Magdalena Rosales, diputada de Morena, presentó una iniciativa para que se castigue con uno y tres años de cárcel a quien cometa conductas de discriminación en Guanajuato.
Esta propuesta sería aplicada a quien por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, discapacidad, identidad de género o estado de salud cometa actos de discriminación.
Además, la iniciativa contemplan prisión para la persona que en el ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio a la que tenga derecho o excluya a alguna persona o grupo de personas o niegue o restrinja derechos laborales.
La diputada aseguró que el delito de discriminación ya está regulado en otros Estados como: Puebla, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Chiapas, Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Yucatán, Zacatecas, Tabasco, Michoacán, México, Quintana Roo y Morelos. En las entidades donde no se cuenta legislado este delito se tiene la agravante por discriminación.
De acuerdo con la iniciativa, el delito se perseguirá por querella y prevé agravantes a los servidores públicos que por las razones detalladas niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho.
“Los efecto de la discriminación en la vida de las personas no son cosa menor, estos son por todos lados negativos porque afecta el acceso a los derechos de manera igualitaria, lo que condena al aislamiento, a vivir violencia y en casos extremos, a perder la vida… Hacen falta mayores mecanismos para sancionarla, prevenirla y erradicarla”, manifestó la diputada.
Durante la sesión del Congreso Local, la legisladora expuso que de acuerdo con datos del INEGI del 2017, un total de 930 mil 734 habitantes indicaron haber sufrido algún tipo de discriminación. Por ello, dijo que en el Estado de Guanajuato urge tipificar este delito y sancionar los actos de discriminación, pues afirmó que no basta con buenas intenciones o recomendaciones, lo que se necesita es una mayor protección a las personas.
Así mismo, manifestó que las personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas son víctimas de actos de discriminación en diferentes rubros sociales, por lo que considero establecer herramientas jurídicas suficientes a fin de que las personas más vulnerables puedan defenderse de los que actos que atenten contra si dignidad.
K.D.