La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se ha vencido en el pleito que lleva con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). La dependencia presentó un recurso de modificación a la suspensión del bloqueo de cuentas de la institución educativa, pues considera que no ha aclarado el origen de los 151 millones de dólares que transfirió de Suiza a México a principios de 2019.
El pasado jueves, el segundo tribunal colegiado del vigésimo noveno circuito ordenó a la UIF descongelar las cuentas de la UAEH porque indicó que la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda no acreditó que la DEA investigara a la universidad por un presunto vínculo con la delincuencia organizada.
En entrevista con Milenio, el titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que el tribunal nunca les hizo la petición de dicho documento y aseguró que éste se encuentra anexado en el expediente principal como un acuerdo de confidencialidad suscrito con el gobierno de Estados Unidos para que no se ventilen en audiencias públicas los nombres de sus agentes.
“Está en el expediente principal, no está en el expediente incidental. Es decir, está en el expediente donde se resuelve el fondo del amparo y no en el que se resuelve la suspensión. Porque también tenemos un acuerdo con las agencia estadounidenses, para evitar que nombres de los agentes estés siendo públicos”, aseveró Nieto.
El descongelamiento de las cuentas de la universidad hidalguense se dio con base en una jurisprudencia promovida por el exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, en la que se impone que la UIF debe congelar cuentas bancarias sólo si demuestra que el implicado está siendo investigado por gobiernos extranjeros.
“Hemos solicitado el incidente de modificación de la suspensión del juicio de amparo para efecto de que se mantengan congeladas las cuentas de la universidad, en razón de que sigue sin aclararse hasta este momento cuál es el origen de los 151 millones de dólares que transfirieron de Suiza a México a principios de 2019, así como de diversas operaciones al interior de la propia universidad.
“Está pendiente de resolución un recurso de revisión y el incidente de modificación de la suspensión y nosotros seguiremos actuando conforme a derecho en este caso para impedir que recursos cuya procedencia no se encuentra justificada se introduzca al sistema financiero”, dijo.
Recalcó que la universidad es respetable, pero hay que separar el actuar que han tenido los funcionarios que la manejan, así como integrantes de su patronato, quienes son los que han movilizado recursos que no son de la casa de estudios sino de las empresas vinculadas a los líderes universitarios.
El columnista Mario Maldonado recordó en El Universal que el 29 de abril de 2019, frente a catedráticos y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el presidente del Patronato universitario, Gerardo Sosa Castelán, emitió una postura respecto a los señalamientos de actividades delictivas en su institución: “nos acusan de tener mucho dinero. ¡Somos chingones! ¿No?”.
La abundancia de la UAEH es evidente con 17 unidades productivas y 10 empresas controladas por su Patronato, con gasolinera, hotel y tienda de ropa incluidos, con las que genera cada año 750 millones de pesos de recursos propios, destacando en el sistema de universidades públicas estatales, detalló Maldonado.
Esta modelo de la UAEH no convence a la Administración para el Control de Drogas de los Estados (DEA) de que esta riqueza sólo proviene de acciones lícitas, indicó.
Detalló que en la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito se mantuvieron las “famosas jurisprudencias del exministro Eduardo Medina Mora, las mismas que en el último año permitieron descongelar miles de millones de pesos de la delincuencia organizada, por considerar que la suspensión de estos actos no perjudican el interés social o alteran el orden público”.
Así va el largo proceso de 15 meses que terminó en victoria para la universidad a la que no se le pudo aplicar la extinción de dominio por parte de la UIF.
Las sospechas de los vínculos del grupo universitario con el crimen organizado, mientras desde el Legislativo les cubren las espaldas, como en el caso de la diputada federal, Lidia García Anaya, en noviembre de 2019, cuando operó para bloquear las reformas planteadas a la Ley de Instituciones de Crédito, en el sentido de que la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, pudiera iniciar procesos para asegurar recursos relacionados directamente con la delincuencia organizada, narró Maldonado.
La legisladora García Anaya se desempeñó como dirigente del Sindicato de Personal Académico de la UAEH y forma parte en la actualidad de un grupo de legisladores locales y federales vinculados a la institución, que llegaron a Morena como resultado de un acuerdo de Sosa Castelán con los operadores de López Obrador en territorio hidalguense, agregó.
(Luis Ramos)