Desde 2003, seis indígenas y defensores del agua de San Pedro Tlanixco, Estado de México, fueron encarcelados por presuntamente asesinar a un líder de los floricultores del municipio de Villa de Guerrero. Desde su detención hubo irregularidades en el debido proceso, integración de la carpeta de investigación y un sesgo de racismo, denunció Antonio Lara Duque, director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Este 27 de noviembre se cumplen 12 meses de la sentencia condenatoria de 50 años de prisión que el juez de primera instancia del distrito judicial de Toluca con residencia en Almoyola, dictó a los seis indígenas originarios del pueblo de Tlanixco. Luego del fallo, el CDHZL, la organización civil que lleva la defensa del caso, interpuso un recurso de apelación, el cual tiene que resolverse a más tardar antes del 14 de diciembre de 2018, que es cuando los tribunales se van de vacaciones.
El contexto del cambio de gobierno (federal) abre la expectativa de empujar iniciativas desde la federación para que, en atención al posicionamiento que ha tenido la ONU, la administración que ahora encabezará Andrés Manuel López Obrador, en apego a su política que planteó de puertas abiertas al escrutinio internacional, así como la necesidad de liberar a los presos políticos, el caso Tlanixco se vuelva un tema paradigmático”.
Para Lara Duque, “Tlanixco” es la punta de lanza para poner en la mesa de discusión nacional la necesidad de la liberación de los presos políticos.
“López Obrador se ha referido en lo general a los presos políticos. Sin embargo es de conocimiento público que hoy se discute este tema en buena medida por el debate que se ha abierto sobre los presos de Tlanixco y sobretodo por el posicionamiento de la ONU”.
En octubre pasado, la oficina del alto comisionado de la ONU en México se pronunció por una revisión minuciosa del caso, debido a que detectó inconsistencias, así como que la sentencia condenatoria no estuvo apegada a una correcta investigación.
De manera inédita la @ONUMX emite diez procedimientos especiales al Estado mexicano; expresa su preocupación por el caso Tlanixco #Tlanixco @ONUDHmexico @EPN @lopezobrador_ --> https://t.co/bs45Y176oh @revistaproceso @lajornadaonline @AristeguiOnline @CNNEE @julioastillero
— CDHZL (@CDHZL) 27 de noviembre de 2018
Además, de manera histórica y a un año de la sentencia condenatoria, la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, emitió este martes un posicionamiento dirigido a los titulares de los tres poderes de la unión: ejecutivo, legislativo y judicial, donde realizó seis solicitudes de información y cuatro recomendaciones.
“Es un hecho histórico y sin antecedentes. Nunca antes, la ONU ( la sede general), se ha posicionado con respecto a un tema en particular. Ese nivel de posicionamiento se ha dado en conflictos armados, internacionales o de crisis humanitaria”, indicó Lara Duque.
La historia del caso Tlanixco
A finales de la década de 1980, los habitantes de San Pedro Tlanixco, un pueblo de origen náhuatl ubicado en Tenango del Valle, Estado de México, inició un conflicto social para defender su agua de las empresas floricultoras que se habían instalado en Villa Guerrero, el municipio vecino.
En esos años, los floricultores, quienes necesitaban el agua para la producción de flor, trataron de ganar la concesión, o mejor dicho, el uso y administración del río conocido como Tezcaltengo en la parte baja y como río Grande en la zona alta.
Este cuerpo de agua nace en manantiales que están en las inmediaciones del Nevado de Toluca, donde está asentado el pueblo de Tlanixco”.
En el 2003, después de una disputa legal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la concesión de este río a las empresas floricultoras, así como a los habitantes de Tlanixco.
Lara Duque explicó que esta doble concesión reactivó el conflicto entre los pobladores de Tlanixco y las empresas floricultoras. “Esto derivó en manifestaciones, protestas del pueblo, y mesas de diálogo con el gobierno del Estado de México”.
El 1 de abril de 2003, los empresarios floricultores realizaron una incursión a pie al pueblo de Tlanixco, cuya intención era entubar el agua, dijo Lara Duque.
Su argumento fue que el agua que llegaba a Villa Guerrero era de menor calidad. Aquí hay un primer sesgo de racismo y que vamos a encontrar como eje transversal en el caso, porque la razón para entubar el agua era que se contaminaba porque la usaban los indígenas y eso demeritaba la calidad para la producción de su flor, que era para exportación”.
Este hecho, los habitantes de Tlanixco lo consideraron como una incursión indebida a su territorio y mas si había litigios en curso.
En respuesta, los habitantes de Tlanixco, de acuerdo a sus usos y costumbres, “escoltaron” a los floricultores a la delegación del pueblo para que en asamblea se determinaran las acciones a seguir.
El problema es que el trayecto de donde estaban los empresarios hacia el centro de Tlanixco está lleno de curvas y barrancas. En el camino, el empresario Alejandro Isaak Basso “de manera accidental” resbaló y cayó desde una altura de 160 metros. En consecuencia, perdió la vida.
“El tema fue que el accidente fue ocupado como el pretexto perfecto para legitimar las agresiones policiacas y las detenciones arbitrarias para poder nulificar la resistencia de la lucha de Tlanixco. Se fueron contra los liderazgos del pueblo”.
