Dos años después de una transformación anunciada, la cuarta transformación, siguen creciendo los crímenes, hay una danza de cifras, se multiplican los discursos, las promesas de “acciones emergentes” con una narrativa de doble discurso que mantiene y extrapola el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno se califica como omiso, opaco, incongruente, negligente, como lo dijo hace tres días la Red Nacional de Refugios (RNR).
Frente a la crisis de la violencia contra las mujeres, López Obrador trata de cambiar la conversación. En 394 conferencias mañaneras, nunca nombró a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ni ha dicho jamás: “mujeres víctimas de violencia”, sólo ha podido decir en cuatro ocasiones, 0.1 por ciento, el nombre completo del Instituto Nacional de las Mujeres o Inmujeres; jamás ha dicho “discriminación femenina”, “la violencia de género o mujeres violentadas”, esto de acuerdo con un análisis realizado por SPIN, Taller de Comunicación Política, que dirige Luis Estrada, realizado a petición de SemMéxico.
Ante la invisibilidad que el presidente hace de las mujeres y de la violencia machista, las mexicanas han contestado con movilizaciones, foros –ahora virtuales-, declaraciones y documentación, mapas y toda clase de reclamos. Como nunca, entre noviembre y mayo de 2020, la información de la violencia feminicida ha ocupado titulares y análisis en los medios de comunicación. Tanto como informes paralelos que serán llevados a instancias internacionales preocupadas por el creciente número de víctimas de violación, hostigamiento, discriminación, violencia política de género, discriminación laboral, comunitaria, escolar y la que se ejerce en medios de comunicación y la familia, que la 4T no ha podido disminuir.
Actualmente, hay 19 alertas de violencia de género contra las mujeres (AVGM) declaradas y 12 solicitudes más, prácticamente todo el país está Alerta, nada más falta un estado, se trata de Baja California Sur. Y las AVGM perdieron presupuesto.
Lee: Despenalizar el aborto: promesa incumplida de la 4T
Cifras van y vienen
A las cifras inaceptables de la violencia, de la simbólica al asesinato homicidio de mujeres en todo el país, se sumó en los últimos 21 meses del gobierno lópez-obradorista la confusión, los programas descoordinados, la inoperancia de la Alerta de Violencia de Género y muchas acciones erráticas, como reconoció la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Además, la disminución de recursos: 11 programas de violencia desaparecieron del Presupuesto Federal.
López Obrador llama a las denunciantes, académicas, investigadoras y observadoras del fenómeno “mis enemigas” y frente a cifras incontrovertibles de las instituciones oficiales, él dice “no es cierto, yo tengo otras cifras”.
De acuerdo con la organización México Evalúa –datos de enero pasado – en el país sumaban seis millones de víctimas de delitos sexuales, lo que habría ocurrido en el segundo semestre de 2019.
Lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es apenas una proporción minúscula de la incidencia delictiva real, que comparada con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), dejó en claro la gravedad del problema.
Lee: Las mujeres, la más afectadas por la crisis económica y la 4T no lo ve
Por lo que los discursos y las promesas de campaña son insuficientes para atender el problema.
Los delitos sexuales: cuatro de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual. La violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual intento de violación y violación; y el extremo es el asesinato.
Además, en una línea peligrosa, donde colaboran las funcionarias de su gobierno, se propicia la deslegitimación del problema de fondo y los diagnósticos de los grupos alternativos.
Se minimizan y desprecian, como bien dice la académica feminista Marcela Lagarde, los efectos contra la democracia al no encarar al problema, y se desprecian las consecuencias individuales y colectivas del ominoso fenómeno cuyo fondo es la desigualdad entre mujeres y hombres y la concepción de las conductas de unas y otras, donde perdemos las mujeres. De ello no se responsabiliza el gobierno.
A pesar de que la denuncia del fenómeno ha sido la más larga en el tiempo por parte de las feministas, no obstante, las reformas legales y los compromisos de gobierno, así como la revuelta nacional para parar y erradicar la violencia en los últimos dos años, se disminuyó el presupuesto y se banalizó a las instituciones creadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Encima se descalificó a los grupos de mujeres que dan apoyo legal, psicológico y social a las víctimas.
Este domingo circuló una protesta por los dichos del Presidente López Obrador, quien el pasado viernes 28, afirmó que las organizaciones no gubernamentales “reciben dinero del extranjero” para oponérsele.
