Al menos 50 personas acudieron este martes al Congreso del Estado de Guanajuato para ingresar dos documentos que solicitan la improcedencia del crédito de 66 millones de pesos que el alcalde Alejandro Navarro busca consolidar para destinarlos a la construcción de un nuevo Museo de las Momias.
En un principio se pretendía que la autoridad municipal solicitara un crédito por 200 millones de pesos, que serían etiquetados para la construcción de diferentes edificios públicos, de los cuales 66 millones, de acuerdo a lo informado por el mismo alcalde, son para un nuevo museo de las momias. Sin embargo, las finanzas municipales no alcanzan para recibir prestada tal cantidad, por lo que se decidió que solo fueran 65 millones de pesos los solicitados.
Ante dicha situación, la regidora Karen Burstein, el regidor Oscar Aguayo, la ex directora del Museo de las Momias, Paloma Robles Lacayo y con la representación de los comerciantes que se ubican al exterior del actual museo, evidenciaron que si se cambia de ubicación dicha atracción turística, al menos 50 familias de comerciantes serían afectadas.
En ese mismo sentido, los comerciantes acusaron al Gobierno Municipal de desplazarlos y no considerarlos en la toma de decisiones para el nuevo proyecto, pues aseguraron que no sabe cuándo va a empezar ni cómo se haría el traslado o siquiera si serán tomados en cuenta.
La tarde de este martes, durante la recepción de los documentos, Paloma Robles Lacayo enunció que con estos recursos documentales se busca obstaculizar el proyecto de endeudamiento para costear la construcción de este nuevo Museo.
Junto a comerciantes y demás ciudadanos, se presentó una copia de la resolución emitida por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), que contiene la denuncia de investigación de situación excepcional, por advertir riesgo de daño o pérdida de momias y desvío de los recursos producidos con la actividad actual del museo.
Finalmente, Paloma Robles enfatizó que dichos documentos de solicitud van dirigidos a las diputadas Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Martha Isabel Delgado Zárate, presidenta del Congreso.
Dichos documentos expresan el rechazo a la deuda de los 66 millones de pesos, por lo que se pide que se obstaculice el trámite de empréstito hasta que no concluya la revisión de cuenta pública y auditoria de momias y se emita un resultado satisfactorio.