El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manejado, con responsabilidad y prudencia, la crisis que desató la tragedia de los habitantes de Tlahuelilpan tras la explosión del ducto. Pese a los errores, falta de previsión e improvisación en la actuación de algunas autoridades, la mayoría de la gente sigue convencida de que se tiene que mantener el #PlanVsHuachicoleo. 6 de cada 10 personas encuestadas por @GabineteMex así lo consideran.
Sin embargo, las medidas anunciadas hasta ahora solo resolverán la coyuntura.
En las acciones emprendidas por el Gobierno de México desde que se enteraron de la fuga de combustible, no se percibe la solución de fondo que se requiere. O para decirlo más claro: estamos muy lejos de que se cumpla el compromiso de acabar con la corrupción e impunidad, que sin duda fueron el origen de ésta y otras tragedias que hemos visto en el país desde hace muchos años.
México enfrenta una crisis profunda del Estado de Derecho.
La corrupción también mata gente inocente. Y una vez más ha demostrado que es el gran lastre que sigue frenando el desarrollo económico y educativo que necesita el país. Junto con este mal, la situación es más preocupante por la impunidad, negligencia, descuido, abandono o irresponsabilidad de quienes anteponen sus intereses particulares a los de la colectividad.
Los indicadores principales reflejan la magnitud del retraso que existe.
Al analizar las variables, los números y las tendencias de los análisis es evidente que estamos lejos de vivir en una auténtica cultura de la legalidad. Reflejo de esta problemática es la polarización, violencia verbal y confrontación que se ha dado en los medios de comunicación, pero más en las redes sociales cuando a los muertos, heridos y sobrevivientes se les acusa de ser los culpables principales de la tragedia.
Ninguno de ellos lo merecía.
Las verdaderas causas de la tragedia de Tlahuelilpan son diversas y complejas. Por lo tanto, hacen falta más que las medidas parciales y desarticuladas con las que se ha dado respuesta a la tragedia y a las dolorosas secuelas que experimentan los principales afectados.
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Lo que sucedió no es un fenómeno aislado.
Está conectado con las actividades sin precedente del crimen organizado y con las enormes brechas de desigualdad que prevalecen entre los grupos de la sociedad. Desde tal perspectiva, el Presidente López Obrador ha respondido con la claridad y velocidad que se requiere. Y qué mejor que se mantenga firme en el combate a los llamados huachicoleros y autoridades que han sido sus cómplices.
También hay expectativa en lo que le toca hacer al Fiscal General de la República.
La investigación que puso en marcha debe ser cuidadosa, detallada y profesional. El avance hacia una Cuarta Transformación dependerá, entre otras cosas, de que la lucha contra la corrupción castigue a los responsables de los delitos de narcotráfico, robo de combustible y lavado de dinero, entre otros. De igual forma, se tienen que establecer las bases para reducir lo más pronto posible y de manera significativa dichos ilícitos.
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La experiencia de otros países nos dice que cumplir la misión es posible.
Pese a que la democracia no garantiza buenos gobiernos ni los buenos gobiernos garantizan sociedades honestas, equitativas e igualitarias, el cambio de paradigma es posible. Además, son muchos los que piensan que, detrás de cada crisis, siempre hay una oportunidad para superarla y salir fortalecidos. Sin embargo, al Gobierno de México le hace falta una Estrategia Integral, que no repita los errores del pasado y surja de un diagnóstico preciso y detallado.
Tal vez sea comprensible que el gobierno de la República aún no la tenga, pues está empezando.
Lo que es inobjetable y debemos reconocer, es que hasta el momento se han puesto en marcha algunas acciones que han sido eficaces o que podrían funcionar. Pero el presidente sabe que cumplir la misión que se propuso no será tarea sencilla. ¿Acaso ha dado ya las instrucciones correspondientes para la corrección y actualización de los protocolos de prevención, actuación y contención que deben seguir las autoridades militares, policiales y de protección civil frente a actos y conductas como las que presenciamos en torno a la fuga de combustible en Tlahuelilpan?
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¿Está preparado con un Plan B en caso de que la estrategia en marcha no dé los resultados que espera? ¿Qué pasará con el país y con la imagen de su administración si el prestigio y credibilidad que tienen las Fuerzas Armadas se sigue vulnerando con este tema y el de la Guardia Nacional con las opiniones negativas en las #RedesSociales? ¿Qué acciones deben ponerse en marcha en lo jurídico, en lo cultural y en lo educativo para acabar con la doble moral que tanto daño a hecho a la clase política y también a la sociedad?
¿Qué va a hacer en concreto para transformar las conductas sociales cotidianas en una cultura cívica de honestidad, igualdad y respeto?
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Los mensajes que está dando a la sociedad en sus conferencias matutinas le están funcionando para mantener sus niveles de credibilidad y legitimidad. Las encuestas así lo confirman. Pero el valor noticioso que tienen sus palabras corre el riesgo de desgastarse y perder fuerza si los cambios anunciados y los compromisos asumidos no los va confirmando la realidad.
La opinión pública es frágil, volátil y transitoria.
Por tal razón, el presidente López Obrador debe cuidar y administrar los dos frentes principales de su proyecto de nación: el de las palabras y el de los resultados. Pedirnos a todos que actuemos con rectitud y “portarnos bien” es un mensaje atractivo y elocuente, pero parcial e insuficiente si no va acompañado de las acciones que fortalezcan en todos los ámbitos de la vida nacional los valores y principios que necesitamos como sociedad.
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