TIJUANA.- Una alcaldesa y un alcalde de Baja California, ambos morenistas y cercanos al ex gobernador Jaime Bonilla, se encuentran bajo observación en el nuevo Congreso local donde Morena y sus aliados siguen teniendo el control, pero donde ahora la nueva mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene mayor influencia.
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Aracely Brown, primera edil de Playas de Rosarito, tiene una demanda de juicio político que espera ser revisada en la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional para saber si está justificada.
Por el contrario, en el caso del alcalde de Ensenada, Armando Ayala, exempleado en la televisora propiedad de Bonilla Valdez y además su fallida apuesta para sucederlo en el gobierno estatal, la misma comisión ya determinó con 6 votos a favor y 1 en contra que la solicitud de juicio es procedente.
“Mi opinión es que sí puede que haya elementos para iniciar un juicio político en estricto apego a la Ley de régimen municipal, pero más que todo pudiera ser que tenga un trasfondo político”, consideró el legislador Román Cota Muñoz.
Como integrante de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, y el único legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la XXIV Legislatura, Cota Muñoz fue uno de los votos a favor.
El único voto en contra fue de Sergio Moctezuma Martínez, morenista ex secretario del Trabajo durante el bienio de Jaime Bonilla.
En la misma sesión los diputados rechazaron la solicitud de juicio político 01/2021 en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana, igual que la número 03/2021 en contra del juez de lo penal Jaime Galindo Hernández.
Jaime Bonilla y Armando Ayala
La primera fue interpuesta por un civil que alega la falta de respuesta del gobierno de Tijuana en un laudo a su favor, y la segunda la promovió el defensor de un civil privado de su libertad que tiene 19 años esperando sentencia en un juicio por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, asociación delictuosa y homicidio calificado, según los dictámenes del Congreso a los que La Silla Rota tuvo acceso.
“Es muy importante que se tome hacia afuera que la presunción de inocencia como en cualquier juicio debe de prevalecer. Es por eso que no salimos y damos declaraciones. Tratamos de que no sea un tema político, sino un tema de justicia”, dijo recientemente la diputada Rocío Adame Muñoz.
La diputada, presidenta de la Comisión de Reforma y líder de la bancada de Morena, añadió que el expediente en contra de la presidenta municipal de Rosarito, Brown Figueredo, ya fue turnado a la comisión, pero no ha sido presentado.
“No he tenido la oportunidad de leerlo, ni de revisarlo”, afirmó.
LAS ACUSACIONES
La solicitud de juicio político para la presidenta municipal de Rosarito, electa este año para encabezar un segundo Ayuntamiento consecutivo, viene de integrantes de oposición del nuevo Cabildo.
Jaime Bonilla y Aracely Brown
Según lo que anunciaron en conferencia de prensa, Aracely Brown faltó a su responsabilidad al no nombrar al secretario de seguridad en las primeras sesiones de Cabildo; de hecho se retrasó porque antes modificó un reglamento para colocar en el cargo a Javier Arellano sorteando a esa oposición.
Ayala Robles, también reelecto para una segunda administración, está acusado por 8 integrantes del pasado Cabildo de violentar los procesos de ese órgano colegiado para crear el organismo municipal del agua y dar trámite así a la reforma del ex gobernador que entrega esos entes del estado a los municipios.
El presidente municipal presentó la propuesta el 23 de julio del 2021, pero como recibió 8 votos en contra y siete a favor, convocó a una nueva sesión tres horas y media después, en la que sin presencia del grupo opositor, la iniciativa fue aprobada con siete votos a favor y uno en contra.
Además, establece el dictamen del juicio político 01/2021, con su premura el alcalde de Ensenada no analizó las condiciones financieras y administrativas de la paraestatal que estaba recibiendo.
“A juicio de esta comisión dictaminadora, no se encuentra justificada la necesidad de haber tratado el tema como de urgencia extrema”, informó el Congreso en el comunicado de prensa en el que anunció que el juicio político avanzaba.
Ahora es la presidencia del Congreso la que debe convocar a la discusión del dictamen y de aprobarlo formar la comisión especial que llamaría a cuentas al alcalde de Ensenada para determinar si será retirado del cargo e inhabilitado para ocupar puestos públicos.
Pero es en este punto donde los antecedentes más cercanos de solicitudes de juicios políticos en Baja California, y particularmente en Ensenada, dejan muchas dudas.
En 2015 el pleno del Congreso desechó una solicitud de juicio político en contra del ex munícipe Enrique Pelayo Torres, acusado entre otras cosas de tráfico de influencias en la venta de un terreno público, y este año la legislatura anterior hizo lo mismo en una expediente en contra del antecesor de Armando Ayala, el ex alcalde Marco Novelo, por entregar una concesión para parquímetros.
“Generalmente se promueven este tipo de acciones como para intentar encauzar a que todos vayan en un solo camino, y que no vayan cada quien por su rumbo”, reconoce el diputado Román Cota.
¿JAIME BONILLA TAMBIÉN?
Antes de que Jaime Bonilla Valdez dejara la gubernatura, el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que promovería un juicio político en su contra.
El morenista entregó el cargo el 31 de octubre pasado y los blanquiazules no iniciaron ningún procedimiento en su contra.
Sin embargo, afirman que no seguirán la ruta en el Congreso estatal, sino que irán al Congreso de la Unión.
Lo acusan del presunto desvío de participaciones federales que correspondían a los municipios, y de “cobros ilegales y extorsiones” a través de la empresa Fisamex, contratada en el bienio `bonillista´ para fiscalizar adeudos por consumo y conexión para abasto de agua potable en Baja California a cambio de una comisión del 20%.
esc