La aprobación de los criterios que aplicará el Consejo General del INE para la asignación de diputaciones plurinominales en la próxima elección federal, y con ello contar con mejores reglas para evitar la sobrerrepresentación y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución respecto a que ningún partido puede obtener un número de diputaciones por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) que exceda en 8% a la votación recibida, generó gran enojo en el partido gobernante.
Es natural que quienes se sienten afectados por una decisión del arbitro manifiesten su inconformidad e impugnen ante la siguiente instancia, pero las reacciones han sido desmesuradas llegando a acusar al presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama de actuar con parcialidad y favorecer a la oposición, por lo que pidieron su renuncia e incluso en la tribuna de la Cámara de Diputados amenazaron con iniciarles juicio político y destituirlos -además del ya tradicional linchamiento que se desató en redes sociales- aún y cuando el acuerdo fue aprobado por 9 de 11 consejeras y consejeros electorales -3 de los cuales fueron nombrados por esta Legislatura con mayoría de Morena-, por lo que en todo caso la advertencia debería ser para todos los que votaron a favor.
Lo que no dicen es que, en las elecciones de 2018, los partidos que integraron la coalición que postuló al presidente López Obrador recibieron en conjunto el 45.9% de la votación, pero obtuvieron el 61.6% de las diputaciones (308), lo que claramente rebasó el 8% que marca como límite la Constitución. El caso de Morena en lo individual es también muy elocuente ya que con el 37.6% de los votos alcanzó 191 diputaciones, y unos días después de que se instaló la LXIV Legislatura ya tenía más de 250 logrando la mayoría absoluta -y por tanto la presidencia de la Junta de Coordinación Política por los tres años- como lo explica muy bien Luis Carlos Ugalde.
Esto se dio así debido a que los partidos aliados (PT y PES) en una clara simulación postularon a militantes de Morena, y al obtener el triunfo no se le contabilizaron al ahora partido gobernante permitiéndole una mayor asignación de plurinominales, pero al momento de que se integraron los grupos parlamentarios se regresaron a Morena -como Pablo Gómez o el actual dirigente nacional Mario Delgado que fueron candidatos del PT-. Es por ello que el INE determinó revisar el origen partidario de las y los candidatos que resulten triunfadores, así como el grupo parlamentario al que pertenecen en el caso de quienes busquen la reelección.
No es la primera vez que algo así sucede y tampoco son prácticas exclusivas de un partido, pero se han convertido en parte de una estrategia para dar la vuelta a la Constitución. En 2012 el PRI y PVEM -ahora aliado de Morena- recibió el 40% de la votación y el 48.2% de las diputaciones excediendo apenas en 0.2% el límite, en tanto que en 2015 los mismos partidos obtuvieron prácticamente la misma votación (40.3%) pero alcanzaron el 50% de las curules superando por 1.7% a lo establecido constitucionalmente, lo que en su momento fue impugnado por el ahora partido gobernante.
Sin embargo, en 2018 la distorsión fue mucho mayor alterando en forma significativa el sentido de la voluntad popular expresada en las urnas, ya que la diferencia fue de 15.7%, es decir, casi lo doble del 8% de sobrerrepresentación que permite la carta magna, por lo que la autoridad electoral no puede ser omisa y, al contrario, está obligada a velar por la observancia de un mandato constitucional aunque ello despierte la ira y el embate brutal de quienes hoy incurren -y defienden- en lo que antes tanto cuestionaron. Tantos votos, tantas curules, eso es lo que se busca. Nada más, pero nada menos.