El primer detenido por ''halconeo'' de la historia de Guanajuato es un juez calificador de Valle de Santiago. Julio César Santiago fue acusado por la Fiscalía General del Estado de pasar la información al comando que asesinó a cinco personas y liberó a un detenido en el interior de los separos de Valle de Santiago.
La Fiscalía General del Estado informó que obtuvieron la vinculación a proceso en contra del detenido, quien fungía como juez calificador en el municipio. Se trata del primer acusado por este delito de uso indebido de la información tras la reciente aprobación de la ley en el Congreso de Guanajuato.
El juez de Control estableció una medida cautelar de prisión preventiva, por lo que ha sido recluido en el Cereso mientras se desarrolla el juicio y recibe una sentencia.
También se informó de la vinculación a proceso de Luis Ángel ‘N’ por el delito de terrorismo, por lanzar una bomba molotov a las instalaciones del Ministerio Público de Valle de Santiago, la misma noche del dos de agosto, cuando se dio la balacera en los separos.
Hay que recordar que, ante la escalada de la inseguridad en el estado, el Congreso de Guanajuato aprobó una serie de reformas a la ley para endurecer las penas para distintos tipos de delitos, entre ellos el ''halconeo''.
Un mensaje muy claro para los delincuentes y las personas que colaboran con el crimen organizado. Mujeres y jóvenes que se dedican a alertar al crimen organizado de la llegada de la policía deberán ahora andarse con cuidado.
También los agentes y funcionarios, como Julio César Santiago, que dan ''pitazos'' a los sicarios sobre las operaciones. A partir de ahora la pena para aquellos funcionarios públicos que faciliten información a la delincuencia organizada es de 13 años de prisión.
El pleno del Congreso local aprobó además varias reformas al Código Penal del Estado para tipificar como delito el ´halconeo´. A partir de ahora esta ilegalidad se sancionara con hasta 7 años de prisión para los ciudadanos. Si quien comete este delito es un funcionario público la pena puede ir hasta 9 años.
En el caso de que los funcionarios este ligado a cuestiones de procuración de justicia o seguridad pública, la pena se incrementa hasta los 13 años en prisión.