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Ante ataques a policías, emite gobernador decreto urgente para protegerlos

Habrá fondo para apoyarlos en cambio de domicilio y protección a sus familias

Escrito en GUANAJUATO el

Guanajuato, Gto.- El Periódico Oficial del Estado publicó un decreto emitido por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que ordena medidas de protección para aquellos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado amenazados por el crimen organizado.

El decreto, sin precedentes, es tendiente a brindarles apoyos económicos para que cambien de domicilio y pongan a salvo a sus familias.

De acuerdo con información publicada este martes por Periódico Correo, la cacería que los grupos criminales han emprendido contra personal de la SSPE ha escalado a un punto crítico: hay oficiales que han tenido que huir con sus familias y cambiarse de domicilio para salvaguardar su integridad.

El decreto emitido por el gobernador es en respuesta al creciente asedio contra los elementos.

 

El pasado 31 de marzo, un agente de las FSPE fue abatido en la comunidad de Los Rodríguez, donde tenía su domicilio. (Foto: especial)

En lo que va del presente año, al menos cuatro efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado han sido asesinados en su día de descanso, tres de ellos tras ser sustraídos de su domicilio.

El 22 de abril, el director del Cereso Mil de Valle de Santiago fue agredido a balazos cuando salía de su casa en la colonia León Moderno, aunque logró sobrevivir.

El decreto publicado el lunes en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato no tiene precedentes en la historia de Guanajuato, pues nunca antes se había emitido un instrumento de esa naturaleza, para elevar de forma inmediata la protección de los cuerpos de seguridad pública.

En el decreto que formuló el gobernador se advierte que, en fechas recientes, los grupos del crimen organizado han lanzado una serie de ataques directos contra las FSPE y los custodios de los centros penitenciarios, con la finalidad de que la autoridad deje de enfrentarlos y les permita operar en el estado.

“Lamentablemente, ha ocurrido que integrantes de los grupos del crimen organizado se han presentado en los domicilios de las y los elementos policiales, lo que constituye una amenaza y un riesgo mayor de pérdida de vida, no sólo para éstos, sino también para las personas que conforman su núcleo familiar y con quienes cohabitan”.

Y añade: “Ante la alta probabilidad de que dichas amenazas se actualicen en agresiones que pongan en riesgo la vida, la libertad, la integridad física o el patrimonio de las o los elementos de los cuerpos policiacos, o de cualquier persona de su núcleo familiar, aquellos se han visto en la necesidad de cambiar su domicilio de manera inmediata, a fin de no ser localizables por los grupos de crimen organizado”.

FALTA DEFINIR REGLAS

El decreto establece que, para auxiliar a los policías amenazados por el crimen organizado, se constituirá una Comisión Dictaminadora que se encargará de recibir y analizar el nivel peligrosidad de cada amenaza, con la finalidad de dictaminar la procedencia, duración y modalidad del apoyo que se ofrecerá al uniformado.

El organismo estará conformado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Álvar Cabeza de Vaca Appendini, los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de las FSPE y de la Dirección de Sistema Penitenciario, así como un representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) –área encargada de cubrir el apoyo económico-.

Sin embargo, no todas las reglas están definidas. El documento advierte que en los próximos 30 días, la SSPE y la SFIA emitirán los lineamientos bajo los cuales se regirá el trámite para los apoyos económicos, así como su duración y modalidades, además de las disposiciones que regulen el funcionamiento de la Comisión Dictaminadora.

En el decreto gubernativo número 89 expedido por el gobernador del estado, se indica que son sujetos de tales disposiciones los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y los custodios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, frente a amenazas constatables o ataques directos de algún grupo del crimen organizado con motivo del cumplimiento de su deber.