Las irregularidades
Tanto el Centro de Derechos Humanos Zerefino Ladrillero como la oficina del alto comisionado de la ONU en México, detectaron en este caso violaciones al debido proceso, las cuales provocaron que la sentencia condenatoria de hace un año se basara en la “animadversión” que existía contra los indígenas representantes del pueblo y no en apego a una debida investigación.
Lara Duque indicó que hay tres grandes inconsistencias. La primera fue que la única mujer encarcelada: Dominga González Martínez fue detenida cuatro años después de los hechos y las razones de su captura fue debido a que uno de los denunciantes declaró “ya me acordé que había una señora en el lugar de los hechos que era morena y chaparrita”. El juez giró la orden de aprensión contra ella por tener esos rasgos.
El segundo elemento se da cuando los denunciantes presentaron sus declaraciones. “El 1 y 9 de abril de 2003 ellos dijeron no haber visto nada, que no les constaba que se trataba de un homicidio o un accidente, ya que por las cuestiones geográficas era imposible ver. Sin embargo, el 15 de abril rectificaron y dijeron, que por sus propias investigaciones, sí fue un homicidio y dieron una lista de nombres”.
De esa lista, había tres personas que no estuvieron en el lugar de los hechos y que lo pudieron comprobar. Uno era un profesor que en ese momento daba clases en una escuela del pueblo. El segundo caso es un señor que un año antes tuvo un accidente y quedó inválido. “A él lo acusaron de patear y aventar al occiso al barranco”.
El tercer caso es un hombre que falleció en 2002. Los denunciantes afirmaron en su declaración ministerial que lo habían visto participar en los hechos. Sin embargo, había muerto un año antes.
Esos tres casos se pudo acreditar que no estuvieron presentes ese día. No obstante, las personas restantes de la lista fueron detenidas. Son las seis que permanecen encarceladas y que hace un año fueron sentenciadas a permanecer cinco décadas en prisión.
“Ahora sabemos que esa lista fue inventada, porque los nombres y los rostros los obtuvieron de videos y fotografías que fueron proporcionadas por el gobierno del Edomex. Así fue como los reconocieron. No se trababa de personas que hubieran cometido un hecho ilícito, sino que eran los liderazgos del movimiento social”.
Los seis detenidos fueron: Pedro Sánchez Berriozábal y Teófilo Pérez González. Ellos fueron capturados el mismo día que falleció el empresario. Un año después, Rómulo Arias Mireles; a los tres años, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal. Por último, doña Dominga González Martínez.
Hay dos personas que al ver las injusticias que se estaban cometiendo y que no tenían forma de una defensa adecuada se fueron del lugar. Ellas tienen orden de aprehensión desde hace 15 años”.
La tercera gran irregularidad, según Lara Duque, fue que por su nivel de estudios (secundaria), el juez, quien dictó la sentencia condenatoria, no los consideró indígenas y les dio la pena máxima: 50 años de cárcel.
“Nosotros como Centro de Derechos Humanos tomamos el caso hace tres años, porque nos dimos cuenta que había una fabricación del delito y como fondo del asunto era la disputa por el agua”.
La campaña para su liberación
En abril de este año, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero comenzó una campaña, tanto en redes sociales como fuera de internet, para liberación de los seis presos de Tlanixco.
“El ámbito profundo de esta campaña se trata de defender a los defensores de derechos humanos y personas indígenas que se encuentran presas por su labor. Ese es el fondo. De tener éxito y lograr la liberación de los presos se estaría sentando un precedente fundamental, porque ellos nunca fueron considerados en su calidad de indígenas durante el procedimiento, a pesar de que así lo mandata la Constitución federal y convenios internacionales”.
Debido a que este caso no es del fueron común, sino del Estado de México, aún no entra en la política de amnistía de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el CDHZL ha tenido pláticas con el equipo de Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Si el gobierno del Estado de México, a través de su tribunal superior de justicia, cometiera el desatino de confirmar la sentencia, nosotros tenemos la instancia de juicio de amparo directo y eso manda el tema al ámbito federal y es ahí donde estaríamos en discusión con las instancias que ahora encabezará Andrés Manuel López Obrador”.
Las recomendaciones de la ONU
Este 27 de noviembre, la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Ginebra, Elina Steinerte y nueve relatores especiales, enviaron al gobierno mexicano una carta con sus conclusiones y recomendaciones, luego de revisar el caso de los seis defensores indígenas.
Pidieron al gobierno mexicano proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones; sobre la evidencia y la base jurídica para los arrestos, las detenciones, incluyendo las detenciones preventivas, y las condenas; sobre las garantías del debido proceso, en conformidad con las normas y estándares internacionales.
Además, sobre los pasos que ha dado o dará el gobierno para cumplir con su deber de consultar a los pueblos indígenas afectados para acatar el principio del consentimiento libre, previo e informado; si el gobierno ha desarrollado estudios de impacto social y ambiental relacionados con las concesiones del agua en la comunidad de San Pedro Tlanixco, así como sus resultados e informar sobre las medidas de protección adoptadas para asegurar que los defensores de los derechos del pueblo indígena de San Pedro Tlanixco, puedan ejercer libremente su labor.
También la ONU instó al gobierno federal a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas.
Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan así como para proporcionar garantías de reparación a las víctimas (…) Agradeceríamos recibir una respuesta del Gobierno a estas preguntas en un plazo máximo de 60 días. Garantizamos que la respuesta del Gobierno será incluida en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos”, señaló el documento.
fmma