Para un hombre aventurarse a escribir sobre temas de género siempre resulta emocionante. Lo decimos en el sentido más literal de la palabra. Al estar expuesta la publicación se corre el riesgo de incurrir en algo, un dicho, una frase, un análisis que vaya en contra de los cánones establecidos por la agenda feminista. No obstante, existen espacios de libertad de expresión -como La Cadera de Eva, en La Silla Rota- donde se puede reflexionar e incluso enfocar una mirada crítica hacia ciertas expresiones del feminismo radical. En diversos trabajos como en mi último libro denominado Sistema de Combate a la Violencia de Género. Una aproximación desde el Derecho administrativo y penal, hemos sido muy críticos con ciertas expresiones superficiales del feminismo contemporáneo.
Esta semana hemos sido testigos de la toma de las oficinas principales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de un reducido pero contundente grupo de feministas. Nuevamente se abre el debate, cuestión que es natural y saludable en el entorno de los fenómenos sociales, sobretodo en un país en construcción democrática como México. Algo que para muchas personas resulta inquietante es ¿por qué si los grupos feministas cometen incluso delitos, no existe sanción para las y los involucrados? Aquí debemos poner un punto sobre la mesa. El Derecho penal en su pretendida, mas raramente alcanzada, función de control social suele actuar de forma discrecional en los Estados débiles como el nuestro.
Lee: Vandalizar la indiferencia
Lee: ¿Qué está pasando en la CNDH?
En términos estrictamente legales ¿el grupo de feministas que tomó la CNDH está cometiendo un delito? La respuesta es afirmativa. Estamos en presencia de un delito federal (ya que la CNDH pertenece a dicho ámbito de competencia) llamado “sabotaje” y que se encuentra regulado en el artículo 140 del Código penal federal (en adelante CPF). Los elementos que integran la conducta son los siguientes:
“Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones…”
En el frío texto de la Ley, lo procedente sería enviar a las fuerzas del orden a detener a las mujeres. Al estar tomada permanentemente la CNDH el delito se está cometiendo en flagrancia por lo que habría que ponerlas sin dilación a disposición del agente del Ministerio Público federal correspondiente.
Como hemos dicho, ese sería el adecuado proceder según el frío texto normativo. Pero las cosas en la vida social no funcionan bajo esta mecánica rigurosa. En este caso hay un valor superior que se encuentra por encima de la mera legalidad. La toma de la CNDH tiene una importante legitimidad. Me explico: encuentra su fundamento personalísimo en la tragedia de cada una de las víctimas que representan las activistas. Con esto no buscamos caer en el discurso de lo políticamente correcto, no. Es de la máxima importancia entender el contexto paralelo a la mera legalidad que implica lo ocurrido en estos días.
Lee: “Esto ya no es la CNDH sino Okupa, refugio para mujeres"
Lee:“No voy a renunciar, yo estoy cumpliendo con mi deber”: Rosario Piedra
Actos revolucionarios frente a actitud omisa del Estado
¿Qué podemos observar? De acuerdo al trabajo de diversos medios de comunicación, las madres de las víctimas directas de violaciones a derechos humanos vienen de fuera de la Ciudad de México. Llegaron a la metrópoli al no ser escuchadas en sus estados. Es bien conocido y se ha documentado ampliamente que las instituciones que operan fuera de la capital del país suelen tener muchos problemas para dar un adecuado servicio a la ciudadanía, entonces comenzaron por “amarrarse” a las lujosas sillas de madera en una de las salas de la CNDH.
Este acto posee un simbolismo que no podemos dejar pasar. Retrata la más profunda desesperación de una madre ante la sordera e indiferencia de la autoridad. Luego llegaron los grupos de feministas y terminaron de tomar las instalaciones. Todos fuimos testigos de los lujos y la pompa que hay en las oficinas; llamó particularmente la atención los magníficos cortes de carne con los que se cuenta en la oficina que forma parte del corazón de un gobierno que se autoproclama como “austero”, nuevamente un simbolismo muy interesante.
De la titular de la CNDH hemos sabido poco; ha dado un par de entrevistas a ciertos medios de comunicación. No hemos visto a una presidenta firme, resuelta, sensible y comprometida con lo que piden las víctimas. ¿Qué piden? Lo de siempre: justicia, audiencia, avances en las investigaciones, verdad y transparencia, es decir en el fondo: cumplimiento de la Ley.
Resulta paradójico cómo los grupos feministas se ven forzados a cometer delitos, poniéndose en riesgo cada una de las chicas a ser sometidas a proceso penal. Son actos desesperados. Vivimos en una época en la que no estamos para paños tibios, y las mujeres lo saben. Cometen delitos a causa de otros delitos, lo cual les brinda legitimidad (aunque los penalistas de la vieja guardia considerarían esta afirmación como una aberración revolucionaria). Mucha gente se queja de los “modos” en cómo actúan estos grupos. La verdad, y lo digo a título personal, prefiero estos actos de protesta al archivo sistemático de expedientes que contienen la tragedia de familias enteras. Las chicas han levantado el puño y no habrá marcha atrás. Finalmente, sobre las pinturas de nuestros sacro-santos héroes de la patria que tanto adora el presidente quisiera decir lo siguiente: me gustó mucho como quedaron.
*Gilberto Santa Rita Tamés, Doctor en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla y Coordinador de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana.