León.- El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Rolando Alcántar declaró que el menor de 15 años que es investigado por el posible delito de doble feminicidio, podría pasar como máximo diez años detenido en el tutelar de menores.
“En caso de ser culpable, ya siendo mayor de edad puede tener recomendaciones para estar internado, el tiempo va a depender, y puede llegar a estar hasta diez años internado, pero como no entra en el catálogo de delitos del Código Penal, tiene un tratamiento distinto y no puede ser enjuiciado por doble feminicidio”, explicó el legislador panista.
Señaló que los menores de edad en el estado y en el país no pueden ser llevados ante juzgados de adultos y la ley es diferente por los tratados internacionales y porque la Constitución Mexicana también los protege.
“Los tratados internacionales nos obligan al mismo grado de la Carta Magna o la Constitución, a respetar de la posibilidad de no poder someter a un proceso penal a los menores, más bien nuestro trabajo debe estar enfocado a prevalecer los derechos de los niños, sino trabajamos en la prevención social de la violencia y la delincuencia, en la prevención de las adicciones, vamos a seguir con el problema de la descomposición social que es la causa y origen de nuestra violencia”.
Dijo que existe una ley para los menores, además de un tribunal adecuado para enjuiciarlos, con mecanismos de defensores públicos para menores y un centro de readaptación menores, donde la única diferencia es que no será procesado en un tribunal para adultos.
“El menor agresor será sometido a un procedimiento adecuado, pero no lo vamos a ver en los tribunales de adultos, eso no significa que el estado podría renunciar a dar el tratamiento adecuado a los menores, lo más importante es la vida de las personas y es un tema sensible para los familiares de las víctimas, pero el estado no renuncia totalmente al tratamiento de los menores que cometen este tipo de delito”.
Recordó que en el 2008 se reformó la Ley junto con el nuevo Código Penal Acusatorio, sin embargo los jóvenes están participando en delitos, además de que “los usan, por esa debilidad del manipuleo de los jóvenes, por eso no se da una posibilidad de ponerles una sanción privativa de la libertad o un procedimiento como a los adultos”.
“En el estado en este ciclo teníamos la posibilidad de sancionar a un menor de 16 años, sin embargo, existen tratados internacionales que nos obligan a obedecer que la edad punible sea de 18 años en adelante, es un tema en el cual los tratados internacionales tienen el mismo peso que la constitución.
Expresó que eso no significa que el estado renuncie a darle el tratamiento adecuado a los menores infractores y adelantó que es urgente trabajar con la nueva procuraduría de los derechos de los niños, ser asertivos para proteger a los jóvenes y niños, de los abusos y violencia y que no sean utilizados para cometer delitos.
“Ahora existe el Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, tenemos que fortalecerlo en el estado, debemos de trabajar en la prevención de los menores, no es un tema sencillo porque se tiene que abarcar los temas de índole familiar, que es rescatar la descomposición de la familia como eje principal de la sociedad”.
Señaló que también falta recurso económico para crear una estructura más avanzada para apoyar más al sistema de protección de los niños y jóvenes.
Reiteró que el programa finlandés que está implementando el estado para prevenir las adicciones es positivo, pero a la par el estado también requiere que se acelere el proceso de las clínicas certificadas para rehabilitar a las personas con adicciones.
Señaló que en la Encuesta Nacional de Adicciones el estado de Guanajuato está en una situación bastante comprometida y específicamente León, donde el esquema para la atención de las adicciones no es suficiente.
“Tenemos que meterle más recursos públicos, y no se ve por donde tengamos suficientes recursos para atender a tan alto número de adictos, tenemos que trabajar mucho para identificar a los particulares, a las asociaciones civiles, son gente que tiene la voluntad, pero no tiene la capacidad económica para abonarle a la rehabilitación y la prevención”, concluyó.
PR