La historia del surgimiento del seguro de desempleo se remonta a finales del siglo XVIII, cuando en ciertos países, como Gran Bretaña y Alemania existía una fuerte formación de grupos de sindicatos obreros que demandaban mejores condiciones laborales y un salario que les diera las posibilidades de sostener tanto a ellos como a su familia.
Así como se luchaba por mejores condiciones laborales dentro de su contrato, también se abogaba para que de alguna u otra manera se otorgaran beneficios a aquellos obreros que se quedaban sin empleo.
Existían tres tipos de seguro de desempleo que eran otorgados por las administraciones de los gremios laborales: el voluntario, en dónde los beneficios eran puramente financiados por miembros del sindicato; voluntarios, pero con subsidios, que podían provenir de diversas fuentes como el gobierno, miembros honorarios de los mismos sindicatos o de donaciones de instituciones e individuos ajenos a la organización; tenía igualmente la característica de ser subsidiado, aunque la diferencia radicaba en que éste ahora era obligatorio.
Sin embargo, la realidad actual es compleja. Luis Miguel González, director editorial de El Economista retomó que el 75% de los trabajadores del mundo no cuentan con un seguro de desempleo.
Planteó si ¿México debería tener un programa público para atender a los trabajadores que han perdido su emple o si sería posible tenerlo? En caso de que la respuesta sea sí, ¿qué características debería tener la versión mexicana del mismo?
Dio como referencia que en México, hay 2.3 millones de desempleados, según la Encuesta de Ocupación y Empleo del Inegi. Alrededor de 650,000 de ellos han estado sin trabajo por más de tres meses.
Iniciativa legislativa
En la Cámara de Diputados, Morena y el PAN presentaron iniciativas para crear un seguro de desempleo desde la Constitución.
El diputado de Morena, César Agustín Hernández Pérez, propuso adicionar en el artículo 123 de la Constitución Política, que el Estado proporcionará un seguro de desempleo bajo los principios de universalidad, justicia social y no discriminación para los ciudadanos, a fin de que les permita llevar una vida de bienestar.
La iniciativa de Morena plantea dar facultades a la Secretaría de Trabajo para administrar el programa y que el Congreso elabore la ley secundaria.
La iniciativa del PAN plantea adicionar en la Constitución y las Leyes Federal del Trabajo, y del Impuesto sobre la Renta, que el Estado garantice como un derecho un seguro de desempleo a los trabajadores económicamente activos mayor de 18 años que haya perdido su empleo y establecer incentivos fiscales a empresa para contratación de personal.
La propuesta, precisa que, en el Seguro de Desempleo el apoyo será igual a 2.5 veces el valor de la Línea de Pobreza Extrema por ingreso en área urbana establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, equivalente a 4 mil 402 pesos mensuales.
Prevé que los recursos sean ministrados de forma mensual hasta por un periodo máximo de cuatro meses.
La Organización Internacional del Trabajo, desde hace más de tres décadas, se ha referido al seguro de desempleo como una política pública deseable. Al respecto, Luis Miguel González dijo que para funcionar, debe ir acompañada de varias medidas. Más allá de una transferencia económica, las mejores prácticas internacionales recomiendan apoyos para capacitación y/o desarrollo de nuevas habilidades, ayudas para encontrar trabajo y, en algunos casos, asistencia social que incluya atención en temas de salud mental y prevención de adicciones.
En Europa, la mayoría de los países cuentan con apoyos para el desempleo. Australia, Nueva Zelanda y Japón también han desarrollado programas. En el continente americano, los apoyos más importantes corresponden a los países más ricos, Canadá y Estados Unidos. ¿A alguien le extraña que haya más apoyo para mexicanos desempleados en Estados Unidos que en México?
Destacó que en América Latina, cuando menos seis países cuentan con apoyos para el desempleo. El primero en establecerlos fue Uruguay, que otorga apoyos decrecientes hasta por seis meses. Le siguieron Chile, Argentina, Brasil y Colombia. El caso más reciente es el de Ecuador, que lo estableció en 2016. El modelo chileno tiene la particularidad de incluir una mezcla de aportaciones privadas y públicas.
"México va tarde en la implementación de políticas de apoyo a la población desempleada. La buena noticia es que las dos mayores fuerzas políticas del país se han puesto las pilas. La mala, además de la polarización manifiesta, es que las propuestas son muy limitadas, quedan a deber ante la complejidad del problema", dijo.
Explicó que la propuesta panista se enfoca solo en la economía formal y la de Morena habla de decretar un Derecho Constitucional, sin definir los costos ni las fuentes de pago.
cj