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Genaro García Luna: centro de juicio contra México en Corte IDH

El gobierno mexicano estará en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos los días 26 y 27 de abril por desaparición forzada

Escrito en NACIÓN el

Los próximos días 26 y 27 de abril el gobierno mexicano ocupará el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) pues se llevará a cabo la primera audiencia por un caso relativo a la desaparición forzada de tres personas de Chihuahua en el año 2009. Será la primera vez que la Corte analice un caso de desaparición forzada no relacionado con la Guerra Sucia y en el contexto del combate al tráfico de drogas.  

Cinco casos de desaparición forzada en México

El gobierno mexicano deberá responder por los actos atribuidos a miembros del Ejército mexicano que lanzaron toda una cacería en el poblado de Buenaventura en octubre de 2009, zona en la que habían sido asesinados policías federales de alto rango que realizaban labores de inteligencia. Uno de esos agentes era muy cercano a Genaro García Luna, en ese momento secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.  El amigo del poderoso secretario era el inspector en jefe, José Alfredo Silly Peña.

El atentado contra los agentes federales generó una presión permanente contra la población y la detención de personas que nada tenían que ver con el ataque. Las violaciones a los derechos humanos de tres personas de alguna manera fueron reconocidos por la Secretaría de la Defensa Nacional pues aceptó una recomendación que le emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

La historia data del 29 de diciembre de ese año en que se realizaron diversas detenciones, entre ellas, las de José Ángel Alvarado y su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza, quienes se encontraban platicando afuera de la casa de los suegros de José Ángel. Un comando de militares se los llevó.

Por la noche, otro grupo de militares llegó a la casa de Rocío Irene Alvarado, sobrina de ambos; su mamá abrió la puerta y se introdujeron en el domicilio y se llevaron a Rocío. Lo hicieron en camionetas civiles.

Los familiares comenzaron la búsqueda y presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Hasta el momento, más de ocho años después, no se sabe nada de ellos.

Es el primer caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió medidas provisionales al Estado mexicano para que buscara a los desaparecidos y protegiera a la familia, que estaba siendo amenazada. La mayor parte de ellos tuvieron que emigrar; por ejemplo, la familia de Nitza vive ahora en Estados Unidos.

El tema ha sido motivo de siete diferentes resoluciones preliminares de la CoIDH.

Como lo señala la legislación mexicana, los familiares realizaron diversas gestiones y presentaron más de 10 denuncias en el ámbito nacional, sin que obtuvieran resultado alguno.

La CNDH emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno de Chihuahua. La primera y el último la aceptaron. La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de García Luna, la rechazó.

Una vez agotadas las instancias nacionales, el tema fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2011, la cual emitió su informe de fondo el año pasado con una serie de recomendaciones al gobierno mexicano.

Esta Comisión llegó a la conclusión de que el Estado mexicano era responsable por la desaparición forzada de esas personas  y recomendó a México investigar los hechos con la debida diligencia, buscar a las víctimas desaparecidas y sancionar a los responsables. Adicionalmente, determinó la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra y solicitó que el Estado mexicano adoptara una serie de medidas de reparación y de no repetición de los hechos.

El gobierno mexicano no cumplió las recomendaciones, por lo que la Comisión Interamericana presentó el caso  el 9 de noviembre de 2016  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Costa Rica.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que ha acompañado y llevado el caso ante las distintas instancias nacionales e internacionales, informó que en la audiencia pública de los días 26 y 27 declararán seis personas, se aportarán testimonios y argumentos para demostrar la responsabilidad del Ejército, la omisión de las autoridades en la búsqueda y en las investigaciones y la falta de protección a las y los familiares. Asimismo, se presentarán periciales por parte de las víctimas, el Estado y la CIDH.

De acuerdo con Alejandra Nuño, abogada con amplia experiencia en el litigio de casos ante la Corte Interamericana, hay testigos oculares de que la camioneta de Nitza fue vista en el 35 Batallón Militar y asegura que la PGR no ha realizado una investigación diligente.

El gobierno mexicano ha señalado que la CNDH hizo juicios apresurados, sin elementos, por lo que no se puede tomar en cuenta la Recomendación, a pesar de que la Sedena y el gobierno de Chihuahua la habían aceptado.

Nuño enfatiza que es un caso muy importante porque demuestra el problema del desplazamiento forzado que el gobierno de México no admite. Y también es relevante porque prueba las consecuencias de una mala política contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Además pone de relieve las inconveniencias de tener a los militares en labores de investigación del delito y la seguridad pública, lo cual quedó regulado en la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior, dijo.

“Es un caso que evidencia los retos que existen para la política contra las desapariciones forzadas. No basta tener una ley”, subrayó.

En su opinión, es el primer caso que demuestra los saldos negativos de la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto.

Para el  Cedehm,  la sentencia que se emita con motivo de este caso será un reconocimiento a la lucha de las familias de las víctimas que exigen medidas adecuadas y proporcionales a la problemática de la desaparición en México.

ams