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Nueva Ley de Aguas en la CDMX violará DH: expertas

Señalan que se busca convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en paraestatal

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Escrito en METRÓPOLI el

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Especialistas advierten que la propuesta de la ‘Ley de Sustentabilidad Hídrica’, la cual está en la Asamblea Legislativa para su discusión y posible aprobación, profundizaría una privatización del agua en la Ciudad de México, por lo que se elevarían los costos tarifarios.

Elena Burns, investigadora de la UAM e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, explicó que parte de la iniciativa, que promueve la diputada local del PAN, Wendy González Urrutia, busca convertir al Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex) en paraestatal. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.

“Esto daría muchas facultades al director del Sacmex y pasaría lo mismo que le ocurrió a Pemex y CFE. Estamos viendo exactamente el mismo fenómeno que vimos con estas otras entidades que dependían de la nación y ahora están cada vez más compenetrados por interés de grandes trasnacionales en busca del lucro”.

Con esta ley, Sacmex podría determinar las tarifas del agua y “eso es muy peligroso”. El Programa de Sustentabilidad determinará las condiciones que permitirán al Sistema de Aguas hacer “actualizaciones extraordinarias” al cobro.

“Estamos muy preocupados por esta ley que están intentando aprobar de una manera apresurada. De repente les urge una nueva ley que incumple aún más con el derecho humano al agua que la actual, la cual data de 1993”.

También se propone facultar al Sacmex para realizar cortes, y castigar severamente a los que no logren pagar, es decir cortará el agua a usuarios domésticos al adeudar dos periodos, ya sea consecutivos o no. En caso de que se le suspenda el servicio la gente podrá obtener vales para 50 litros por día. Solo podría reconectarse al pagar el adeudo más cuota de reconexión, accesorios y costo de vales.

Después del pago completo, Sacmex tendrá 8 días para reconectar. En caso de que no se haga el pago se cortará la descarga y acceso al drenaje.

“Eso es un castigo terrible a una población que de por si casi no tiene agua, carece de trabajo y dinero. Es una ley violenta y sumamente violatoria a los derechos humanos”.

Además, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) tendrá la facultad de otorgar concesiones para la prestación de los servicios hidráulicos. “Con esto se garantizará la legalidad de arreglos privatizantes en la ciudad”, indicó Burns.

Indicó que es una propuesta que no tiene el sustento al derecho humano al agua, que es lo que tiene que estar en el centro para todo proceso legislativo. “Que queda claramente las intenciones de hacer negocios por parte de diferentes actores del gobierno de la ciudad”.

La ley mandatará, en caso de aprobarse, al gobierno capitalino para que durante 10 meses planifique las obras hidráulicas que se efectuarán en la ciudad en los próximos 25 años. Esto será un plan de ejecución obligatorio, es decir que las administraciones siguientes, sin importar partido, tendrán que llevarlo a cabo. 

“Por eso la rapidez para quererla avalar. Los intereses que estén en el gobierno en este momento quieren asegurar que sus negocios estén garantizados a 25 años pase lo que pase con las elecciones y con la Constitución de la CDMX”.

No hay ningún espacio de participación ciudadana en esta propuesta. Solo plantea la creación de una Contraloría, sin embargo este aspecto está descrito de una manera muy ambigua. “En eso también vamos a estar luchando para construir y garantizar que tenga facultades”.

Como parte de las acciones en contra de esta iniciativa, la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos pide a los legisladores firmar una carta compromiso con una ley que cumpliría con estos derechos.

Uno de los compromisos es crear mecanismos para poner fin, desde ahora, la injerencia de corporaciones privadas con fines de lucro en la gestión del agua. Así como exigen la participación ciudadana, junto con la gubernamental, en la consecución del acceso equitativo y sustentable del agua, al garantizar la autonomía y facultades vinculantes para la Contraloría Ciudadana del Agua.

Helena Caeri Baca León, socióloga de la UAM- Iztapalapa e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, destacó que si con la actual ley hay iniquidad en el acceso del agua, con la nueva normatividad se agudizaría la mala distribución y priorizaría a los sectores con mayor influencia económica, así como industrias.

“Con esta propuesta que se está promoviendo viene el mismo esquema con algunas modificaciones que aparentan tener la cobertura al derecho humano al agua, pero seguimos viendo que hay una autoridad que va a tomar las decisiones principalmente sin tomar en cuenta a la ciudadanía. Los capitalinos se quedarían sin voz”.

Señaló que ya han observado en varias ciudades del mundo que la privatización del agua no es la solución, incluso a veces empeora la problemática.

“Tenemos casos en Francia y Alemania en que aumentaron los costos, bajó la calidad del agua y la gente ha decidido echar para atrás la privatización y regresar el agua a manos públicas. Eso es lo que hay que estar destacando en la CDMX, porque las decisiones que se han tomado en nuestra cuenca hasta ahora en esa línea de gestión hídrica nos tienen actualmente en estrés hídrico”, puntualizó Baca León.