León, Gto.- La agencia estadounidense de noticas AP consideró que la reciente serie de asesinatos en contra de policías estatales en Guanajuato es el desafío más directo hasta ahora para la política del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un análisis sobre la seguridad en México, la agencia destaca la propuesta de campaña de “abrazos, no balazos” y que, ya en el poder, López Obrador ha evitado enfrentarse directamente a los cárteles, incluso liberando a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”.
Esa política ha sido desafiada concretamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que en Guanajuato se ha cebado en contra de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), señala el artículo. El cártel tiene la intención de erradicar al grupo táctico, por las detenciones de miembros del grupo criminal.
El análisis señala que el cártel de Jalisco ha secuestrado a varios miembros de las FSPE, torturándolos para obtener los nombres y direcciones de colegas, y ahora está cazando y matando a policías en sus casas, cuando están en sus días libres, frente a sus familias.
“Es un tipo de ataque directo a oficiales que rara vez se ve fuera de las naciones más plagadas de pandillas de Centroamérica, y representa el desafío más directo hasta ahora para la política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de evitar la violencia y rechazar cualquier guerra contra los cárteles”.
Pero dicho cártel del narcotráfico le ha declarado la guerra al gobierno con el objetivo de erradicar al Grupo Táctico, porque según el grupo criminal, trata injustamente a sus miembros. Ha amenazado, en letreros: “Por cada miembro de nuestra empresa (CJNG) que remitan, se va a matar a dos tácticos de ustedes, en donde estén, en su casa, en patrullas o servicios fijos”.
En el caso más reciente, la policía estatal reconoció públicamente que un oficial fue secuestrado en su casa el jueves, asesinado y su cuerpo arrojado en una carretera.
DECRETO PARA PROTEGERLOS
El problema en Guanajuato se ha agravado tanto que el gobierno estatal publicó un decreto especial el 17 de mayo para proporcionar una cantidad no especificada de financiamiento para los mecanismos de protección de la policía y los funcionarios de prisiones.
“Lamentablemente ha ocurrido que integrantes de los grupos del crimen organizado se han presentado en los domicilios de las y los elementos policiales, lo que constituye una amenaza y un riesgo mayor de pérdida de vida, no sólo para ellos, sino también para las personas que conforman su núcleo familiar”, señala el decreto.
“Se han visto en la necesidad de cambiar de su domicilio de manera inmediata, a fin de no ser localizables por los grupos del crimen organizado”, añade el decreto.
CV