La comunidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cerró filas para exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) que se cancele la orden de aprehensión en contra de 31 ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y cuestionó por qué se busca ejercer la justicia en investigadores que sólo se han dedicado a trabajar en beneficio del país.
Este lunes se dio a conocer que la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, solicitó orden de aprehensión contra 31 científicos bajo los presuntos delitos de operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada, esto tras una denuncia interpuesta por la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
Al respecto, la comunidad de la UAM hizo un llamado a las autoridades a dar marcha atrás en este proceso y defendió a dos de sus científicos, de quienes resaltó su amplia y reconocida trayectoria.
“Las y los abajo firmantes, académicos de esta institución, exigimos la cancelación de orden aprehensión de los 31 acusados, y convocamos al gobierno a abrir los canales de diálogo con nuestra comunidad”, enfatizaron los académicos.
Detallaron que “entre los 31 imputados, se encuentran dos distinguidos y apreciados colegas de la UAM. Nos referimos al doctor Luis Mier y Terán, ex rector General y, la doctora Gabriela Dutrénit Bielous, profesora Distinguida de la UAM Xochimilco”.
Destacaron que ambos científicos tienen una trayectoria académica reconocida y han contribuido como investigadores con importantes hallazgos. Asimismo, indicaron que su participación académica se ha extendido a asumir responsabilidades en la gestión y promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación; el primero en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la segunda en el Foro Consultivo de la Ciencia y la Tecnología. Durante sus respectivas gestiones dieron cuenta de su compromiso institucional, con las respectivas auditorías.
Ante la persecución que han hecho las autoridades contra los 31 investigadores, la UAM cuestionó: “¿Por qué se quiere aplicar la “justicia” en contra de investigadores académicos preocupados en que la ciencia y la tecnología se extienda en un país donde la llamarada de violencia va ganando terreno y las desapariciones y muertes de mexicanos crecen vertiginosamente en los últimos años? La educación, la cultura, la salud deben ser los puntales para transformar la sociedad”.
Por esta razón, la comunidad académica de la UAM hizo también un llamado al gremio científico y educativo, tanto nacional como internacional “a rechazar el uso de las datos falsos, del miedo y la distorsión de la justicia para incidir en la vida de un país y coaccionar a sus científicos y científicas, tal como está ocurriendo”.
FGR Y CONACYT VAN CONTRA 31 INVESTIGADORES
La FGR va en contra de los 31 investigadores por los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada,basados en el hecho de que el Foro Consultivo recibió dinero del Conacyt, lo cual estaba reglamentado en la ley.
El periodista Raymundo Riva Palacio dio a conocer este proceso penal en su columna titulada La Venganza de Gertz Manero, publicada en El Financiero.
La Silla Rota dio a conocer este lunes otros detalles del proceso en el que se investiga a 25 ex funcionarios del Conacyt, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director general en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que estuvieron presentes en las sesiones del Consejo Técnico de Administración donde se aprobaron recursos para el Foro. Asimismo, hay seis miembros del Foro imputados, como la ex coordinadora general, Julia Tagüeña Parga, otros dos excoordinadores, dos secretarias técnicas y el abogado.
Hasta ahora se sabe que existen dos carpetas de investigación y que el pasado 24 de agosto, la FGR solicitó a un juez de control con sede en el Centro de Justicia del Altiplano que librara orden de aprehensión contra los 31 ex funcionarios; sin embargo, el juez se negó a hacerlo por considerar que la Fiscalía no aportó la información necesaria para acreditar los hechos y le dio 15 días hábiles para ampliar los datos.
En la información a la que tuvo acceso este medio se señala que las imputaciones que plantea la fiscalía son porque el Foro Consultivo recibió recursos del Conacyt, así como los miembros de éste, hecho que considera que conforma el presunto delito de “organización criminal”.
Sin embargo, el 17 de agosto de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en a sentencia MI/SS/D/9941/2021 confirmó que fue legal que el Conacyt otorgara recursos al Foro para su operación, hasta el 17 de febrero de 2020, cuando se cambió el estatuto orgánico del Consejo.
En la Ley General de Ciencia y Tecnología, en el artículo 38 se estipulaba que “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.
El Conacyt comenzó en 2019 la persecución contra el Foro Consultivo, al cual le retiró los recursos por ser una asociación civil, a pesar de que así estaba establecido en sus estatutos y que había un amparo.