de transparencia. A partir de su triunfo, no bastan las explicaciones; se requiere que la sociedad tenga acceso a la documentación del fideicomiso, a efecto de que no queden dudas de que Morena y López Obrador actuaron de buena fe.
El caso debe servir también de referencia para que el próximo presidente de la República cambie con urgencia su estilo de comunicar y su nivel de tolerancia hacia la crítica. Como jefe del Estado mexicano generará polémicas innecesarias al criticar a quienes le exigimos transparencia y rendición de cuentas.