Main logo

Torturas, masacres y descuartizados, las atrocidades del 2020

La organización Causa en Común plasma las peores atrocidades de 2020 en medio de una pandemia por el covid-19 y una guerra que cumple casi 15 años

Escrito en NACIÓN el

Una abogada originaria de Veracruz brutalmente linchada en Puebla, 27 jóvenes masacrados en un centro de rehabilitación en Guanajuato, 10 músicos indígenas calcinados en Guerrero, la tortura de un niño de cinco años asesinado junto con sus hermanos en Tabasco, un centenar de personas descuartizadas en Michoacán… todos estos eventos forman parte de las 6 mil 365 víctimas que dejaron 5 mil 380 atrocidades en los pasados 12 meses.

Ante la falta de claridad en las instituciones para conocer cómo es que atraviesa la violencia en las y los mexicanos, la organización Causa en Común plasma las peores atrocidades que se vivieron de enero a diciembre de 2020 en medio de una pandemia por el covid-19 y una guerra que cumple casi 15 años.

La palabra "atrocidad" es de uso internacional para referirse a la fuerza física usada para causar muerte, laceración o maltrato extremo, para provocar la muerte de un alto número de personas, individuos vulnerables o de interés político, o bien, para provocar terror.

El informe de Causa en Común deja ver que no hay un solo rincón en el país en el que no se cometa una atrocidad; es decir, una tortura, una mutilación, un linchamiento, un descuartizamiento, un calcinamiento, o hasta una masacre en donde pierdan la vida decenas de personas. Pero el presidente de la República insiste en que esto sólo sucedía en los gobiernos anteriores.

A dos años de llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró en su segundo informe de gobierno que “ahora se respetan los derechos humanos” y se castiga a los culpables. Sin embargo, el índice de impunidad en el país por el delito de homicidio doloso es del 89% según el último informe de Impunidad Cero. No se castiga a los culpables.

(Cuartoscuro)

¿Cómo se mata en México? Es la pregunta a dos especialistas en materia de seguridad que explican cómo la violencia se ha vuelto progresiva desde que el expresidente Felipe Calderón desató una guerra en el país y que ha provocado las muertes más desgarradoras registradas en las últimas décadas.

La crueldad de la violencia en México ha escalado a tal grado en el que ya no te matan sólo con el tiro de gracia, ahora la violencia está exacerbada, explica Mayra Hernández, quien es experta en seguridad pública. “Ahora se revictimiza al delincuente en su ejecución. Podemos decir que los homicidios se están reduciendo de un día para otro, pero no la forma violenta en la que se está cometiendo”.

(Cuartoscuro)

Una guerra contra el narcotráfico declarada en 2006 fue el parteaguas para potencializar la violencia que venía arrastrándose desde el sexenio de Vicente Fox. Fue ese momento, explica el Maestro en seguridad pública, Fabián R. Gómez, cuando los grupos criminales empezaron a disputarse las plazas de la forma más violenta que hayamos visto en la historia reciente del país.

“Es aquí donde empieza todo el crecimiento de la violencia, ya no bastaba matar a alguien a escondidas, o ejecutarlo (…) con un disparo en la cabeza. Ya no bastaba el simple detalle de sicario; sino que ahora, había que exhibir los cuerpos y había que demostrar más violencia que el otro para demostrarle que era más fuerte”, explica.

UN MENSAJE DE TERROR

A lo largo de los años, la violencia ha sido el emisor para demostrar el alto poder adquisitivo de los distintos grupos criminales que buscan ganar territorio, según explican los especialistas.

En 2017, el Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE) realizó un estudio titulado “Evolución del crimen organizado en México a través de los narcomensajes”. En este se revela que, de las 43 mil ejecuciones registradas de 2006 a 2011, 2 mil 680 iban acompañadas de un “narcomensajes”.

El viernes 6 de noviembre, ya muy cerca de la media noche, automovilistas que circulaban sobre el bulevar Federico Benitez en la colonia Yamilé, en la ciudad de Tijuana, se percataron de una cabeza humana que pendía desde un puente peatonal frente a la Comisión Federal de Electricidad.

La cabeza era de un hombre. Al parecer, lo habían ejecutado y decapitado por “voltearse” a otra banda criminal. Se referían a una traición. Esto se supo luego de que policías municipales encontraran una manta con un mensaje firmado por “El dolar”.

