En los últimos dos meses la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha detenido y vinculado a proceso a 30 personas coludidas con el crimen organizado, supuestos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación o del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Entre los detenidos se encuentran tres adolescentes: dos de 16 años y uno de 17, así como once personas menores de 30 años. Una tendencia a la baja en la edad de los sicarios.
El primer caso de vinculación tiene como fecha el 18 de julio, cuando se puso a disposición del juez de oralidad del municipio de Celaya a cuatro hombres y cuatro mujeres detenidos por participar en los bloqueos de la carretera de cuota Salamanca-Celaya, kilómetro 56 el día 11 de ese mismo mes.
Fueron acusados por terrorismo cuatro mujeres identificadas como Diana ‘N’ de 20 años, Leticia ‘N’ de 45, Josefina ‘N’ de 35 y Araceli ‘N’ de 40 años, así como un menor de 17 años que fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.
El conflicto inició cuando Leonardo ''N'' de 17 años fue abatido por elementos de seguridad del estado en Santa Rosa de Lima. El menor se encontraba en el interior de una camioneta robada y portaba un arma de uso exclusivo del Ejército.
El 17 de agosto un Juez Federal vinculó a proceso y prisión preventiva a 14 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación por portar armas de fuego exclusivas del Ejército y cometer delitos contra la salud.
Fue el 9 de agosto cuando los elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y agentes de la Marina detuvieron a 14 hombres y dos mujeres que supuestamente pertenecían al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En ese momento les incautaron un arsenal de armas largas y 236 dosis de droga.
Catorce de los integrantes de la banda fueron detenidos en la colonia Los Ángeles de Silao. Los otros dos cayeron en Irapuato. Entre los 16 detenidos en ambas operaciones había dos menores de 16 años.
En este mismo caso se detuvieron a tres jóvenes mujeres y se procesaron a dos identificadas como Brenda ''P'' y Eva ''L'', apenas mayores de edad.
“Marina detuvo a 14 integrantes de una banda que no se sabe si están vinculados, pero se está actuando. Me llamó la atención, desde luego es algo doloroso, que en esta banda había dos personas de 16 años”, señaló Andrés Manuel López Obrador sobre este caso.
El último caso de vinculación a proceso ocurrió el domingo 18 de agosto cuando siete hombres y una mujer fueron detenidos y vinculados a proceso por el homicidio del teniente Carlos Anastasio en Yuriria.
Los inculcados fueron detenidos tras una persecución que inició en territorio del Municipio de Valle de Santiago. Desde el interior de un vehículo detonaron sus armas de fuego contra los elementos de la Guardia Nacional, dando inicio a la persecución hasta la comunidad Loma de Zempoala en donde operaban una ''casa de seguridad''.
#Seguridad | La @FGEGUANAJUATO obtuvo vinculación a proceso contra siete hombres y una mujer acusados por el homicidio del teniente Carlos Anastasio, primer elemento de la #GuardiaNacional caído en cumplimiento de su deber.https://t.co/ycXExnS7kj— LSR Guanajuato (@LSRGuanajuato) August 19, 2019
La Fiscalía General del Estado estableció y sustentó la responsabilidad de los implicados en estos hechos, imputándolos por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, robo equiparado y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.
Entre los detenidos y vinculados a proceso se encuentra María Elena ''N'' de 24 años de edad y cuatro hombres menores de 30 años, uno de ellos, Heliodoro ''N'', de 19 años de edad.
De acuerdo a un análisis del Instituto de Estrategia el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado en México ha aumentado un 153 por ciento.
REDIM llama al Estado mexicano a construir una Política de Estado para prevenir y frenar la violencia armada que viven niñas, niños y adolescentes#Comunicado https://t.co/0ZmIeNME5m#InfanciaSinViolencia pic.twitter.com/IVHhSVZDOq— Derechos Infancia (@derechoinfancia) April 23, 2019
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimaba que alrededor de 30 mil menores trabajaban para grupos criminales. La cifra subió a 460 mil en 2018.
Ante la continuidad de la violencia, la REDIM llamó al gobierno de López Obrador a atender las recomendaciones que hizo el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en 2011 y 2015, para cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizado, "por el alto impacto negativo en la niñez mexicana".