MÉRIDA.- “Mi tía Gloria me vendió cuando tenía 12 años”, señala Sami Guadalupe Trujillo Franco, quien fue víctima de trata de personas y prostitución, hasta que cumplió los 18 y logró escapar. Añade que siendo una menor de edad, por temporadas fue trasladada a Campeche y Tabasco por algunos clientes, para ser explotada sexualmente.
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Actualmente Sami tiene 21 años. Para difundir su caso utilizó el pseudónimo de Anahí pero, ante la negativa de las autoridades de otorgarle protección 24 horas, decidió revelar su verdadero nombre y rostro. Pues confía que la cuidarán más las personas en la calle si la reconocen, a diferencia del Estado omiso.
Casada y madre de una niña, teme por su vida y la de su familia. Señala que está enojada, por la falta de empatía de las autoridades, pues después de haber aportado fechas, nombres y lugares, no le hacen caso.
#Estados | Sami tiene 21 años, fue explotada por su tía desde que tenía 12 años, fue obligada a tener encuentros sexuales con varios amigos de la señora. *ephttps://t.co/ONeHM6u0RP pic.twitter.com/UhCLlQ4Sfo
— La Silla Rota (@lasillarota) October 24, 2020
Así, tras pedir ayuda en diversas instancias públicas y de comprobar que fue víctima de agresiones físicas para que retire su denuncia, se vio obligada de nuevo a levantar la voz:
“Las autoridades quieren que las mujeres violentadas callemos para no gastar dinero en protección y que sigan viendo a Mérida como una ciudad segura, una ciudad blanca cuando es mentira: Mérida, ya no es segura, ya no es blanca. Mérida está manchada de sangre por culpa de las autoridades que no hacen nada cuando nos encontramos en peligro”.
Sami cuestionó la estrategia de las autoridades de minimizar la violencia de género. Foto Facebook
AUTORIDADES OMISAS
El pasado lunes, Sami asistió a una rueda de prensa virtual resguardando su identidad, en la que colectivas y activistas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Todas Somos Fernanda, el Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia y la Red de Abogadas Violetas exhortaron a las autoridades a cuidar de su vida y evitar un feminicidio más, pues los ataques en su contra cada vez son más violentos.
La joven interpuso la primera denuncia el pasado cuatro de agosto, en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán. Manifestó lo que había vivido, pero los empleados del lugar le dijeron que eso ya no importaba. Pasaron dos semanas y aunque contaba con medidas de protección como rondines de vigilancia y auxilio inmediato, intentaron secuestrarla a unas calles de su casa. De esta acción hubo testigos y reportes de auxilio al 911.
#Estados | A Sami, las autoridades le han dicho que no pueden levantar la denuncia por violación ya que "ha pasado mucho tiempo" *ephttps://t.co/b52AyDbeE1 pic.twitter.com/bJXXzlDJJs— La Silla Rota (@lasillarota) October 24, 2020
Interpuso una segunda denuncia el 22 de septiembre, cuando un sujeto ingresó a la terraza de su casa para golpearla. El cinco de octubre, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) la asesoró para interponer una denuncia por trata de personas, la cual fue asentada en la carpeta de investigación 000015/2020. Sin embargo, tampoco se le asignó protección permanente.
Con el apoyo de un abogado tramitó un amparo y el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México instó al Gobierno del Estado a que protegiera de su vida. Pero este martes, le informaron mediante un oficio que no podrían asignarle protección 24 horas, es decir, una escolta:
“Me dijeron que no, porque no consideraban que mi vida estaba en peligro, aun viéndome días anteriores golpeadas, con las costillas rotas, la muñeca fisurada y la cara morada. Sentí mucha impotencia de que dijeran eso. Si me llega a pasar algo nadie le va a regresar su mamá a mi hija. Le pregunté a la persona si en algún momento había cambiado mi versión y lo único que hizo fue bloquearte de WhatsApp, así la autoridad en Yucatán”.
MINIMIZAN VIOLENCIA DE GÉNERO
Sami cuestionó la estrategia de las autoridades de minimizar la violencia de género, ya que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) difundió en algunos medios de comunicación que ya había efectuado acciones positivas en su caso “Me da coraje que hagan quedar bien a la Fiscalía cuando no están haciendo valer mis derechos, mis agresores siguen libres me quitaron mi infancia, pero no me van a quitar mi presente ni mi futuro. Como yo, hay muchas niñas y jóvenes en peligro sin alzar la voz”, señaló.
Ella no solo teme por su vida, también lo hace por su hija de dos años y su esposo.
#Estados | Sami considera que su vida corre peligro, además de la de su hija y su esposo; no quiere que los responsables le quiten esa voz y que la policía le haga caso cuando ya esté muerta. *ephttps://t.co/b52AyDbeE1 pic.twitter.com/xmKABBvCIS— La Silla Rota (@lasillarota) October 24, 2020
El caso de Sami, es una excepción de las estadísticas nacionales, en las que solo una de cada 100 víctimas denuncia. Y preocupa la inacción de las autoridades, ante el desalentador panorama de Yucatán. Ya que, en el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México aseguraron que la trata de personas en esta entidad aumentó en 700% con respecto al año anterior.
La gravedad es tal, que incluso Estados Unidos vigila la actuación de México ante este delito. En su reporte sobre Trata de Personas 2020 recomendaron a la justicia mexicana brindar mejor protección y atención a las víctimas durante los procedimientos judiciales para garantizar su seguridad, y evitar que revivan el trauma e impedir su detención ilícita. Indicación que ha sido atendida, no con Sami.
Sami Trujillo se encuentra en Yucatán, en la lucha por obtener justicia y lo que por ley le corresponde, una vida libre de violencia. “¡Así tenga que romper y quemar todo voy a hacer justicia, tengo una hija una familia que me quiere viva, aún tengo muchos sueños que cumplir y nadie me los va a quitar! ¡Nos están matando y no hacen nada!”, exclamó la joven.
Sobre el caso de la joven se solicitó en dos ocasiones una postura al Director General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Yucatán, quien prefirió ignorar los cuestionamientos sobre el tema.