Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) para revisar la solicitud de revisión/modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso el 12 de agosto 2019.
El recurso fue tramitado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo de la Ciudad de México desde el pasado 8 de agosto, argumentando violaciones a los artículos 1º, 4, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, de la Constitución.
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La suspensión provisional no significa que Rosario Robles vaya obtener su libertad, ya que la medida es sólo para revisar la solicitud que le fue rechazada el pasado 30 de abril de 2020 por el juez Ganther Alejandro Villa Ceballos, quien declaró como infundada la solicitud.
Resolución judicial dictada en audiencia de 30 de abril de 2020, a través de la cual, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villa Ceballos, declaró infundada la solicitud de revisión/modificación de la medida cautelar preventiva justificada, que fuera decretada en contra de la quejosa
Al conceder la suspensión provisional se fijó para el 24 de agosto una audiencia para que se presenten los informes previos.
Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos en el presente incidente de suspensión, se desprende que, dadas las cargas de trabajo con que cuenta éste Juzgado de Distrito, no ha sido posible notificar a la totalidad de autoridades responsables señaladas por la parte quejosa. En tal virtud, a fin de que las potestades se encuentren en aptitud de conocer la suspensión provisional dictada el diez de los corrientes y rendir su informe previo, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Notifíquese
Rosario es acusada del delito de “omisión” al no informar a su superior jerárquico (expresidente Enrique Peña Nieto) de diferentes irregularidades que originaron daños al erario público por un monto de cinco mil 73 millones de pesos en la Sedesol y Sedatu.
(MJP)