En Salamanca al parecer todo queda entre familia. Los cargos políticos del municipio gobernado por Morena son divididos entre los mismos parientes que simpatizan con la alcaldesa Beatriz Hernández, afirmaron fuentes cercanas a La Silla Rota. Al ingresar al tabulador de la Dirección de Transparencia esta situación se comprobó.
La primera red la componen el síndico de Morena José Luis Montoya Vargas, como trabajador de ayuntamiento gana 44 mil 716 pesos. Él trabaja junto a su hija Abigail Montoya Orozco, la directora de Ordenamiento Territorial, que recibe 14 mil pesos mensuales. Los datos son de acuerdo al último registro del tabulador.
SÍNDICO QUE SE ROBABA LA LUZ BUSCA QUE CONTRALOR SE SEPARE DE SU CARGO POR EXPONER ATROPELLOS E ILEGALIDADES DE BEATRIZ HERNÁNDEZ, LO ACUSA DE OMISIÓN. / https://t.co/RhcKO5B6V9 /El primer síndico José Luis Montoya Vargas que utilizaba un diablito en su propiedad, hoy acusó a... pic.twitter.com/YUX5RT5odo
— El Salmantino (@salmantinomx) January 17, 2020
José Luis Montoya se ha visto en situaciones aparatosas durante su cargo como síndico
Según las fuentes, algunos de los funcionarios señalados le “vendieron” el voto a Beatriz Hernández, la alcaldesa que renunció al PAN en marzo del 2018 después de trabajar 30 años en organizaciones de este partido. La presidenta de Salamanca justificó su salida con la inconformidad por diversas irregularidades. Hay que recordar que el mismo año que tomó el cargo se le acusó por realizar compras y contrataciones a nivel discrecional, o sea sin alguna regla. Actualmente enfrenta varias auditorías por estas compras, principalmente por pagar camionetas blindadas.
Israel Cárdenas junto a su padre Sergio Cárdenas
La regidora independiente Karina Cárdenas Diosdado tiene a dos familiares laborando en el Municipio. Su padre Sergio Cárdenas Romero y su hermano Israel Cárdenas Diosdado laboran en la dirección de Programas Sociales. Israel se desempeña como director de Atención al Migrante. Pero él y su padre se encargan de reunirse con la gente de la comunidad "para ayudarlos".Los tres perciben un sueldo que va de los 20 mil a los 40 mil pesos.
Las redes familiares se expanden. Los funcionarios tienen una estrategia para disimular que los cargos son repartidos entre parientes: cambian el orden de su nombre, registran primero el apellido, o el nombre, para modificar el tabulador.
Ma. Dolores Ochoa Echeveste
La síndica Ma. Dolores Ochoa trabaja en el Ayuntamiento con su hija Ivonne Muro Ochoa, quien está al frente de la jefatura del Ecoparque. La madre gana más de 35 mil pesos, y su hija arriba de 16 mil.
Por otra parte, en el Comité de Participación Ciudadana hay tres hermanos que laboran juntos. El regidor Juan Carlos González Muro labora junto a su hermana Laura Elena que se desempeña en Desarrollo Institucional, mientras que su hermano Juan Manuel encabeza la dirección de Enlace Urbano. Y su padre Juan Manuel González García es parte del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca. El salario más bajo que reciben es de 22 mil pesos, mientras que uno de ellos cobra más de 40 mil.
Laura González Muro
Los trabajadores que caen en el nepotismo violan el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice:
“Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.
Cuando uno de los funcionarios públicos incumple y cae en el influyentismo o nepotismo puede traer consecuencias legales o administrativas. Esto dependiendo de la gravedad de cada caso. El 13 de junio del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en una carta que no permitiría este tipo de “lacras de la política” durante su administración.
Según la Ley General de Sanciones Administrativas, el funcionario que cometa esta falta administrativa podría recibir estas sanciones:
· Amonestación pública o privada
· Suspensión del cargo
· Destitución del cargo
· Sanción económica (en caso de ser grave)
· Inhabilitación temporal para ocupar cargos o participar en adquisiciones u obras públicas