El regidor por Movimiento Ciudadano Alejandro Rosales, negó promover al grupo de personas que enfurecidas quemaron la casa de la familia de Ana Bueno alcaldesa de Cuerámaro.
De acuerdo a información a la que tuvo acceso La Silla Rota, el regidor Rosales González de MC en compañía con el regidor Cristopher Negrete de Nueva Alianza, aparecieron en vídeos en redes sociales en momentos previos a la manifestación de ciudadanos molestos por la liberación de un menor responsable de la muerte de 4 jovencitas. La manifestación concluyó con un incendio en la casa de la familia de Ana Bueno.
Según lo informado los regidores promovieron los destrozos en la casa de la alcaldesa.
Tras ser señalado el regidor, Movimiento Ciudadano publicó un comunicado en el que Alejandro Rosales “niega categóricamente haber participado de forma alguna en la agresión en contra de la Presidenta Municipal, Ana Bueno”, se lee en el boletín.
“Rosales González reiteró que el día de los hechos se encontraba en su domicilio y que no participó en ningún acto contra la autoridad de la que forma parte, por lo que considera una grave difamación, no solo por hablar de evidencia inexistente, sino por involucrarlo en un acto tan vil cuando él ha señalado de frente sus observaciones a la administración pública municipal con cada uno de los integrantes del Ayuntamiento y las áreas municipales”, informa el comunicado.
El regidor Alejandro espera que esta acusación no sea parte de represalias políticas por parte del gobierno municipal al que pertenece. Ya que como funcionario ha denunciado públicamente temas como nepotismo y corrupción.
“Denuncié públicamente el nepotismo de sus familiares (de Ana Bueno) en el Ayuntamiento, he rechazado sus informes de egresos por inconsistencias, casos de corrupción en las finanzas del DIF Municipal por los que incluso se solicitó una auditoría; la Dirección de Desarrollo Económico solicitó un recurso para un programa inexistente; y así podría seguir”, indicó el regidor en el boletín.
Para terminar, el regidor exhortó a las autoridades a que se conduzcan con apego a la Ley y respeten el proceso en sigilo para que no se convierta en un instrumento de revancha política.