El mensaje no sólo es para los integrantes de grupos criminales, sino que se suma el terror que causa a la población estos macabros hallazgos, explica Mayra.

“El mensaje de la delincuencia no es solamente contra ellos mismos, sino es un mensaje de temor a la sociedad. Y justamente más allá de lo que dice una narcomanta, estos grupos están amenazando a la sociedad y la misma sociedad lo está normalizando y vive con el miedo y la zozobra de no denunciar y volvemos a lo mismo”.

UNA MATANZA QUE MARCÓ EL CENTRO DEL PAÍS

El 1 de julio, 27 jóvenes convivían en un centro de rehabilitación en la colonia Arandas en Irapuato, Guanajuato, poco antes de que fueran ejecutados por sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima, grupo criminal que se fundó en la entidad hace más de media década.

La tarde de ese día, tres hombres ingresaron al centro de rehabilitación y forzaron la puerta donde se encontraban 30 hombres de entre 17 y 40 años de edad. Buscaban a un sujeto llamado “El Muletas”.

Masacre en Irapuato

Según lo relatado por Héctor de Mauleon en su columna del 14 de julio en El Universal, al entrar los asesinos colocaron a los internos en el suelo con las manos en la nuca. Les ordenaron no levantar la cara. Los hombres se percataron que en el lugar no se encontraba “El Muletas”, por lo que salieron de la habitación, pero minutos después regresaron y los acribillaron a todos. A unos cuantos los mataron con el tiro de gracia.

Fueron 27 personas las que murieron en el atentado. Esta es la masacre más sangrienta que han vivido los pobladores de Guanajuato en las últimas décadas.

Los homicidios registrados en esa entidad de casi seis millones de habitantes, representan el 11 por ciento de los que registran las cifras oficiales en todo el país. De enero a noviembre del  año pasado, se iniciaron 3 mil 121 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso. El 80 por ciento de esos homicidios se perpetraron con armas de fuego.

Además, el informe de Causa en Común revela que en esta misma entidad ocurrieron al menos 338 atrocidades en el mismo periodo. Una de ellas, la matanza en el centro de rehabilitación en Irapuato de aquel 1 de julio.

Los otros estados donde se concentra la mayor cantidad de atrocidades son Chihuahua (204), Guerrero (168), Michoacán (161) y Baja California (152).

EL GOLPE DE LA VIOLENCIA EN LA FRONTERA

A solo tres días de iniciar el año 2020, en la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, estado donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades encontraron el cuerpo calcinado de un hombre en la colonia Nuevo Milenio en el área del arroyo. Dos días después, el cinco de enero, otro cuerpo calcinado fue encontrado en un predio en la misma ciudad; el ocho, otro más; el 12, otro, el 19 uno en Mexicali y el 20 de ese mes, otros más en Tijuana.

Así siguió la lista en el transcurso del año hasta sumar 48 cuerpos calcinados, sólo en el estado de Baja California. 48 cuerpos que fueron consumados por el fuego y que, incluso, uno de ellos todavía ardía cuando fue localizado por los elementos policiales.

La cifra es más espeluznante. En todo el país se registraron 459 casos de calcinamientos, sólo hablando de los que aparecieron en los medios de comunicación. El recuento de Causa en Común, señala que el calcinamiento se encuentra en el quinto lugar de las atrocidades que más se cometen en el país.

La región norte fue la más golpeada durante el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente en el de Enrique Peña Nieto.

En Nuevo León, por ejemplo, otra entidad fronteriza, Mayra recuerda que en el periodo 2010-2012, fue una época muy violenta.

“Cada cinco minutos tú pasabas por un puente y había una persona colgada, una persona descuartizada, personas en hieleras, cabezas”.

Este tipo de agravantes, señala Mayra, no sólo atenta contra la vida de una persona, sino también es una ofensa a la sociedad, por el simple hecho de ver los cadáveres en la vía pública, pues muchos de ellos son encontrados por los mismos pobladores cuando caminan rumbo al trabajo, a la escuela o a descansar a casa.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son las entidades al norte que viven en carne propia las secuelas de la guerra contra el narcotráfico.

