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Primer vinculado a proceso de la historia por difusión de 'packs' en el estado

El acusado es de León y se convierte en el primer imputado del estado por este tipo de delitos

Escrito en GUANAJUATO el

El 30 mayo de este año, el pleno del Congreso de Guanajuato aprobó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado: ahora se castiga con prisión a quien sin autorización de la persona afectada difunda imágenes, audios o grabaciones audiovisuales de contenido erótico o sexual.

También será sancionado quien a través de cualquier medio, acose o aceche a otra persona, amenazando su libertad y seguridad. Y a quien en las redes sociales comparta contenido sexual o erótico y procure un encuentro con menores de 18 años. 

De acuerdo a los expedientes que coordina la diputada Libia Dennise y su equipo, hay víctimas menores de edad entre los más de 50 casos que se preparan para presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado.  

Desde que la reforma entró en vigor, se han presentado al menos 25 denuncias ante la Fiscalía, de las cuales tres han sido judicializadas y una ya fue vinculada a proceso en León. Sin embargo, Libia Dennise dio a conocer que existen más de 60 casos que están siendo analizados para presentar las denuncias ante el Ministerio Público. Además, se ha confirmado que ninguna de las denuncias presentadas hasta ahora ha sido archivada. 

La parlamentaria manifestó que en los casos que hay menores de edad implica involucrar a sus padres y a su círculo cercano, para generar y consolidar un respaldo emocional y no se desista en los procesos para iniciar con las respectivas denuncias. Y es que aunque las víctimas sí quieren denunciar, en la mayoría de los casos los padres prefieren abandonar los casos. 

Finalmente, la diputada enfatizó que una de las preocupaciones que han surgido durante el acompañamiento a las personas afectadas, es que en los procesos que desarrollan los propios ministerios públicos, se establece la posible conciliación entre el agresor y la víctima, por lo que ahora se busca reformar la ley y eliminar esa opción. 

“Esto se da porque legalmente no existe la prohibición, en este caso concreto de violencia digital, para que no haya la conciliación, como ya se da en el tema de violencia de género o violencia familiar, en los que se evita ya esta conciliación entre la víctima y el agresor”.