Sin supervisión, personal capacitado sin el perfil requerido, subcontratos a empresas de seguridad que a su vez subcontratan a otra; y con deficiencias en sus manuales operativos, así es como opera el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, según el resultado que arrojó la auditoría 2020 que se realizó a la Secretaría de Gobernación en este tema. Esta es parte del tercer informe que entregó hoy la Auditoría la Superior de la Federación a la Cámara de Diputados.
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El tema es sensible tras el asesinato de cinco periodistas en lo que va del año, lo que ha causado críticas nacionales e internacionales contra la actual administración. Además, en los últimos días periodistas se han manifestado de manera pacífica contra la inseguridad en que laboran por lo que exigen al Estado cumplir con el respeto a su labor y defensa de la libertad de expresión.
Foto Cuartoscuro.
Es también relevante en el contexto de la desaparición del fideicomiso de Protección a Periodistas en octubre 2020 para sustituirlo por un Fondo que, informó la Auditoría, opera sin supervisión.
“Respecto de la extinción del Fideicomiso, al 14 de julio de 2021 no se había dado cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, respecto de concentrar en la Tesorería de la Federación, al 31 de diciembre de 2020, los recursos disponibles, ni se realizaron los trámites para la extinción del mismo”.
Aunado a esto se encontró un pago a escoltas por más de 400 mil pesos sin aclarar por lo que se inició el período de información correspondiente.
Fallas en la estrategia y falta de coordinación
La ASF encontró que los manuales de procedimientos de protección para defensores y periodistas no consideran los procesos y actividades que realiza el monitoreo nacional de las agresiones; esto con el fin de identificar los patrones de los agresores y elaborar mapas de riesgo, así como evaluar la eficacia de las medidas preventivas y medidas de protección urgentes.
Encontró también que la Guía de Utilización de Formatos para Entrevistas de Análisis de Riesgo presenta deficiencias porque la información que recopila no incluye, por ejemplo, “la periodicidad o temporalidad de cada proceso ni indica los casos en que se deban implementar las medidas de protección de manera individual o colectiva, la utilización de un refugio, escolta, la instalación de cerraduras y botón de asistencia”, enlistó.
Además, resaltó que el reglamento para la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no se ha reformado en apego a lo que presentó el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre 2020.
Encontró también que los estados financieros del Fondo no han sido dictaminados como lo establece la ley y cita “el seguimiento de las medidas de protección otorgadas a beneficiarios no se refleja en una base de datos que cumpla con lo señalado por el Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
“No se acreditó que se dio puntual supervisión a la prestación de servicios a los beneficiarios del mecanismo, ni que se contaba con la evidencia que acreditó la prestación del servicio y su supervisión".
"No se acreditó que la Junta de Gobierno, que ejerce los recursos del Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante 2020, aprobó el Plan Anual de Trabajo elaborado por la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal de dicha coordinación, y tampoco de la aprobación de los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y medidas Urgentes de Protección elaborados por la CEN, así como los perfiles para la designación de los integrantes de la Unidad de Evaluación de Riesgo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Evaluación”.
FALTA DE PERSONAL CALIFICADO
La ASF encontró también irregularidades en el personal que integra esta Unidad. Por ejemplo, los 34 integrantes que integran las 3 unidades en este tema no proporcionaron la documentación que acredite que son los perfiles adecuados para sus puestos.
También documentó irregularidades en la contratación de escoltas pues en lugar de tener un contrato para estos, la Segob realizó una subcontratación. Y la empresa subcontratada, subcontrató a su vez a una tercera para realizar tal labor; se trata de RCU, Servicios, S.A. de C.V.
“Como resultado de la vista domiciliaria practicada a la empresa subcontratada, se comprobó que el personal que otorgó los servicios de escoltas se subcontrató con otra empresa, la cual no se señaló en el contrato formalizado con la SEGOB”.
La ASF también detalló que no opera adecuadamente la Central de Atención de Emergencias para el monitoreo de alertas de las personas bajo vigilancia, es decir, que reporteros y defensores de derechos humanos protegidos dependen de una central que opera de manera ineficiente por diversas razones. Una de ellas es que no se presentó evidencia del uso adecuado de alarmas ni bitácoras de llamadas telefónicas.
Por ejemplo, enlistó, “no se acreditó que se elaboró el cuestionario formalizado por cada beneficiario al recibir el manual de uso de conformidad con las medidas implementadas".
"Tampoco se sustentó que se elaboró el protocolo para la operación de la central y atención de emergencias de la central de monitoreo para la atención de alertas; en 136 casos, el reporte de activación de alarmas de los meses de enero a diciembre de 2020 no presentó evidencia del funcionamiento de dichas alarmas ni de su uso por parte de los usuarios".
"No se acreditó que se elaboraron las bitácoras de las llamadas telefónicas realizadas a los beneficiarios por el personal encargado de realizar el seguimiento, y no se acreditó que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos contara con los reportes de servicios quincenales emitidos por el prestador de servicios ni con la memoria fotográfica de los botones de asistencia, así como con las órdenes y reportes de servicio emitidas”.
IRREGULARIDADES FINANCIERAS
El Servicio de Protección Federal desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no acreditó el pago de escoltas, aunque se pagó por el mismo 403 mil pesos mismos que se encuentran en proceso de revisión.
La ASF encontró en los reportes de pagos a estos que “no contaron con la firma autógrafa de validez del servicio ni con los nombres de los escoltas y no se proporcionó la memoria fotográfica y el perfil de los que prestaron el servicio”.
En cuanto a pagos de gasolina, localizados en la partida 36 “la bitácora de consumo de combustible de 2 vehículos no es coincidente contra el reporte de instalación”. También documentó irregularidades en el pago de alimentos a éstos.
Y agrega “de 9 facturas no se acreditó la prestación de los servicios de los que se pagaron 55.7 miles de pesos por concepto de arrendamiento de sensores, de servicios de suministro de gasolina, de un arrendamiento de inmueble amueblado (refugio de seguridad) y de un arrendamiento de equipo de telefonía satelital. Asimismo, del pago de la partida núm. 18 "Arrendamiento de vehículo ordinario …" de un beneficiario se duplicó un día de servicios por 0.9 miles de pesos, y en la partida núm. 1 “Arrendamiento de botón de asistencia …” se realizó un pago en demasía por 2.0 miles de pesos”, cita el reporte de auditoría.
Finalmente, también encontró que los beneficiarios de este programa (periodistas y defensores de derechos humanos) no son capacitados para las acciones que éste abarca; y que, aunado a ello, cuando éstos reportan fallas en cada caso particular, la atención no es oportuna.
esc