La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró fallas en el uso de recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la construcción de escuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, de acuerdo con el informe individual publicado por la propia ASF el pasado 29 de junio, que aborda el primer cuatrimestre de la cuenta pública de 2018.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no acreditó la documentación que evidenciara la validación de la información en el proceso de evaluación de los daños respecto de los 5 mil 010 planteles educativos apoyados con recursos del Fonden, y para las más de 10 mil escuelas apoyadas con el Programa de la Reforma Educativa.
Otra falla es que, en 2018, el Instituto Nacional de Infraestructura Federal Educativa (Inifed) tuvo deficiencias en la implementación del protocolo de atención a la infraestructura física educativa afectada por los sismos de aquel año. Aun cuando informó la conclusión de las obras de reparación en 12 mil 035 escuelas, el 63 por ciento de las 19 mil 194 escuelas reportadas con daños, no sustentó con evidencia documental dicho progreso.
Tampoco ejecutó adecuadamente los procesos de evaluación, cuantificación, programación de obras y seguimiento. La razón es que la ASF detectó que los registros internos de la dependencia “no fueron confiables ni de calidad, no se identificaron con claridad las afectaciones, no validó la información con que fueron integrados los diagnósticos y tuvo inconsistencias, respecto del número de obras por realizar en sus reportes físicos y financieros, así como en las visitas de verificación y el monto erogado en las actividades de rehabilitación y reconstrucción de los planteles educativos”
Ante dichas fallas, no se tuvo la certeza sobre si las acciones realizadas por la entidad fiscalizada, por medio del Fonden y del Programa de Escuelas al Cien, contribuyeron a garantizar el servicio educativo a la población afectada, “lo cual la pone en riesgo en tanto que no existió una respuesta oportuna por parte de la entidad en la atención de los desastres naturales”.
La Auditoría Superior también halló fallas en el programa Becas Manutención para la Educación Superior a estudiantes, al entregar becas por montos de 643.8 mil pesos a becarios que incumplieron requisitos para ser sujetos de apoyo, o por 84.9 mil pesos al entregárselas a jóvenes cuya Clave Única de Registro de Población (CURP) no se hallaron en el Registro Nacional de Población. Tampoco se comprobó un reintegro a la Tesofe por 1 millón 414 mil 200 pesos correspondientes a los apoyos que no fueron cobrados por los beneficiarios.
Otro aspecto que revela el Informe individualizado es que no se acreditó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), su resolutivo, la Manifestación de Construcción, para determinar la cimentación y las estructuras de acero del llamado Complejo de la raqueta, compuesto por canchas de raquetbol, squash, trinquete y frontón, por parte de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).
AUDITORÍAS
La ASF presentó sus informes individualizados donde aborda distintos rubros. La auditoría revisada por La Silla Rota es la del Sector Educación Pública, con los aspectos arriba mencionados.
En el caso de las escuelas dañadas por el sismo, el dictamen de la Auditoría encontró lo siguiente:
En el portal Fuerza México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destinado a transparentar las actividades de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública dañada, se indicó que las 19 mil 194 escuelas afectadas por los sismos de 2017 fueron atendidas con recursos de índole público, distribuidos mediante el Fonden, pero sin que se reportara información específica sobre los recursos económicos programados y ejercidos en el desarrollo de las obras destinadas a atender dicha infraestructura.
Además, la gestión gubernamental de la SEP en la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas del nivel básico afectadas por los sismos fue deficiente. La dependencia desconoció el avance de los resultados en la cobertura de atención de las afectaciones en los 19 mil 194 planteles educativos dañados por los sismos de 2017.
Tampoco se acreditó la información que evidenciara la conclusión de las obras en las 15 mil 911 escuelas que fueron apoyadas mediante el Fonden y el Programa de la Reforma Educativa, ni el número de planteles que fueron atendidos mediante la cobranza de las pólizas de seguro.
No se validó la información respecto de la evaluación de los daños en 5 mil 010 planteles apoyados mediante el Fideicomiso.
No se acreditaron los dictámenes que evidenciaran los daños en las 10 mil 901 escuelas apoyadas con el Programa de la Reforma Educativa, lo que denotó la falta de criterios para determinar los recursos económicos que serían necesarios para la atención de las escuelas afectadas.
