La gran perdedora de la reforma eléctrica será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hecho que es contradictorio porque el gobierno federal afirma que la fortalecerá en lugar de debilitarla; además, la empresa pública no tiene la capacidad de generar la cantidad de energía que se le pide en la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo consideraron expertos entrevistados en la Mesa de Opinión de Heraldo Radio y La Silla Rota.
Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), afirmó que para CFE mantener de forma artificial el 54% de producción de energía eléctrica sin apoyos tecnológicos ni económicos tendría un costo adicional por generación eléctrica de 400 mil millones de pesos entre 2022 y 2028.
"Ese es el impacto únicamente para la CFE”, advirtió.
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(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)
Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos y director de la consultora GMS, señaló que la Comisión Federal de Electricidad podría ser exitosa, sí y solo sí, se le permite desarrollarse en las áreas en las que realmente es fuerte y rentable como la transmisión eléctrica, en lugar de desviar sus recursos a la generación como lo plantea la reforma. Y contextualizó que las líneas de transmisión eléctrica se encuentran saturadas, lo que requiere una gran inversión.
Agregó que la CFE es también exitosa en el mercado de combustibles y administrando los contratos independientes de energía.
"Ahí tiene más posibilidades de éxito y de generar utilidades”, aseguró Monroy.
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Los expertos alertaron que si esta reforma se aprueba tendrá un alto costo para el país. Monrroy explicó que Estados Unidos ha referido que los juicios e indemnizaciones serían cuantiosas: 10 mil millones de dólares, aunque la cifra podría crecer hasta 220 mil mdd, lo que equivale al 9% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Esto contradice el discurso presidencial de que no pagará nada y que no tendrán ningún costo económico”, señaló Monroy; y atribuyó lo anterior a una campaña de desinformación por parte de CFE y el gobierno federal.
(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)
El especialista añadió que además del costo económico, habrá un costo en la salud de los mexicanos y explicó que la contingencia ambiental que sucedió la semana pasada en el Valle de México fue resultado de la contaminación que generan las plantas de carbón y generación de combustóleo de las termoeléctricas de la propia CFE.
LOS ESCENARIOS DE LA CORTE
Ocampo expuso que este jueves, el debate en la Corte puede generar diversos escenarios. Uno de ellos es que no se reúnan los ocho votos que se requieren de los ministros para aprobar la Ley de Industria Eléctrica (LIE) de 2021 lo que implicaría que cada uno de los amparos interpuestos por la iniciativa privada deberán ser resueltos por tribunales colegiados.
"Hay cientos de amparos en tribunales colegiados que están por resolverse”, dijo; “una parte importante se define este jueves, pero no todo; también es posible que parte de los artículos se declaran constitucionales y otros no”.
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"Quizá lo más relevante es si se declara constitucional o no, la parte del despacho eléctrico; si es lo primero, las empresas que están amparadas o cuentan con suspensiones podrá seguir operando en la medida que se los permita su amparo”, explicó Ocampo y adelantó que se podrían detectar resultados más concretos en semanas o meses posteriores.
ENERGÍAS LIMPIAS, ESCENARIO NEGATIVO
En cuanto a la generación de materia de energías limpias Monroy refirió que el escenario es negativo.
(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)
"México retrocede por la quema de combustóleo y calculo que México tardará 8 años en alcanzar el lugar en que se encontraba previo a esta reforma. El país no ha cumplido ni cumplirá con su parte de los acuerdos de París y ese es uno de los amparos que aún no ha resuelto la Corte. Tiene que ver con el amparo que presentó Greenpeace que se refiere al derecho humano a un medioambiente limpio como consigna el artículo cuarto constitucional”.
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Monroy recalcó que los amparos que se definirán mañana son en materia de competencia económica y de libre competencia de acuerdo al artículo 28 de la Constitución.
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