Nosotras tenemos otros Datos –una red feminista creada a propósito de la minimización de la violencia por parte del Presidente- documentó cómo en al menos 22 entidades del país, las acciones gubernamentales son simuladas y han difundido la inoperancia de las alertas de violencia de género contra las mujeres, o por falta de recursos o por falta de orientación.
Solamente, entre enero y julio de 2020, fueron asesinadas dos mil 240 mujeres en el país, cifra que representa un aumento de 7.7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el documento Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, se detalla que en mil 674 casos se trató de homicidios dolosos y 566 fueron feminicidios.
En paralelo hubo reducción presupuestal: a Conavim le restaron 37 millones de pesos y se abandonó la política federal para dejar la responsabilidad a los estados y municipios. Todos los engranes de una política pública expresada hasta 2018 por ley, en un Sistema Nacional para Prevenir, Entender, Sancionar y Erradicar la violencia, fue ignorado. Sistema que en 21 meses se ha reunido dos veces y en tres ocasiones ha anunciado tres programas emergentes, “sin congruencia” y han sido omisos, asegura la Red Nacional de Refugios.
Lee: ¿Y las mujeres dónde estarán en el II Informe de AMLO?
El confinamiento y la violencia en casa
De cara al aumento de la violencia en casa por las medidas de confinamiento a que obligó la covid-19, el 15 de mayo, el presidente de la República llamó a las mujeres mentirosas y sus colaboradoras callaron. El gobierno hizo caso omiso de las llamadas de atención internacionales para actuar.
Por ejemplo, apenas el 8 de julio Amnistía Internacional denunció que los recortes presupuestales serán decisivos para que el problema siga creciendo y cegar el trabajo de los programas destinados a brindar servicios de atención a las mujeres que viven violencia, como las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs).
Amnistía Internacional impulsó una Acción Urgente a nivel mundial, en la que activistas pedirán al gobierno mexicano garantizar que todos los programas que atienden a las mujeres violentadas sigan teniendo los recursos que les permitan continuar con su labor fundamental.
La Acción Urgente cuenta con el apoyo de Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS), la Red Nacional de Refugios (RNR) y la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs). El llamado será impulsado en todo el mundo gracias a la red de activistas de Amnistía Internacional.
No obstante, el Congreso en estos dos años de gobierno hizo más de 10 modificaciones legales, creó las leyes Olimpia sobre violencia cibernética y configuró los elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Los cierto es que nada ha sucedido y se han desmantelado, por los recortes presupuestales, los Centros de Justicia para las Mujeres; se quitó recursos a los Refugios para mujeres en situación de violencia y cerró programas específicos en los municipios más vulnerados.
Lee. La salud de las mujeres se quedó en el olvido para la 4T
El incremento de la violencia
En julio pasado, el feminicidio se incrementó en 17 entidades del país, es decir, en más de la mitad de los estados que conforman la República Mexicana y registró un aumento de 7.7 por ciento en el ámbito nacional, sólo en lo que va del año.
Datos desglosados por mes, de enero a julio 2020, 566 reconocidos como feminicidios y más de mil 750 como homicidios dolosos. Estado de México: 80; Veracruz: 52; Ciudad de México: 41; Nuevo León: 39; Puebla: 38; Jalisco: 33; Morelos: 25; Baja California: 21; Oaxaca: 21; Chihuahua: 20; San Luis Potosí: 20; Guanajuato: 276; Estado de México: 153; Chihuahua: 152; Baja California: 142; Michoacán: 137; Jalisco: 116; Guerrero: 82; Ciudad de México: 59; Veracruz: 59 y Zacatecas: 59.
En relación con los feminicidios registrados en este 2020, el Estado de México se ubicó en el primer lugar, seguido de Veracruz, la Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Jalisco, en los primeros lugares. Entre enero y julio del presente año, Guanajuato es la entidad con la mayor cantidad de homicidios dolosos en contra de mujeres, con 276 casos, seguido del Estado de México, Chihuahua, Baja California y Michoacán.
La contradicción
Las organizaciones civiles también se sienten sorprendidas porque el decreto presidencial publicado el 23 de abril contradice al publicado un mes antes, el 30 de marzo. En el primero se establece que los servicios para atender los casos de violencia contra las mujeres son esenciales, esto a propósito de la pandemia por covid-19. Y el segundo decretó un recorte de 75 por ciento a los presupuestos de secretarías e instituciones del gobierno, con un impacto directo al “servicio esencial” de atención a las víctimas de la violencia machista.
