La nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong que el Gobierno de Pekín planea aprobar esta semana no sólo implicará recortes en las libertades de los hongkoneses, sino que podría provocar un terremoto político de consecuencias imprevisibles, según varios analistas.
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Su probable tramitación ha aparecido contra todo pronóstico y es el tema que más polvareda está levantando en la Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo) de este año, centrada "a priori" en la gestión del coronavirus por parte de las autoridades.
La legislación sobre Hong Kong que, según la prensa estatal, todavía se está deliberando, pretende "salvaguardar la seguridad nacional" a raíz de las protestas que estallaron el año pasado, aunque queda por ver cómo se implementa y si su objetivo final es atar en corto a la ciudad semiautónoma.
Así, prohibirá "cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión" contra el Gobierno central, además del "robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras", términos que el Ejecutivo chino ha utilizado anteriormente para frenar a la disidencia.
No obstante, el Artículo 23 de la Ley Básica (la carta magna hongkonesa) estipula que la ciudad ha de dotarse de legislación en este ámbito, algo que siempre ha resultado extremadamente polémico entre la población por miedo a que se tradujera en un recorte de libertades.
"El Gobierno chino quiere que su palabra valga más y que el Gobierno local y la sociedad hongkonesa acaben con mucha menos autonomía y libertades. El impacto será negativo", opina a Efe el académico Jean-Pierre Cabestan, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Baptista de Hong Kong.
UNA LEY CONTRA LA "INJERENCIA EXTRANJERA"
El experto cree que la "reinterpretación" de la Ley Básica sólo conseguirá "reavivar el movimiento de protesta", y que chocará con la previamente adoptada en EE. UU. en apoyo de la oposición hongkonesa.
Pekín quiere impedir a toda costa que Washington influya en lo que considera sus "asuntos internos", con lo que el conflicto está servido: oenegés como la estadounidense Human Rights Watch ya ha pedido a la comunidad internacional que "tome medidas" al respecto y otra del mismo país, Human Rights in China, ha advertido de la "amenaza" que supone "un régimen irresponsable que ignora sus compromisos internacionales".
Según el experto español Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política de China, la ley "tendrá un efecto inmediato sobre la red de onegés y fundaciones, muchas de ellas apadrinadas por instituciones conservadoras de EE. UU. y Reino Unido, que han apoyado activamente los movimientos de protesta".
El profesor y coordinador de los grupos prodemocráticos Joseph Cheng pronostica a Efe que la ley estará lista en seis meses.
"Los líderes chinos actúan desafiando al entorno internacional y la coyuntura doméstica. Quieren decirle al mundo que están dispuestos a pagar el precio (de blindar Hong Kong). La ley estará lista en seis meses", asegura Cheng.
Añade que los hongkoneses están "decepcionados y enfadados", pero que a partir de ahora deberán calcular el coste que tendrá manifestarse contra el Gobierno: "La pugna continuará. Por eso es importante el apoyo de la opinión pública internacional", incide.
LA PRENSA OFICIAL TOMA LA PALABRA
Aunque la ANP no ha ofrecido más detalles sobre la legislación, la prensa oficialista ya hace campaña para defenderla: "La ausencia de una ley de seguridad nacional es una de las razones por las cuales Hong Kong se convirtió en un lugar caótico", estima un reciente editorial del periódico Global Times.
"Su sistema de valores se ha desviado de la senda normal, y esto debe parar. Si el Gobierno hongkonés está en una posición difícil para completar esta tarea, la ANP debe tomar la responsabilidad que le otorga la Constitución y la Ley Básica", agrega.
Pekín asegura que las libertades no se verán afectadas por la ley y cuenta con el apoyo de la controvertida jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, y de todo su Gobierno, que ve en el texto una oportunidad para hacer de Hong Kong "una ciudad más segura".
"China aspira a apagar el fuego pero esta medida podría reavivarlo (...) Las primeras reacciones abundan en salir de nuevo a las calles masivamente, circunstancia que rebrotaría la tesitura de una represión a gran escala, hasta ahora, por fortuna, evitada", opina Ríos.
De hecho, miles de hongkoneses salieron a las calles este domingo para protestar contra la legislación y 180 de ellos fueron detenidos, según la Policía local.
No obstante, el experto indica que la ley podría desembocar en un "reseteo" de la agenda política, "retomando el compromiso de la elección por sufragio universal del Jefe Ejecutivo, inicialmente previsto para 2017, cuyos requisitos limitantes se obviarían con esta ley".
HONG KONG COMO CENTRO FINANCIERO, ¿EN PELIGRO?
China ha reiterado que la nueva ley no afectaría a la condición de Hong Kong como gran centro financiero internacional, que Ríos interpreta como "un guiño para evitar una masiva fuga de capitales".
Por su parte, Cabestan afirma que la legislación en sí no debería perjudicar a los intereses de los empresarios, pero advierte de que "si a raíz de ella vuelven las protestas y la polarización aumenta aún más entre la sociedad hongkonesa, es inevitable que acabe afectando a la confianza que la comunidad empresarial internacional tiene depositada en Hong Kong".
Según Cheng, los líderes chinos buscan crear un "efecto disuasorio" en la sociedad para evitar nuevas protestas, pero "intentarán evitar enemistarse con la comunidad empresarial".
Las protestas en Hong Kong se suceden desde hace varios años pero se tornaron masivas en junio de 2019 a raíz de un polémico proyecto de ley de extradición -ya retirado-, y con el paso del tiempo comenzaron a dejar graves enfrentamientos con la Policía local.
Las marchas quedaron interrumpidas por la pandemia del coronavirus, y el Gobierno local aprovechó para arrestar en abril a decenas de activistas del movimiento prodemocrático por presuntamente haber organizado protestas no autorizadas.
Hong Kong regresó a manos de China en 1997 tras siglo y medio de dominación británica, después de que Londres y Pekín firmaran en 1984 una declaración conjunta por la que el Reino Unido renunció a su última colonia asiática.
El pacto estableció el mantenimiento durante 50 años de una serie de libertades en ese territorio que no están garantizadas en la China continental.
El viernes, el Gobierno del Reino Unido advirtió de que China debe respetar los "derechos y libertades" de Hong Kong, mientras que Chris Patten, el último gobernador británico de la ciudad (1992-1997), urgió al ministro de Exteriores de su país, Dominic Raab, a trasladar a Pekín que su propuesta es "indignante".
(Karla Alva)