La American Chamber of Commerce (AmCham) de México declaró en un comunicado su "preocupación" por las consecuencias que tendría la reforma constitucional al sector energético del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma se envió hace dos semanas al Congreso para limitar la participación del sector privado.
"De ser aprobada, afectaría a las familias e industria mexicanas por sus repercusiones medioambientales, económicas y de cumplimiento de compromisos internacionales, particularmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)"
De acuerdo con su análisis, esta reforma constitucional afectaría negativamente, ya que se presenta en medio de la reactivación económica nacional y regional en la que México y Estados Unidos están participando de forma conjunta.
Para comenzar, "el clima de confianza y certidumbre necesaria para la recuperación", ya que no considera, señalaron, respetar los esquemas regulatorios y contractuales con los que se realizaron inversiones a largo plazo.
Asimismo, opinaron "contraviene los compromisos establecidos por México en el T-MEC", ya que eliminaría los órganos reguladores coordinados en materia energética y el mercado eléctrico mayorista, e impondría cuotas de mercado y cancelaría contratos privados.
Explicaron que "reducirá la diversidad de opciones de suministro eléctrico, lo que genera riesgos de desabasto y podría aumentar el costo final de energía en los hogares mexicanos".
Apuntaron que México perdería la "oportunidad" de convertirse en una economía competitiva y trasladaría la transición energética "hacia un generador único", refiriéndose a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual "tiene capacidades limitadas de generación limpia, impidiendo que México logre sus compromisos internacionales".
Por esta razón, AmCham realizó "un atento llamado" a los legisladores que discutirán la propuesta de reforma constitucional para que "antepongan" la economía de la ciudadanía mexicana, la competitividad de la industria y el respeto al derecho humano a un medioambiente sano y a la salud.
"En AmCham estamos convencidos de que la mejor forma de fortalecer la seguridad energética y competitividad del país es a través de la participación complementaria de diferentes empresas de los sectores público y privado que, en un ambiente de libre concurrencia y reglas estables, compitan para ofrecer energía limpia, confiable, resiliente y a precios asequibles a los hogares y empresas mexicanas".
La reforma constitucional es la primera del presidente Andrés Manuel López Obrador tras las elecciones del 2021, en las que su alianza de partidos conservó la mayoría en el Congreso, pero donde perdieron la mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución.
Desde que asumió el poder en 2018, el mandatario se posicionó en contra de la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, la cual abrió el sector a las empresas privadas, pero sus intentos para revertirla se limitaron en algunos tribunales.
Por eso, a finales de septiembre envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que la CFE controle el mercado de generación eléctrica en México, lo que ha generado la oposición de las patronales.
Mientras que el presidente ha justificado la reforma por "el vil saqueo" del sector eléctrico, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió de que "destruiría al mercado" y desataría paneles internacionales porque hay 44.000 millones de dólares de inversión privada en riesgo.
Con información de Agencia EFE