Jesús Guillermo García Gómez y Antonio Eugenio Mendoza Ramírez, quienes fungían como asesores cuando el diputado Ernesto Prieto asumía la coordinación de la fracción de MORENA, han demandado al Congreso del Estado de Guanajuato por despido injustificado, y cada uno pide un millón de pesos por indemnización.
Guillermo García y Antonio Mendoza laboraban desde septiembre del 2018 en el grupo parlamentario. Sin embargo, terminaron su etapa laboral en octubre del 2019, unas semanas después de que, en condiciones poco claras, el diputado Raúl Márquez Albo tomara el lugar del Ernesto Prieto.
Antonio Mendoza ocupaba un nivel 13 en el tabulador, teniendo un sueldo mensual de $66,896.00 pesos, mientras Guillermo García se situaba en el nivel 12, ganando $59,231.00 pesos.
De acuerdo a la información proporcionada por el actual coordinador de MORENA en el Congreso local, Raúl Márquez Albo, los puestos ocupados por Antonio y Guillermo significaban más del 40% de la nómina que se pagaba solamente por el personal del grupo parlamentario, por lo que se les propuso que disminuyeran los suelos. Ante la negativa de los dos asesores, el coordinador Raúl Márquez Albo decidió despedirlos.
“Yo no he modificado ninguna plaza de más hacia el interior del Poder Legislativo. La intención era regularizar la situación de los niveles tabulares en el grupo parlamentario; ellos no lo aceptaron y acudí a la asesoría del Congreso y me dijeron lo que tenía que hacer”.
El parlamentario también dio a conocer que hasta ahora él no ha sido notificado formalmente de acudir a los procesos jurídicos del caso.
Se sabe que ya hubo una primera audiencia conciliatoria, en la que representantes jurídicos del Congreso del Estado de Guanajuato y los dos asesores demandantes ya iniciaron con los primeros pasos de negociación, por lo que se espera que exista una resolución del caso en los próximos dos meses.