Los vientos de cambio y reforma no le favorecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Su titular, sus mandos, sus comandantes y tropa, están sujetos hoy a enormes presiones que van desde las fallas humanas y la impericia en eventos conmemorativos largamente esperados, hasta la fatal exhibición de las fallidas capacidades estratégicas en la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), en la Sección Segunda (Inteligencia), en la Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico-OCN), en el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) y en la cadena de mando que en Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) que revisó, avaló y autorizó el inicio de la Operación Jalisco con un bochornoso despliegue para atrapar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
El operativo, planeado y estructurado en forma, con un despliegue de varias aeronaves –no un solitario helicóptero– falló no sólo por la filtración de información sensible hacia operadores y protectores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también por errores humanos en los que la coordinación y la mala toma de decisiones fueron fundamentales para que la misión terminara en tragedia y bochorno.
Sólo la pericia y el valor de dos de los operadores del Cougar 1009 de la FAM permitieron que la operación no terminara en una monumental tragedia, con 18 militares y policías federales calcinados tras el derribo del aparato EC-725.
Las fotos que algunos medios de comunicación lograron tomar en el sitio del ataque revelan la magnitud de lo ocurrido. No quedó prácticamente nada, del helicóptero, que no viajaba solo. Otras tres aeronaves de ala rotativa lo acompañaban en la operación para detener a El Mencho y su plana mayor.
Una más, a gran altura, coordinaba o intentaba coordinar el progreso de la operación. También el Embraer falló. Malas decisiones. Mala lectura del teatro de operaciones, dirán algunos más avezados.
Al paso, otros escenarios siguen complicándose para el Ejército; la matanza de Tlatlaya (oscura, encubierta, blindada), los pasos nebulosos de los militares en torno a la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y la negativa de la Sedena para proporcionar datos o documentos a diversas instancias, entre ellas a la Cámara de Diputados y su grupo especial creado para conocer lo sucedido.
Ahora, nuevos detalles surgen en torno a graves irregularidades detectadas por el Inspector y Contralor General de la Defensa Nacional, encabezada por el general Daniel Velasco Ramírez, quien, de acuerdo con el periodista Miguel Badillo, tiene varios expedientes abiertos, vivos, en los que constan graves irregularidades relacionadas con compras millonarias de equipo militar fantasma, que se pagó, pero nunca fue entregado a la Sedena (en esta caso a la FAM).
En otro expediente se revisan inversiones por más de mil millones de pesos para obras de infraestructura en la Base Aérea Militar Núm 1, en Santa Lucía, estado de México. El tercer caso tiene que ver con mal manejo de recursos en la Jefatura de Tiendas y Granjas de la Sedena. Al menos 47 establecimientos de esta área estarían afectados por los manejos irregulares detectados. O curioso es que los tres casos pertenecen a la administración anterior, la del general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional de Felipe Calderón.
A primera vista pareciera que los pecados cometidos bajo el mando de Galván, siendo graves, no alcanzarían el nivel de lo sucedido en estos años de la administración del general Salvador Cienfuegos. Obviamente no se le puede señalar ni acusar por situaciones eventuales, por cosas no planeadas, accidentes que pueden suceder en cualquier momento, en cualquier contexto.
El problema no ha sido ese, sino la cerrazón institucional, el ocultamiento y manipulación de datos y documentos, como ha ocurrido abiertamente en el caso de las ejecuciones sumarias cometidas por soldados del Batallón 102 en Tlatlaya. Aquí, la Sedena ha sido constante en negar información a la CNDH y a diputados federales que integraron y un grupo especial para conocer lo que ahí sucedió.
A este tema se sumó el de los 43 normalistas desaparecidos, caso en el que han surgido pruebas en torno al conocimiento que tuvieron en su momento mandos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, y quienes conocieron minuto a minuto lo que pasaba el día en que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales.
Por si fuera poco, el operativo fallido en Villa Purificación –zona de influencia de Nemesio Oseguera– mostró, con el paso de los días, no sólo los errores cometidos durante la incursión militar; reveló el tamaño del quiebre en la inteligencia castrense y civil que ha permitido al CJNG crecer, consolidarse y armarse con material tanto o más efectivo que de la Sedena, al menos en el terreno de la infantería.
Derribar un helicóptero artillado, blindado y tripulado por militares de las fuerzas especiales constituye en sí una inédita y grave escalada de violencia, tanto por el tipo de respuesta a una operación militar como por la intensidad y organización para evadir una acción en la que el Cougar 1009 fue la única aeronave alcanzada por el fuego antiaéreo del CJNG.
En realidad hubo más aparatos involucrados y atacados con lanzacohetes, pero sólo el Cougar fue impactado. Las tropas que llegaron a auxiliar al personal atacado encontraron lanzacohetes RPG-7, RPG-27 y armas M-72, todas ellas antitanque, todas utilizadas ese día.
La Sedena y el gobierno federal revisan con extrema cautela lo sucedido en Jalisco, porque la estrategia antidrogas, soportada por todo un andamiaje de inteligencia civil y militar, ha quedado totalmente en entredicho, reventada por la onda expansiva de una arma de fuego que ingresa de manera regular por las fronteras norte y sur del país -gracias a una obsoleta y caricaturesca política binacional de control de armas (si es que existe alguna)- y nutre en forma constante al enemigo en las narices de los sabuesos.