Xalapa, Ver. - El Poder Judicial incurrió en una falta administrativa grave al asignar la construcción de 21 ciudades judiciales a la Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I, propiedad de la familia Ruiz Anitúa, ligados al Panamá Papers.
El 20 de febrero del 2019 La Silla Rota Veracruz publicó el reportaje titulado: Poder Judicial dio contratos por 849 mdp a empresas ligadas a ‘Panama Papers’, en el que se detallan las irregularidades administrativas en los contratos para la edificación de la infraestructura. El Congreso local solo autorizó la edificación de 17 ciudades a través de una sociedad público-privada, y el TSJE aumentó a 21.
Como parte de la revisión financiera al manejo de los recursos públicos del ejercicio fiscal 2018, el Órgano de Fiscalización (ORFIS) emitió 18 observaciones y 23 recomendaciones al manejo de los recursos del Poder Judicial que involucra, entre otros temas, los contratos y la asignación de la construcción de ciudades judiciales.
El informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018 incluye un Informe Individual de Fiscalización a los Tribunales de Justicia y la recomendación de deuda pública y obligaciones autorización, contratación, construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales, confirma lo que se denunció en el reportaje.
En la revisión se observó la asignación de 12 contratos por un monto de 747 millones 227 mil pesos, y mientras que ante Hacienda Federal el propio poder judicial registró deuda con la empresa Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV, por 849 millones de pesos; la revisión del Orfis involucra a la Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I, de la cual no se tiene reporte en el Registro Nacional de Comercio.
El Poder Judicial o ente público no integró un expediente técnico por cada una de las 21 Ciudades Judiciales. Estaba obligado a presentar la descripción del proyecto de asociación público-privada y su viabilidad técnica; el dictamen emitido por el tercero especializado; la viabilidad jurídica; la rentabilidad y el beneficio social.
También debía presentar las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie; el estudio Costo-Beneficio, de viabilidad económica y financiera del proyecto; la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público-privada; y las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que, en su caso, resulten necesarias, por cada proyecto de Asociación Público-Privada de las Ciudades Judiciales que se indican, pero se incumplió.
Sumado a que no existe evidencia del análisis financiero, para conocer la capacidad de pago del Ente Público, que debió formular el H. Congreso del Estado, previo al otorgamiento de la autorización para la Construcción de las Ciudades Judiciales, por lo que se pide dar vista al órgano de control interno para que se tomen las medidas al respecto.
De acuerdo con el dictamen que se aprobó en septiembre del 2017, el Poder Judicial estaba en posibilidad de construir, con inversión de la iniciativa privada, 17 ciudades judiciales, y el pago a los inversionistas no podía superar los 13 millones 217 mil 245 pesos mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sin embargo, no se planteó cómo es que se llegó a ese monto de pago y si existe la solvencia del Poder Judicial para cubrir el compromiso financiero al concesionar la construcción de la infraestructura.
El TSJE acordó la construcción de las ciudades judiciales en Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba, Tuxpan, Mina, Martínez de la Torre, Tantoyuca, Camerino Z. Mendoza, Pueblo Viejo, Zongolica, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama, Álamo, Papantla, Isla, Choapas, Misantla, Naolinco, Huayacocotla, y en el caso de Boca del Río se determinó cambiarla a Medellín.
Sin embargo, sólo entregó 12 contratos de igual número de obras, lo que generó la observación del ente fiscalizador. Cabe mencionar que la proyección de costos por cada construcción es variable, y los montos van desde los 155 millones hasta los 50 millones 976 mil pesos, es decir, en algunos casos se triplica el valor de la inversión.
Hasta el momento de la revisión no se había iniciado con la edificación de ninguna de las propuestas. Tras una supervisión de campo, solo se comprobó que en 17 de los 21 terrenos en los que se van a edificar las ciudades judiciales contaban con un terraplén, para lo que se había contratado a otras empresas para deshierbar y emparejar el terreno.
ADJUDICACIÓN DIRECTA, LA CONSTANTE DEL PJEV
En el 2018 el PJEV reportó 38 obras y servicios adjudicados de manera directa mediante contrato por un monto total de 154 millones 445 mil 513 pesos. De ese total, 1i9 acuerdos o convenios lo adjudicó de manera directa, sin respetar la obligación de licitar o invitar a empresas a participar en el proceso de asignación
Las empresas beneficiaras son Infraestructura SA de CV, con 6 contratos por 9 millones 313 mil pesos; Asesores y Constructores de México SA de CV con 5 contratos por 12 millones 913 mil pesos; la persona física Pedro Rubio Gómez con cuatro contratos por 2 millones 284 mil pesos; e Inmobiliaria y Comercializadora Frajusa Sa de CV, que logró cuatro contratos por 36 millones 817 mil pesos.
Por lo anterior, el Órgano de Fiscalización pidió iniciar una investigación y sancionar a los funcionarios que violaron la legislación vigente sobre la contratación de obras y servicios por un monto de 45 millones 394 mil pesos.
LA EMPRESA QUE RECIBIÓ LOS CONTRATOS
Datos del mes de febrero del Registro Público de Comercio establecen que la sociedad Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV., se formalizó el 22 de mayo del año 2018 ante el Notario Público, Rafael de la Huerta Manjarrez.
La sociedad mercantil se integra por las empresas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.
El fallo de las licitaciones públicas nacionales de las ciudades judiciales, con número: P/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/02/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/03/2018 y LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, se dio a conocer el 14 de mayo del 2018, ocho días antes de que las empresas registraron la sociedad mercantil.
La constitución del nuevo consorcio quedó registrada con el número 2018001132590018, ahí establece que la APP obtendría el contrato marco que comprende la celebración de cinco contratos individuales de Asociación Público-Privada para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de igual número de centros de impartición de justicia del Poder Judicial.
El documento consultado detalla que Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, Presidente; Carlos Francisco Nachón García, Secretario; Alfonso Díaz De Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales.
ygr