De manera recurrente, se dice una cosa y se hace otra: el 20 de mayo, el presidente López Obrador desautorizó las cifras del Secretariado: “con ¡No! ¡No!”, enfático. Además, de no aceptar los datos, aseguró que una encuesta, que no entregó, señalaba que de acuerdo con la gente el aislamiento sanitario era la celebración de un reencuentro familiar y calificó el dato como “una de las cosas buenas que nos deja esta pandemia”.
Lo atribuyó al buen comportamiento de los ciudadanos, a que “el pueblo de México es mucha pieza, y se le ignoraba, no contaba”. Es el motor del cambio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y entonces repitió lo que había dicho de las movilizaciones feministas en enero: “son los conservadores los que están buscando la confrontación en todo lo que pueda significar cuestionamiento o polémica” y “…Quiero decirles a las mujeres de México que están representadas, estamos haciendo todo para garantizar la paz y la tranquilidad”.
A partir del 26 de mayo se conocen los datos del Informe sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESSP), las que, en lugar de lo pensado por López Obrador, crecen exponencialmente en todo el país. Sólo en Michoacán se registraron más de dos mil.
Contradictoriamente, su Secretaría de Gobernación, había recomendado el 19 de mayo que reconocer las cifras de la violencia contra las mujeres y las niñas en el país es apenas el primer paso.
El 40 por ciento de los feminicida era pareja de las mujeres víctimas y perpetraron el delito en los hogares; el 60 por ciento de la víctima padecía violencia familiar. En 2019 cada dos horas con 15 minutos, en promedio, se denunció una violación de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del INEGI 2019.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) rechazó el 11 de mayo de 2020 la negación de la violencia contra las mujeres en tiempos de cuarentena y agregó que la omisión e inoperancia de instituciones federales, podría agudizar la violencia que viven mujeres y niñas mexicanas.
Caricaturizó los dichos del Presidente: asegurar que “hay mucha fraternidad familiar” significa mitificar la violencia y reproduce estereotipos de género que tienen a las mujeres en la opresión y las acciones que las autoridades implementen pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es necesario que el Gobierno Federal y las/los servidores públicos del país dimensionen que la violencia feminicida también es una situación grave y urgente.
Ni oye ni ve
La Coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres de la Cámara de Diputados, en su participación en el Foro Virtual “El Combate al Feminicidio a ocho años de su incorporación en el Sistema de Justicia: Experiencias y Desafíos” propuso avanzar en la elaboración de un Código Penal Único homologando, a partir del Artículo 325 del Código Penal Federal. Haciendo un análisis de los 32 tipos penales en el país junto con el Federal. Hoy se discutirá en la reforma del sistema de justicia.
El 22 de febrero la diputada Martha Tagle, dijo que en las fiscalías de los Estados, se encuentra la mayor falla para combatir y abatir la violencia contra las mujeres, ya que carecen de infraestructura básica, de personal capacitado y, sobre todo, de falta de voluntad de atender los casos, lo dijo durante el foro nacional “Hacia la Paridad de Género en Guerrero”.
Contundencia
Cómo indicamos antes, desde enero pasado, la organización México Evalúa planteó de qué tamaño es la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos: seis millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en seis meses –segundo semestre 2019-.
Por lo que el gobierno está obligado a diseñar acciones efectivas y de evitar la impunidad. Planteó cifras contradictorias. Lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP es apenas una proporción minúscula de la incidencia delictiva real, que comparada con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), dejó en claro la gravedad del problema.
El análisis de datos sobre los delitos sexuales reveló que cuatro de cada diez mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2019.
Sostuvo que, frente a este lacerante fenómeno, los discursos y las promesas de campaña son insuficientes para encararlo y advirtió que si los gobiernos federal y estatal no llevan a cabo acciones para derribar el muro institucional que es responsable de que las víctimas no denuncien, se alimenta la impunidad y aumenta la violencia contra las mujeres.
Frente a esa realidad el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin duda, fue el año en el que las mexicanas impulsaron un movimiento sin precedentes en el país por una vida libre de violencia.
A un año de gobierno, es responsabilidad de la actual administración ofrecer justicia en cada muerte registrada. El tiempo corre en su contra. Con 35 mil 588 víctimas de homicidio, 2019 es el año más letal del que se tiene registro.
*Esta es una colaboración hecha por La Cadera de Eva y SemMéxico