La dependencia careció de la evidencia documental que comprobara la viabilidad de los diagnósticos para la cuantificación de los daños que se atenderían con el Fonden y con el Programa de la Reforma Educativa, “lo que no dio certeza de que las obras contaran con el sustento técnico que acreditara su inclusión”.
También se careció de información confiable y de calidad sobre la gestión de recursos para atender las afectaciones, y no se acreditó el seguimiento de las obras desarrolladas.
POBLACIÓN EN RIESGO
En el caso de los sismos de 2017, el gobierno federal definió una estrategia para garantizar la continuidad del servicio educativo que incluyó la dispersión de recursos del Fonden, de la cobranza de los seguros contratados y de los programas de la Reforma Educativa y Escuelas al CIEN en las 11 entidades federativas afectadas.
Por ello, en 2018, la SEP presentó deficiencias en la implementación del protocolo de atención a la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 2017, debido a que no reportó el avance en la atención de las 19 mil 194 escuelas identificadas con daños. La SEP registró inconsistencias en cuanto al número de escuelas apoyadas y al monto erogado para resarcir los daños, por lo que no se tuvo certeza si las actividades realizadas por la entidad fiscalizada, por medio del Fonden y del Programa de la Reforma Educativa, contribuyeron a garantizar el servicio educativo a la población afectada, “lo cual pone en riesgo a la misma”.
Para el caso de las escuelas apoyadas con el Programa de la Reforma Educativa, no se evidenció la valoración de los daños en las 10 mil 901 escuelas, debido a que remitió 10 mil 842 dictámenes del proceso de evaluación, que equivale al 99.5 por ciento de los 10 mil 901 planteles educativos afectados.
Además, los formatos que utilizó no incluyeron la matrícula de alumnos inscritos a los planteles, ni se establecieron los montos que se requirieron para atender las afectaciones en cada una de las escuelas.
Otro aspecto es que la secretaría careció de la evidencia documental para comprobar la viabilidad de la inclusión y la ejecución de las obras de reconstrucción y rehabilitación con base en 21 documentos presentados por 9 de las 11 entidades que registraron planteles dañados, y que tuvieron declaratoria de desastre. Por ello recurrieron al Fonden y se cuantificó la necesidad de requerir 9 mil 254 millones 701 mil pesos, destinados para 5 mil 010 de las 19 mil 194 escuelas identificadas con daños en 11 entidades.
Sin embargo, la auditoría informó que se desconoció si las obras propuestas contaron con el sustento técnico que acreditara su inclusión.
Además, la información no permitió realizar una clasificación del número de obras de reconstrucción o rehabilitación que se requirieron para resarcir las afectaciones ni del nivel educativo con el que se correspondieron.
SIN MIA EN CANCHAS DE LA CONADE
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) incumplió disposiciones legales y normativas al no acreditar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la Manifestación de Construcción, y los registros profesionales calificados vigentes de los Directores Responsables de Obra (DRO) e Instalaciones o sus respectivos corresponsables del llamado Complejo de Raqueta, que incluye canchas de raquetbol, squash, trinquete y frontón.
También detectó la carencia de un estudio de mecánica de suelos para determinar la cimentación y las estructuras de acero de dichas canchas.
Además, la Conade faltó a la aplicación de penalizaciones por 1 millón 909 mil 600 pesos por el incumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos del contrato.
BECAS AL LIMBO
El Programa Nacional de Becas fue auditado en la modalidad de Becas Manutención para la Educación Media Superior, operado por la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con la ASF, la dependencia federal dejó de observar los siguientes aspectos.
Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, ya que se otorgaron apoyos por 643 mil 800 pesos a becarios que, como resultado de los procesos de “verificación de requisitos y criterios” y de “confronta de padrones”, fueron registrados como rechazados por incumplimiento de alguno de los requisitos para ser sujetos de apoyo.
Otro aspecto es que se efectuaron pagos improcedentes por 84 mil 900 pesos a beneficiarios cuyas CURP no se encontraron registradas en la base de datos del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, aun cuando se trata de uno de los requisitos generales para ser sujetos de apoyo.
Tampoco se comprobó el reintegro a la Tesorería Federal de 1 millón 414 mil 200 pesos correspondientes a los apoyos que no fueron cobrados por los beneficiarios.