La consulta popular que se realizará el 1 de agosto, para determinar si se debe o no enjuiciar a los expresidentes, podría terminar en un ejercicio ciudadano con baja participación, a menos de dos meses de los comicios del 6 de junio, y sus resultados podrían causar mayor polarización política en el país.
A estas conclusiones llegaron expertos consultados por La Silla Rota, quienes destacaron que, si bien cualquier consulta es relevante porque involucra decisiones sobre presupuestos locales o proyectos nacionales, esta tendrá efectos vinculantes y jurídicos.
Como primer punto, destacaron que la pregunta que fue avalada para la consulta es confusa, por lo que la interpretación de la misma será confusa, también.
La pregunta es: "¿Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
Sólo hay dos respuestas: sí o no. Raúl Mejía, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) recordó que, además, “es una consulta que solicitó el presidente, que quedó en manos del Instituto Nacional Electoral y que pasó por la revisión de la Suprema Corte de Justicia”.
“Al final, quedó una redacción muy vaga en la pregunta para determinar si se debe enjuiciar o no, a los expresidentes. Tenemos una pregunta muy extraña”, dijo.
Horacio Vives, experto en temas políticos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que la pregunta en sí es absurda desde la redacción. “La Corte jugó más el papel de un tribunal de opinión pública, que de justicia. Estamos hablando de una consulta electorera, me parece que es un franco despropósito”.
Reconoció que, si bien los mecanismos de consulta y participación ciudadana son importantes en términos de democracia, adelantó que lo que sucederá el 1 de agosto será una falacia "porque la justicia no se consulta".
¿QUÉ PASARÁ CON LAS RESPUESTAS?
Mejía explicó que, con base en los resultados, se vinculará a los poderes públicos. Esto significaría que, en caso de que en caso de que más del 40% de la población responda “sí”, se tomarán medidas sobre el tema. “De lo contrario la consulta se declararía desierta o con un resultado que no aceptaría a nadie".
En las elecciones del 6 de junio, la participación de los electores fue de 52% del padrón nominal. Sin embargo, el académico del CIDE consideró existe una alta posibilidad de que en esta ocasión la participación sea menor "por el desgaste de la población posterior a las elecciones, me parece complejo que alcancemos el 40% mínimo que se requiere".
Vives coincidió. “Creo que este no sería un tema que entusiasme a la población igual que una elección donde se eligen gobernadores, autoridades locales y representantes populares; y este es un tema mucho más abstracto e incluso etéreo que podría no interesar. La participación sería entonces relativamente baja”.
Si hay una alta participación y gana el “sí” a enjuiciar a los expresidentes, Mejía planteó que lo que vendrá después será complicado “porque involucraría el trabajo de la Fiscalía General de la República para abrir carpetas de investigación y llevar casos hasta un juez".
Vives sumó otro escenario: la polarización política. La consulta se realizará a menos de dos meses de las elecciones locales y federales; será casi simultánea a la fiscalización de campañas electorales y en medio de las impugnaciones electorales, a la par de la nueva conformación de la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados.
CONSULTA SIN PRESUPUESTO
El tema financiero también ha sido complejo también porque el Congreso no asignó al INE dinero para tal fin. Si bien el Instituto interpuso una controversia ante la Corte para que se le asignarán estos recursos, el Poder Judicial respondió esta semana que dicha controversia si bien es procedente, es también infundada. Durante la sesión el tema no fue discutido; pero se aprobó por unanimidad en votación económica.
"La Corte toma una posición increíblemente literal diciendo no hay una obligación de la Constitución para la asignación de presupuesto. Tiene razón, no la hay”, dijo Mejía, “pero la Corte siempre ha tenido una facultad interpretativa razonable".
Consideró que pudo ofrecer alternativas como ordenar asignar recursos que podrían recortarse en un futuro presupuesto, por ejemplo. “Sin embargo tomó una posición formalista de ‘me lavo las manos’ y dejaron al INE con una mano adelante y otra atrás".
El consejero del INE Roberto Ruiz, responsable de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, inició en mayo los preparativos para llevar a cabo esta consulta sin recursos económicos.
Propuso -entre otras medidas de ahorro-, reciclar los materiales que queden de la elección del 6 de junio y planteó el uso papelería de menor tamaño y sólo con candados básicos de seguridad, en lugar de los candados más exhaustivos de una jornada electoral normal.
Hace tres meses, la consejera Carla Humphrey planteó como alternativa viable (para generar ahorros) el uso de la urna electrónica por ser una consulta ciudadano; señaló que existe un número importante de éstas que agilizarían cómputo y resultados, pero la medida no logró el respaldo de sus colegas en el consejo.
¿EN QUÉ TERMINARÁ?
Horacio Vives destacó que el INE, saliendo apenas de la elección más grande en la historia del país, enfrentará la consulta en condiciones que no son las óptimas. “Lo que veremos el domingo primero de agosto no es ni remotamente parecido a una elección federal. El INE tiene la voluntad política de realizar esta consulta, pero no lo apoyaron económicamente. Habrá que esperar primero cuál es el nivel de participación de la gente”.
"No pinta bien el tema de la consulta", aseguró Raúl Mejía. "Yo como población -más que como académico- pienso: si tengo una pregunta que no entiendo ¿Para qué la salgo a votar?”, cuestionó.
También explicó que este no es el primer año de gobierno de la actual administración, sino el tercero. “Y luego, viene en marzo una revocación de mandato, donde se necesita, al menos, dos millones de firmas. No estoy seguro de que, después de las elecciones del 6 de junio, el actual gobierno todavía tenga un nivel de respaldo importante".
MJP