En 2006, Human Rigths Watch y el Centro Las Libres elaboraron el informe ''Victimas por Partida Doble'', donde se documentaron los casos de niñas y mujeres a las que el Gobierno Estatal les negó los servicios de aborto seguro, gratuito y legal en todo el sector salud de la entidad. Este informe no solo visibilizó los casos de negligencia por parte de las entidades públicas al derecho al aborto en situación de violación, sino que también reveló que a las mujeres que intentaban abortar por causa de una violación, también eran víctimas de las condiciones jurídicas.
De acuerdo con el informe, del año 2000 hasta agosto del 2008, 130 mujeres fueron denunciadas (en su mayoría por los médicos de hospitales públicos), a once mujeres las vincularon a proceso, nueve recibieron sentencias y catorce fueron encarceladas. Tras estos hechos, el llamado ''Caso Guanajuato'' llegó a debates internacionales, donde se evidenció un problema grave de criminalización hacia las mujeres.
Dentro de estos mismos casos se encontraban cuatro mujeres indígenas: María Araceli Camargo Juárez, Susana Dueñas, Yolanda Martínez Montoya y Ana Rosa Padrón Alarcón, sentenciadas por el delito de “homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación”.
En mayo de 2009 (y que a la fecha sigue vigente), el Congreso del Estado de Guanajuato modifica su constitución local para integrar el siguiente concepto: “… persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”. Además de esta modificación, se sumaron otras reformas constitucionales estatales, como un modo de “blindarse” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que un año antes en 2008, declaró constitucional la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México.
Ante esta operación legislativa en Guanajuato, resurgen movilizaciones. Ahora no solo en las calles, sino que trascendió a la escala jurídica, presentando recursos constitucionales y amparos, tratando de que esta reforma estatal se declarara inconstitucional.
Las mujeres liberadas
El 7 de septiembre del 2010, nueve mujeres que habían sido sentenciadas a prisión tras interrumpir su embarazo, fueron liberadas después de que se reformó el Código Penal del Estado de Guanajuato. Uno de los casos lo tomó el Tribunal Superior de Justicia del Estado y dictó absolución.
Seis mujeres estaban en la prisión de Puentecillas, una en la prisión de Valle de Santiago y una más que recién había llegado a la cárcel de San José Iturbide. De acuerdo con los informes médicos, estas mujeres tuvieron abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas. Incluso dos de ellas habían sido víctimas de violación. La mayoría de los casos de estas nueve mujeres habían recibido sentencias de hasta 30 años de cárcel.
Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres y quien estuvo acompañando este caso de las mujeres encarceladas, enfatiza que este tipo de amnistía se dio gracias a la indignación y consenso social alcanzado por la presión mediática y social. Asimismo, apunta que, para poder liberar a todas las mujeres, tuvo que modificarse el delito de homicidio en razón de parentesco para disminuir la pena cuando se trata de “mujeres que priven de la vida a sus hijos en las primeras 24 horas de nacidos vivo”.
“El gobierno del estado sólo reconoció que a estas mujeres se les aplicó una sentencia desproporcionada. Sin embargo, no reconoció que injustamente las metió a la cárcel por un delito que no cometieron y que en realidad lo que querían era sancionar socialmente el aborto como castigo ejemplar para el resto de las mujeres guanajuatenses”, señala Verónica.
Por otro lado, Verónica Cruz asegura que a partir de ese escándalo en 2010, la Procuraduría del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, disminuyó sus procesos de criminalización. Sin embargo, da a conocer que sigue habiendo denuncias y carpetas abiertas por el delito de aborto.
“Estas denuncias provienen principalmente del sector salud. Ahí es donde está el mayor problema", puntualizó.
El 26 de mayo se decide se el aborto será despenalizado o no
Las dos propuestas que contemplan reformas a la ley para despenalizar el aborto en Guanajuato, ya están en la antesala del Congreso de Guanajuato, donde diputados, diputadas, colectivas pro aborto, colectivos pro vida y funcionarios de diferentes dependencias del estado y órganos autónomos, discuten y analizan la posibilidad de que se despenalice el aborto en la entidad.
Después de casi tres años, advertencias políticas y en medio de una pandemia, finalmente el Congreso de Guanajuato inició con el estudio y discusión de las iniciativas que pretenden la despenalización del aborto en el estado. Fue así que se establecieron diversas reuniones con diferentes sectores de la sociedad y el Estado.
Y es que son dos las propuestas de reforma al código penal que contemplan consolidar en el marco jurídico la interrupción legal del embarazo. La primera fue presentada por el PRD, en octubre del 2018, y la segunda la presentó MORENA a principios de este año, en voz de la diputada Magdalena Rosales.
Aún y con cierto tiempo de diferencia entre ambas propuestas, esta semana y de manera remota, las Comisiones Unidas de Justicia y Salud se reunieron con colectivas pro aborto, colectivos pro vida, funcionarios y representantes de la Fiscalía General del Estado, de la Coordinación General Jurídica, del Instituto de Investigaciones Legislativas, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Procuraduría de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud.
Después de estas tres reuniones, será este martes 26 de mayo cuando se decida el sentido del dictamen. Es así que 10 diputadas y diputados decidirán si se despenalizará o no el aborto en el estado.
IO