León, Guanajuato.- El Club Campestre de León pagó municipio de León los 2.5 millones de pesos que recibió de la Administración Municipal por el descuento en el impuesto predial.
Luego de la polémica y críticas de la población que ocasionó el beneficio fiscal que le otorgó este año el Gobierno Municipal, encabezado por Héctor López Santillana, al Club Campestre de León al descontarle 2.5 millones de pesos del impuesto predial con el argumento de que el campo de golf era un predio con actividad agrícola y fue avalado por la Dirección de Desarrollo, la asociación regresó ayer el dinero al Municipio
Los socios del Club Campestre León tuvieron una reunión el pasado martes para determinar el proceso que seguirían ante los exhortos que la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, les había hecho desde hace varios días al indicar que:
“Un campo de golf para nada es un predio agrícola y que por lo tanto no debió recibir este descuento establecido en el artículo 46 de la Ley de Ingresos”.
El Club Campestre de León informó ayer en un comunicado a sus socios que el dinero que les había sido descontado del impuesto predial fue de 2.5 millones de pesos, esto apegado a lo que por derecho corresponde en la aplicación de dicho artículo, pero debido a tanta desinformación y aun teniendo todos los elementos que acreditan la legalidad del trámite que se realizó, no era de interés de la asociación entrar en una disputa legal que sólo polarizaría más las diversas opiniones sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de ser sensibles y empáticos ante la situación y en colaboración con el Municipio de León, el Club Campestre de León decidió renunciar al beneficio fiscal que había recibido sin que con ello se convalide el haber actuado de manera dolosa o fraudulenta y precedió a regresar los 2.5 millones de pesos al Municipio por lo que quedó su pago de contribución sin ningún descuento.
El que el Club Campestre haya determinado regresar los 2.5 millones de pesos al Municipio de León no exime a algún ex funcionario de una posible responsabilidad administrativa, pues la Contraloría sigue con la investigación para determinar si hubo o no irregularidades en la inspección y emisión del dictamen de Desarrollo Rural con el que el contribuyente sustentó su trámite ante la Tesorería en la administración de Héctor López Santillana.
CM