La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la gravedad de la violencia feminicida en México que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se refleja en 726 feminicidios y 2,107 homicidios dolosos de mujeres, para un total de 2,833 casos que han ocurrido en nuestro país de enero a septiembre del presente año, lo que en promedio equivale a 10.5 asesinatos de mujeres cada día.

Ante ello, este Organismo Constitucional Autónomo subraya que la gravedad de ese flagelo no se mide sólo por el número de feminicidios o asesinatos de mujeres, adolescentes y niñas, sino que se trata de una combinación de los diferentes tipos de violencia que puede concluir en homicidio por razones de género.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien reveló que, con base en datos del citado Secretariado, de enero de 2015 a septiembre de 2019 se han registrado 3,366 presuntos delitos de feminicidio frente a 11,344 homicidios dolosos de mujeres, para un total de 14,710 asesinatos de mujeres de los cuales solo el 23% se clasificó como feminicidio y 77% como homicidios dolosos.

Por lo que presentó la Recomendación General 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, donde expuso que el porcentaje tan bajo de carpetas de investigación abiertas por feminicidio podría significar una resistencia de las instancias de procuración de justicia para investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios.

Sin embargo, González Pérez refirió que actualmente existen 20 Alertas de Género declaradas en 18 entidades y 4 solicitudes de Declaratoria de Alerta de Género en proceso, para contar con 24 procedimientos activos en 21 estados y sumar en total 34 procedimientos en 28 entidades, explicó que en casos de Puebla, Sonora, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, Jalisco y Coahuila la CNDH presentó votos razonados a los Dictámenes de Evaluación en que argumentó la necesidad de dicha Declaratoria ante el contexto de violencia en esos lugares y la falta de implementación de acciones de protección y defensa.

La Recomendación General 40/2019 –presentada en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua en esta ciudad—, está dirigida a la Secretaría de Gobernación, a la Gobernadora y Gobernadores de las entidades federativas y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las y los Integrantes del Congreso de la Unión, a las y los titulares de las Secretarías de Salud federal y en las entidades federativas, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal y homólogas en las entidades federativas; las y los integrantes de los Poderes Legislativos de los estados, y a las y los Fiscales Generales de Justicia de las entidades federativas y al Fiscal General de la República, y en ella señala que, a la fecha, no existe un mecanismo que registre de manera homogénea el número de feminicidios en México.

Por todo ello, la CNDH recomienda a la Secretaría de Gobernación elaborar un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tomando en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, las recomendaciones dirigidas a México por el Comité CEDAW y el MESECVI, para establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre las dependencias de la Administración Pública Federal, los Poderes Judicial y Legislativo federales, así como con entidades federativas y los municipios; dicho Programa deberá contar con metodología de evaluación, metas a corto y largo plazos e indicadores de cumplimiento, llevar a cabo campañas constantes de difusión de la LGAMVLV.

Al Congreso de la Unión le pide reformar la LGAMVLV para incluir coordinación interinstitucional, presupuestos públicos, fortalecimiento de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), así como seguimiento y fiscalización para la efectiva implementación del presupuesto asignado a través del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); armonizar la LGAMVLV, la Ley General de Atención a Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Sistema Penal Acusatorio sobre las facultades del Ministerio Público y el Poder Judicial para el otorgamiento, duración y monitoreo de las órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia, ajustándolos a estándares internacionales.

A la y los Ejecutivos estatales y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, profesionalizar un servicio civil de carrera especializado en género y violencia de género y mejorar las condiciones laborales del personal especializado encargado en su prevención, atención e investigación; a los Poderes Legislativos de las entidades federativas, asignar recursos a las dependencias encargadas de la prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres, para no depender únicamente de recursos federales; a la Fiscalía General de la República y las Fiscalías y Procuradurías estatales, que a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia cuenten con un protocolo de investigación criminal homologado del delito de feminicidio.