El Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la propuesta contenida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que hizo público el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de asignar las tareas de seguridad pública en el país a una institución de carácter militar como lo será la Guardia Nacional.
Aseguró que la creación de la Guardia Nacional contraviene la Constitución General, principios, recomendaciones y criterios de instancias internacionales, además de declaraciones previas del propio presidente electo y miembros de su equipo.
Por esta razón, enfatizó la necesidad de que se fortalezcan las instituciones civiles en materia de seguridad, reduciendo la participación de elementos de nuestra Fuerzas Armadas en cuanto sea posible.
Asimismo, hizo un llamado para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas, y de cumplimiento a los estándares internacionales, se revise el apartado correspondiente al “Plan de Seguridad Pública”, para que contemple una estrategia integral y razonada.
El organismo no desconoció el trascendente papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero pidió que se prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles federales, locales y municipales para que asuman la seguridad pública y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias.
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Consideró que pretender desvincular a la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas no cambia en los hechos la realidad de que estará integrada mayoritariamente por personal del Ejército y de la Marina, y actuará conforme a esquemas propios del orden y disciplina castrense, bajo un modelo de división territorial y facultades amplias, que es ajeno al que rige a las autoridades e instituciones civiles, quedando la coordinación y mando operativo a cargo de personal militar.Con ello, consideró que implícitamente se subordina a las autoridades civiles a los mandatos y órdenes de autoridades militares, con independencia de la denominación formal que se pretenda dar a las mismas.
La eventual reforma constitucional para quitar a las autoridades civiles la responsabilidad de asumir la seguridad pública y otorgarla a un cuerpo de franco corte militar no subsanaría los vicios y lo improcedente que desde la perspectiva de los derechos humanos resultaría implementar una política pública como la que se contempla en dicho plan, expresó.
La presencia de las Fuerzas Armadas no debe verse, bajo ningún concepto, como opción permanente y esencial para recuperar la paz, seguridad y respeto a los derechos humanos que la sociedad reclama, ni será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción, exclusión y desigualdad que enfrentamos, explicó la Comisión.
Finalmente, dijo que los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, organizaciones civiles, académicos y expertos en seguridad que se pronunciaron contra la Ley de Seguridad Interior, recientemente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), evidenciaron la necesidad de un replanteamiento general e integral de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, restringiendo lo más posible la participación de las Fuerzas Armadas y buscando fortalecer y desarrollar a las instituciones civiles como encargadas de la seguridad pública.
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