La lluvia de ''aviadores'' en el Congreso de GTO ha desatado las críticas de la oposición. Un total de 23 personas fueron contratadas de forma temporal sin que la institución lanzara convocatoria alguna para cubrir los puestos vacantes. La mayoría familiares y amigos de políticos y diputados.
“Es un caso bochornoso”, asegura el diputado Raúl Márquez de Morena. “Es una contratación injusta. Hay que investigarlo”, afirma Vanessa Sánchez, representante del Partido Verde.
Los 23 ''aviadores'' que ya trabajan para el Congreso firmaron en su mayoría contratos hasta final de año. Unas contrataciones sin concurso que destacan por los generosos sueldos. Esta lluvia de favores comenzó el 1 de enero de 2019 y se mantuvo hasta el 21 de mayo. La mayoría de estas ofertas de empleo fueron realizadas por la dirección de Desarrollo Institucional.
En varios casos los sueldos de estos empleados superan los 100 mil pesos. Fernando Acosta Cervantes es uno de los señalados. Es el sobrino del presidente del Congreso de Guanajuato, Juan Antonio Acosta, y se desempeña como asesor B de la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo. Su salario: 39 mil 213 pesos con 96 centavos.
Las excusas del Congreso
Ricardo Narváez, secretario de la Cámara de Diputados de GTO, lejos de desmentir el escándalo argumenta que estas contrataciones irregulares se llevaron a cabo por la urgencia del momento y la necesidad de personal
“Las contrataciones se hicieron para cubrir distintas necesidades. Para algún evento o algún foro. Pero cuando la comisión de administración nos diga emitiremos las convocatorias“, aseguró Narváez para intentar apagar el fuego.
En opinión de Narváez “no hubo violaciones” al estatuto del Servicio Civil de Carrera. El secretario justificó la contratación a dedo de estas 23 personas y pasó no obstante la papa caliente a Omar Mares, Director de Administración del Congreso del Estado.
Los representantes de Morena en el Congreso exigen una investigación.
La evidencia rotunda del caso fue mostrada por la propia página web del Congreso Local. En el apartado de Transparencia se hace constatar que para ninguna de estas contrataciones se emitió una convocatoria, tal y como fija la ley. Cuyo texto es claro y contundente: “No concursar los puestos es una falta al artículo 23 del Estatuto del Servicio Civil de Carrera de los servidores del Poder Legislativo”.
Críticas de la oposición
La lluvia de amigos y familiares en la institución con cargo al erario público ha ha desatado una oleada de críticas de los partidos políticos de la oposición. Vannesa Sánchez Cordero, diputada del PVEM, indicó que este tipo de contrataciones “no son justas para los trabajadores que llevan años laborando y están en espera de que su carrera ascienda a un puesto mejor”.
“Estas acciones son absolutamente corruptas. Hay que investigar y sancionar a quien aprobó estas contrataciones”, indicó Raúl Márquez Albo, diputado de Morena.
Hay varios casos de familiares cercanos a diputados y políticos panistas. Uno de los más esclarecedores es el e Mariana Patricia González Díaz, hija de la actual directora de Tecnologías de la Información del Congreso Local, Patricia Díaz Sánchez. Esto son los 23 casos de contrataciones irregulares en el Congreso de Guanajuato:
• Aldo López Lang Hernández - Contraloría Interna - $39,144.83
• Ana María Ramírez Razo - Dirección de Desarrollo Institucional - $39,144.83
• Anaíd Estefanía Granados Montero - Contraloría Interna - $17,644.74
• Antonio Alvárez Pacheco - Dirección de Mantenimiento - $30,354.27
• Brenda Berenice Hurtado Castro - Contraloría Interna - $20,031.20
• Carlos Omar Fernández Navarro - Diario de los Debates y Archivo General - $9,733.67
• Diana Paola Fonseca Álvarez - Diario de los Debates y Archivo General - $9,733.67
• Diego Cevallos Saavedra - Instituto de Investigaciones Legislativas - $24,391.85
• Eva Suaste Argote - Contraloría Interna - $20,031.20
• Fernando Antonio Acosta Cervantes - Unidad de Análisis de Impacto Legislativo - $30,354.27
• Fernando Vázquez Lucio - Servicios Generales - $10,426.52
• Francisco Rocha Balderas - Unidad de Estudios Finanzas Públicas - $30,354.27
• Frida Sánchez Hidalgo - Dirección de Contabilidad - $20,031.20
• Georgina Macías Novoa - Dirección de Administración - $13,734.54
• Javier Tavárez Gutiérrez - Control de Bienes, Adquisiciones y Almacén - $24,391.85
• Jorge Alberto Santos López - Instituto de Investigaciones Legislativas - $29,144.83
• Juan Manuel Colís Hurtado - Diario de Debates y Archivo General - $9,733.87
• Karina Cecilia Villalobos Anaya - Diario de los Debates y Archivo General - $9,733.87
• Luz Aydé Sánchez López -Tecnología de la Información - $22,084.28
• Mariana Partricia González Díaz - Dirección de Desarrollo Institucional - $22,084.28
• Minerva Caballero Sánchez - Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario - $24,391.85
• Rogelio Samuel Amador Negrete - Dirección General de Comunicación - $17,444.74
• José Julio González Garza - Dirección de Desarrollo Institucional - $58,337.74