Sólo en estos seis estados fronterizos se concentra el 27 por ciento de los homicidios dolosos ocurridos en todo el país, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Además, las cifras oficiales dicen que ahí localizaron el 32 por ciento de las fosas clandestinas localizadas del 2006 al 2019.

EL SUR, UNA REGIÓN BAJO POBREZA E INSEGURIDAD

En el sur, la violencia se desarrolla entre los más altos niveles de pobreza y desigualdad en todo el país. En los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, el estancamiento social es de por arriba del 60 por ciento, según un estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) publicado este año.

Guerrero, con una alta marginación y una fuerte concentración de población indígena, fue el escenario para el más cruel asesinato de 10 músicos indígenas originarios del poblado de Alcozacán, en el municipio de Chilapa.

En los primeros días de enero del 2020, el grupo de músicos “la sensación” acudió a la comunidad Tlayelpa para amenizar un festejo patronal. Pero cuando regresaban a bordo de una camioneta particular fueron emboscados a la altura del punto conocido como Mezcalcingo por sujetos armados. Después se supo que fueron miembros del grupo delictivo Los Ardillos los autores del ataque.

Los músicos fueron asesinados y calcinados dentro de la camioneta. Los cuerpos quedaron irreconocibles, señalaron las autoridades ministeriales.

Israel Mendoza fue una de las víctimas. Tenía apenas 15 años de edad. Estudiaban la secundaria y tocaba la batería en el grupo. También había padres de familia que dejaron niñas y niños en orfandad, incluyendo un bebé de cuatro meses. El chofer de la unidad, por ejemplo, dejó dos niños y su esposa estaba embarazada.

Esta atrocidad también fue registrada por la organización Causa en Común. En ese estado del sureste se registraron 294 atrocidades en el periodo de enero-octubre.

UNA ESTRATEGIA FALLIDA Y LA AUSENCIA DE UN SECRETARIO DE SEGURIDAD

Fabián R. Gómez explica en entrevista para La Silla Rota cómo la violencia ha sido progresiva desde hace dos décadas, cuando Vicente Fox dejó crecer los grupos criminales en el país. En 2006, Felipe Calderón decidió tomar las riendas e implementar una estrategia mal aplicada que desató una enorme ola de violencia. En 2012, la misma estrategia fue retomada por Enrique Peña Nieto, pero agravada bajo un esquema de corrupción política. Hoy, el actual mandatario, quien sigue negando la ola de violencia que impregna al país, ha decido no cambiar la estrategia y otorgar más poder a las Fuerzas Armadas.

El problema de la estrategia, dice Fabián, es que no hay una estrategia por parte de las autoridades.

“No hay una estrategia contundente, no hay una estrategia clara. La estrategia del gobierno federal es el despliegue de elementos. El error está en que la estrategia no está en lo local (…) mientras que debería ser de los tres órdenes de gobierno”, dice el experto.

En su segundo informe, el presidente resaltó el despliegue de la Guardia Nacional como su principal estrategia en materia de seguridad, equipando y sacando a las calles a 97 mil de estos elementos.

Esta cadena de estrategias fallidas -como consideran los expertos- ha sido la causa de un país que cuenta más de 250 mil muertes por violencia y más de 73 mil personas desaparecidas.

Hoy, la confianza en que disminuyan los altos índices de violencia se pone en la primera mujer que está a cargo de la seguridad en el país, Rosa Icela Rodríguez, luego de que su antecesor, Alfonso Durazo, abandonara el cargo para contender en las elecciones del 2021 en su estado natal, Sonora.

“Tuvimos un secretario de Seguridad Pública, que nunca quiso ser secretario de Seguridad Pública y que nunca fue secretario de Seguridad Pública y que, a la primera que tuvo, se fue de candidato a la gubernatura de Sonora”, dice Fabián.

Alfonso Durazo, quien estuvo al frente de la seguridad desde que inició el gobierno de López Obrador hasta el pasado 30 de octubre, tomó el cargo para ocuparlo como un “brincolín” para la gubernatura de Sonora, dice Mayra.

Esto forma parte de una estrategia fallida en materia de seguridad, pues en estos cargos, explica la experta, se necesita a profesionales. Una responsabilidad que implica dedicarle 24 horas e incluso, hasta la vida.


bl