PUEBLA.- Durante los seis meses que duró el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, la administración estatal pagó 203 millones de pesos a seis empresas fantasmas por contratos de obra pública que nunca se realizaron.
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De acuerdo con la investigación “Interinato, el negocio perfecto: Las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido”, realizada por Itzel Jiménez Ríos, de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), en medio año los responsables de la administración pública lograron extraer el equivalente a 2.5 veces el presupuesto del “Plan Nacional de Reconstrucción” para Puebla.
Con 40 votos a favor y una abstención, el priista Guillermo Pacheco Pulido fue elegido por el pleno del Congreso de Puebla para ser gobernador interino de Puebla a partir del 21 de enero de 2019; los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales descartaron a Jesús Rodríguez Almeida y Ángel Gerardo Islas Maldonado.
Guillermo Pacheco Pulido entrega informe de sus seis meses de gobierno interino. Foto Cuartoscuro
Rodríguez Almeida se mantuvo como encargado de despacho desde que el 24 de diciembre de 2018 murieran la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo el senador Rafael Moreno Valle Rosas.
Pacheco Pulido fue presidente del Tribunal Superior de Justicia durante el sexenio de Melquiades Morales, y luego fue ratificado en el cargo en la administración del hoy prófugo de la justicia Mario Marín Torres.
En octubre de 2019, señala la investigación presentada hoy, “la Secretaría de la Función Pública inició la investigación por la aplicación presuntamente irregular de 196 millones de pesos (El Universal). Sin embargo, hemos descubierto que los fondos malversados son mayores y que, además, varias de las empresas participantes en las licitaciones realizadas bajo el mandato de Guillermo Pacheco Pulido se encuentran en situación irregular”.
Obras millonarias inexistentes
De las 26 empresas beneficiadas por licitaciones, 9 también celebraron contratos con la administración de José Antonio Gali Fayad, que equivalieron a 77 millones de pesos. Tres de esas nueva licitaciones: Consorcio Constructor Ríos Alseseca, SA de CV, Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla, SA de CV y Beresmo Constructora y Urbanizadora, SA de CV, presentan irregularidades domiciliarias y las obras que debían realizar fueron cobradas, pero no existen.
Varias de las asignaciones fueron para obras que se supone se debían realizar en respuesta a derrumbes y deslaves ocurridos en época de sequía; por ejemplo, Beresmo Constructora y Urbanizadora, SA de CV, creada en 2013, fue contratada para la reconstrucción por derrumbes en los municipios de Huehuetlán el Grande, Xicotepec, Coxcatlán, Nopalucan, Tlaxco, Zacapala, Puebla, Victoria y Hueytlapan.
“Cuando pedimos más información acerca de dichas reconstrucciones, presuntamente llevadas a cabo entre el 19 de junio y el 5 de julio de 2019, los municipios de Coxcatlán, Huehuetlán el Grande, Guadalupe Victoria y Hueytlapan confirmaron que las obras nunca se realizaron. Sin embargo, el 5 de Julio de 2019 éstas se liquidaron por 39 millones 211 mil 316 pesos”, revela la investigación.
Otro caso es el de Consorcio Constructor Ríos Alseseca, SA de CV, creado en 2012 que celebró un contrato con el gobierno interino por dos obras públicas: una por 48 millones 416 mil 109 pesos y otra por 7 millones de pesos. La primera fue la apertura de pasos por afectaciones de derrumbes y deslaves en 27 caminos estatales de los municipios Huehuetlán El Grande, Coxcatlán, Nopalucan, Zoquitlán, Acatlán, Zautla, Puebla, Zacapala, Tlacuilotepec, San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Tlapacoya, Tlaola, Chiahutla, Ixcamilpa De Guerrero, Zapotitlán de Méndez, Xochitlán de Vicente Suárez, Tetela de Ocampo.
El pago de la obra se realizó el 21 de junio de 2019; sin embargo, cuando PCCI pidió información a los beneficiados por la supuesta apertura de esos pasos colapsados, los municipios de Coxcatlán, Huehuetlán El Grande, Ixcamilpa, Tlapacoya, y Tlacuilotepec confirman que las obras no se llevaron a cabo.
Actualmente, Consorcio Constructor Ríos Alseseca se encuentra dada de alta en el padrón de proveedores del municipio de San Andrés Cholula y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
La empresa Jiménez y Cuéllar Asociados, SA de CV, creada en 2003, tiene como socio a Carlos Cuéllar Moreno, quien aparece también como accionista de Beresmo Constructora y Urbanizadora, SA de CV. Ambas constructoras se vieron beneficiadas con 73 millones 505 mil 972 de pesos en menos de seis meses, casi 30 % del dinero malversado. Jiménez y Cuéllar tenía designada la apertura de pasos por afectaciones de derrumbes en seis caminos y desazolves en dos canales ubicados en Zongozotla, Tepango de Rodríguez, Coatepec, Zacatlán, Eloxochitlán, Camocuautla y Jolalpan. En recientes solicitudes de transparencia respondidas por los municipios de Tepango y Coatepec nos aseguran que jamás se llevó a cabo dicha obra, que en estos casos tuvo un costo de 34 millones 294 mil 655 pesos pagados el 5 de julio de 2019.
Las irregularidades encontradas, señala la investigación presentada este martes por Itzel Jiménez Ríos y Enrique Cárdenas Sánchez, director de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, “fueron posibles gracias a la complicidad o ausencia gubernamental, pues además de una red de empresas fachada, el Estado pagó 47.8 millones de pesos por obras inconclusas que el gobierno de Miguel Barbosa ordenó suspender”.