El derecho a la ciudad, formulado por Henri Lefebvre en 1968, dista en buena medida de las políticas urbanas que han dado especial preeminencia a los intereses económicos. Desde la regulación de los usos del suelo, el diseño de políticas de vivienda, hasta el más sencillo de los gestos urbanos, como caminar en las calles, la mercantilización del espacio urbano, en determinados entornos, es evidente.
El derecho a la ciudad que se formuló a finales de la década de los sesenta va más allá de reivindicar la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas urbanas. La perspectiva colectiva del derecho a la ciudad es de especial importancia en el sentido de que las dinámicas urbanas se generen por todos los que habitan la ciudad. Esto es, que la utilización del espacio público y el reparto de beneficios y cargas en la creación e intervención de la ciudad sea equilibrado y sostenible.
El derecho a la ciudad se ha incorporado, en estos términos, en los ordenamientos jurídicos de distintos países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México o Chile. La Ciudad de México es pionera en regular en su Constitución el derecho a la ciudad, lo define como “un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía” (art. 12.2, Constitución de la Ciudad de México de 2017).
La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad también parte de esta perspectiva colectiva del derecho a la ciudad. Así, se entiende que “la ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos su habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad” (art. 1.1).
Día Internacional del Peatón
Caminar la ciudad forma parte del ejercicio efectivo del derecho a la ciudad, tanto desde su perspectiva individual como colectiva. En México, caminar las calles de sus ciudades comporta en no pocas ocasiones un alto riesgo. El próximo 17 de agosto se conmemora el Día Internacional del Peatón, en memoria de la primera víctima peatonal, Bridget Driscoll, que fue atropellada por un coche al cruzar una calle de Londres. Los datos de seguridad vial en México son preocupantes. “En México, los accidentes de tránsito siguen encontrándose entre las diez principales causas de muerte”, de acuerdo con el Informe de la Secretaría de Salud de 2017. Los peatones son los más vulnerables, 21 peatones mueren atropellados cada día en México.
La Carta Mexicana de los Derechos del Peatón de 2014 es una de las reacciones de la sociedad civil a esta peligrosa realidad. Uno de sus principales objetivos se centra en “construir ciudades en las que caminar no sólo sea un acto posible y deseable, sino también un acto agradable y gratificante, base de la convivencia entre la ciudadanía”. Este objetivo está directamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se centran en “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (ODS 11).
Las ciudades son para las personas
La seguridad vial es crucial para hacer efectivo el derecho a la ciudad. El protagonismo de los automóviles en las calles de las ciudades mexicanas cada día se incrementa. La movilidad urbana es uno de los grandes retos de la humanidad de acuerdo con la ONU. El diseño de políticas públicas de transporte precisa de un uso equilibrado y equitativo del espacio público, así como de la necesaria articulación de todos los intereses que se proyectan en el entramado urbano. Sin embargo, es preciso no perder de vista, como señala Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva ONU Hábitat, que “las ciudades son para las personas, no para los vehículos”.
En México, el uso preeminente del transporte privado responde a distintos factores como es el diseño de la ciudad que, en la mayoría de casos, no es densa, ni continua, ni compacta; la ausencia de políticas públicas de movilidad urbana, de seguridad y educación vial, así como de políticas fiscales que permitan configurar un entorno urbano seguro e incluyente. En la base de la movilidad urbana se encuentra el peatón, y este no tiene características homogéneas, aunque a veces así lo parezca. Las calles de las ciudades sostenibles son un reflejo de la diversidad de sus habitantes. En ciudades europeas como Barcelona, es posible ver transitar personas con movilidad reducida, niños, padres con cochecitos para bebés, adultos mayores, mujeres, turistas, bicicletas, etc. En las ciudades de México esta realidad existe pero se vuelve invisible en las calles. Es imposible transitar en una calle sin rampas, sin pasos peatonales accesibles, sin semáforos, con barreras arquitectónicas, sin alumbrado público, con coches aparcados en la acera.
Las grandes ciudades del mundo tienen sus propios retos. La utilización del espacio público es uno de los grandes desafíos de las ciudades. Y lo es porque en este espacio se proyectan las tensiones y desigualdades de quienes habitan y transitan la ciudad. En Barcelona, por ejemplo, también existe este debate. La privatización de los usos de la acera, con la instalación de las terrazas en verano, o el aparcamiento de motos, es una de las quejas frecuentes sobre las calles de Barcelona.
El reto de las urbes del mundo es garantizar el derecho a la ciudad. El reconocimiento jurídico es un primer paso, mas sólo será efectivo cuando su materialización transforme a la realidad urbana en ciudades sostenibles, esto es, seguras e inclusivas desde el punto de vista social, económico y ambiental. De ahí que, en mi opinión, la posibilidad de que todos caminemos la ciudad sea uno de los indicadores del ejercicio del derecho a la ciudad.