La violencia que durante años castiga a México dejó claro que de la “ley” tácita de “plata o plomo” nadie se salva, incluidos los cuerpos de seguridad y procuración de justicia del país, instituciones que desde el año 2018 registran más de mil 500 muertes a manos de organizaciones criminales o cárteles que operan en el país.
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Los asesinatos de policías e integrantes de corporaciones de procuradurías o fiscalías, en las 32 entidades del país, se han cometido de forma sistemática y constante, en absoluta impunidad ya que, a la fecha, de los más de mil 500 crímenes que ha documentado Causa en Común, se desconoce cuántos homicidas fueron detenidos y sentenciados.
De acuerdo con los registros de la organización, tan solo entre el 1 de enero de 2018 y el 18 de marzo de 2021, mil 520 mujeres y hombres que pertenecían a instituciones de seguridad pública municipal, estatal o de procuración de justicia del país, fueron asesinados.
Los elementos caídos en México, durante este periodo, casi superan a lo registrado en Colombia, cuando los actos criminales de Pablo Escobar –fundador del cártel de Medellín y otros– llevaron a la muerte a mil 785 policías, entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de diciembre de 2013.
La muerte de elementos policiales en Colombia funcionaba a través de recompensas, que ofrecían los operadores de Escobar a los sicarios por la ejecución de elementos que se oponían a sus intereses.
Los registros de Causa en Común indican que, en México, tan sólo en el año 2018, se cometieron 452 crímenes; en 2019, fueron 446; en 2020, 523; y en lo que va de 2021, van 99 elementos asesinados de forma violenta.
Los estados con más muertes durante este periodo son: Guanajuato, con 233 decesos; el Estado de México, con 130; Chihuahua, 106; Veracruz, 94; Michoacán, 85; Ciudad de México y Puebla, 71 respectivamente; Sonora, 57; y Zacatecas, con 55.
El ex comisionado de la extinta Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto menciona que los asesinatos en contra de los elementos muestran el abandono del gobierno a las instituciones, principalmente a las municipales, ya que no existe una coordinación plena y de confianza entre éstas y otras organizaciones.
Al mencionar el asesinato de 13 elementos en el municipio de Coatepec Harinas, en el Estado de México, Castilla Craviotto asegura que la muerte del personal de seguridad y procuración de justicia no puede ser atribuida a una sola persona, ya que el crimen es el resultado de una ausencia legal y operativa, para evitar una emboscada en una zona que es identificada por las autoridades como “conflictiva” por la presencia de organizaciones criminales.
“Es difícil mencionar a un responsable institucional de la muerte de los policías. El caso más reciente es del Coatepec Harinas, en el Estado de México. Conocemos cuántos elementos murieron, las autoridades saben que esa zona está marcada como conflictiva por la presencia de grupos criminales, pero me parece que la presencia institucional en la zona no tiene la condición adecuada laboral para evitar ese tipo de hechos".
“Si no se tienen las capacidades para evitarlo, a través del intercambio de información, siempre va a pasar. No es responsabilidad de una persona, es resultado de una ausencia legal y operatividad, así como en la coordinación entre instituciones para enfrentar al crimen organizado”, refiere.
LOS CRÍMENES
Los asesinatos de elementos de seguridad y procuración de justicia en el país, sólo desde el año 2018 a la fecha, incluyen escenas de impunidad, en donde los homicidas, integrantes del crimen organizado, se dieron el tiempo de grabar los crímenes o, incluso, dejar mensajes en el lugar de los hechos.
Entre ellos se encuentra la emboscada, del 18 de abril 2018, contra seis elementos del municipio de Zihuatanejo, por un comando, quien filmó el ataque y lo publicó en redes sociales.
Ese mismo año, el 1 de junio, siete policías que acudieron a apoyar en la seguridad durante un motín en la prisión de Amatlán de los Reyes, en Veracruz, fueron asesinados.
De acuerdo con el área documental de La Silla Rota, el 21 de junio de 2019, seis policías estatales fueron asesinados y cinco más heridos durante una emboscada en la carretera Tetipac-Taxco, en el estado de Guerrero.
Un grupo armado atacó a un convoy de la Policía Estatal a la altura de la comunidad El Gavilán, en el municipio de Tetipac, en las inmediaciones de Taxco.
En el mes de julio, cinco elementos fueron asesinados en el municipio de Apaseo El Alto, en la carretera que lleva a Jerécuaro, justo a la altura de la comunidad El Chamizal.
Tras el crimen, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca escribió en su cuenta de Twitter: “hoy se registra ataque de la Delincuencia Organizada donde fallecen 5 elementos FSPE y dos lesionados en artero y cobarde ataque en los Apaseos. Tristeza y luto en la corporación. Todo nuestro respaldo y apoyo a las familias”.
Lamentablemente hoy se registra ataque de la Delicuencia Organizada donde fallecen 5 elementos FSPE y dos lesionados en artero y cobarde ataque en los Apaseos. Tristeza y luto en la corporación. Todo nuestro respaldo y apoyo a las familias de las víctimas.— Alvar Cabeza de Vaca (@AlvarCdeV) July 3, 2020
En Villa de Arista, San Luis, cuatro elementos fueron emboscados en el mes de julio. Los elementos realizaban investigaciones. Durante el ataque los integrantes del crimen organizado dispararon con armas tipo Barret, en contra de un helicóptero que trató de auxiliar a los elementos.
En septiembre, se reportó la muerte de tres elementos en el municipio de Villa de Arista, Estado de México, durante una emboscada en la comunidad de Los Reyes.
En octubre de 2019, 13 policías en el municipio de Aguililla fueron asesinados en la comunidad de El Aguaje, durante una emboscada por integrantes del crimen organizado.
En marzo de este año, cuatro policías estatales fueron asesinados y sus cuerpos quemados en la comunidad de Chupaderos, municipio de Villa de Cos, Zacatecas, a 50 kilómetros de la capital de la entidad.
El ataque más reciente es el de 13 de elementos en Coatepec Harinas, Estado de México. Ocho de ellos pertenecen a la Secretaría de Seguridad y cinco más a la Fiscalía General de Justicia de esa misma entidad.
ELEMENTOS TRABAJAN EN ABANDONO
Manelich Castilla Craviotto también mencionó que los elementos de seguridad pública del país, principalmente los municipales, laboran en condiciones inadecuadas que vulneran su seguridad y la de sus propios compañeros.
De acuerdo con Castilla Craviotto, el “desprecio” a las corporaciones de seguridad inicia desde la propia Constitución Política.
“Trabajan con unas asimetrías abismales. Hay municipios que tienen lo esencial para su función, pero se quedan disminuidos al enfrentar cuestiones de crimen organizado. Lo mismo sucede a nivel estatal. Este desprecio de las policías comienza en el artículo 123 de la Constitución, en el apartado B, fracción 13, que les impide la estabilidad en el empleo.
“¿Cómo vamos a exigir a los estados que vean más por sus policías, si la propia Constitución los discrimina? Claro que hay asimetrías, claro que los policías siempre pecaran de mucho esmero y sacrificio, pero sólo tienen poca atribución. Tan solo, en el caso de los uniformes, ellos mismos tienen que poner de sus ingresos para trabajar”.
En entrevista con La Silla Rota comentó que el personal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del país “necesita recibir una formación y capacitación adecuada”.
“Deben tener conocimiento en investigación, prevención, proximidad y de cuidado personal. También, estabilidad en el empleo, salarios dignos, justos, bien pagados, pero lo más importante, la posibilidad de crecer y tener un proyecto de vida, Se han hecho algunas cosas, pero la realidad es que falta demasiado por hacer”.