Alfonsina, Carlos y Emilio no se conocían. Los tres habitan en la zona centro de la Ciudad de México. Hasta hace poco sus vidas se entrelazaron. Cada uno, en momentos distintos recibió una orden de desalojo y se amparó. A los tres no se les respetó, principalmente su derecho de antigüedad como posesionarios de sus viviendas, entre otras cosas.
Ahora forman parte de la 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico que ha documentado diversos tipos de desalojo y ha emprendido una resistencia a los fenómenos de la gentrificación y financiarización de la vivienda que ha ocasionado la expulsión “silenciosa” de los pobladores originarios de esta zona de la capital del país.
En la Ciudad de México desde hace tres años se ha incrementado el fenómeno del desalojo tipo "de inquilino". En este espectro, la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat ha observado, a partir de denuncias que han llegado a su despacho, que está relacionado con diversos elementos, causas y fines.
Desde 2014 hasta febrero de 2019, se han realizado 16 mil 646 desalojos con uso de la fuerza pública, más de 3 mil por año, de acuerdo con información solicitada vía transparencia por dicha Coalición y la 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico.
Además, desde el 2012 al 2018, en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX se registraron 293 quejas relacionadas con el tema desalojos.
Los tipos de desalojos y las irregularidades
Una de las causas de los desalojos, explica para La Silla Rota la coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional, María Silvia Emanuelli, es que en la capital del país hay una problemática que está relacionada con la seguridad de tenencia.
“Es decir hay una cantidad muy elevada de edificios, en relación a los cuales existen dudas sobre quiénes son los propietarios de los mismos. Es una peculiaridad de esta ciudad, también comparte esta característica con otras urbes latinoamericanas”.
El Colegio de Notarios de México ha establecido que esta ciudad tiene una serie de temáticas relacionadas con los procesos que no se siguen para completar la tenencia de los predios, en su mayoría puede ser una causa económica. Ello no permite clarificar quiénes son los dueños de ciertos edificios.
“Eso hace que existan muchas personas que habitan en las viviendas sin tener un título que las proteja. Esta situación es aprovechada, en muchas ocasiones a través de posibles actos de corrupción, por varios actores para que nuevas empresas o personas individuales, empiecen a presentarse como los dueños de inmuebles que durante años no han sido reclamados por nadie, en los cuales vive la gente”, indica Emanuelli.
Otro elemento es que en México no hay una legislación que proteja o equilibra la relación propietario - inquilino. “Eso hace que existan muchas situaciones que luego acaban en desalojo. Por ejemplo, cuando no se registran los contratos y que por lo tanto la persona que está alquilando esté vulnerable frente al dueño o dueña que deciden desalojarlo o no renovarle el contrato. También hay vulnerabilidad en el inquilino ante el aumento desmedido de las rentas”.
La tercera situación que genera los desalojos, principalmente en el centro de la ciudad tiene que ver con los efectos de la financiarización, un fenómeno más complejo que la gentrificación y que ha sido estudiado por especialistas a nivel internacional. Este concepto explica cómo los inmuebles se convierten en activos financieros, por lo que las empresas empiezan a comprar edificios, los remodelan y enfocan a personas con un poder adquisitivo mayor.
“Atrás hay un interés económico muy relevante que empuja a esta especulación inmobiliaria que estamos viendo. El fenómeno de la gentrificación se está complejizando en la financiarización o bursatilización de la vivienda”, agrega.
Otra problemática que se ha incrementado en el centro de la ciudad es el tema de los despojos. “Muchas veces son utilizados, también a través de actos de corrupción, para desalojar personas sin pasar por el juicio civil. Esto con apoyo de un grupo de personas contratado que ocupa un espacio desalojando por la vía de los hechos a quién los posee o son propietarios del mismo. Pero no pasa por el juicio civil, sino que son despojados”.
También está la presión inmobiliaria sobre quien vive en un determinado lugar, la cual se usa para hacer la vida imposible, expresa María Silvia.
Dice que en la mayoría de las ocasiones para desalojar personas se han detectado faltas al debido proceso. Lo que los vecinos han reportado es que parte de los documentos que se presentan en un juicio pueden ser irregulares o sospechosos y que los jueces dan por buenos. “A veces puede ser ignorancia o corrupción por parte de los juzgadores”.
Otra irregularidad, pero que no está relacionada directamente al debido proceso, es decir no es responsabilidad de un juez, es frecuente que las personas afectadas no cuenten con una defensa adecuada. “No tienen los recursos para defenderse y por lo tanto no cuentan con abogados adecuados capaces; muchas veces estos abogados se venden a la contraparte”.
Otro elemento que han detectado es que las personas afectadas no son notificadas del desalojo conforme a la ley. “No se les notifica a tiempo para que se prepare para el desalojo, los actuarios no se identifican o muchas veces no presentan el acto de desalojo o no permiten que se lea. También se simula que hay un juicio”.
#ElTreviSeQueda, la resistencia en contra del desalojo anunciado
Carlos Acuña, quien vive en el edificio de la calle Cristóbal Colón número 1, colonia Centro, conocido como Trevi, pues así se llama el café ubicado en el primer piso de dicho inmueble y que ofrece servicio desde hace 65 años, recibió una orden de desalojo el pasado jueves 11 de julio, donde le informaron iba a ser desalojado.
Una empresa llamada @PUBLICOtrabajo me quiere desalojar, amigos de tuiter.
Tengo contrato vigente.
Tengo mis rentas pagadas.
La gentrificación no son hipsters comprando en starbucks, sino empresas haciendo fraudes procesales para arrebatarte derechos a la mala. https://t.co/a4MCL1POnw— Carlos Acuña (@esecarlo) 12 de julio de 2019
El edificio Trevi, que data de la década de 1950, ubicado a un costado de la Alameda Central fue comprado a principios del 2018 para integrarlo a un desarrollo comercial que incluirá un hotel boutique y oficinas en coworking, señala Acuña.
De los habitantes de más de 30 departamentos, 2 bodegas y 5 locales comerciales, 13 interpusieron un recurso legal para acceder al derecho de compra por arrendar el espacio desde hace varios años. Además, dos de estos vecinos ingresaron demandas individuales. Esto luego que recibieran un aviso de que a fines de 2018 tenían que dejar el edificio.
El resto, 11 inquilinos y locatarios, interpusieron de manera colectiva una demanda mediante un procedimiento ordinario en contra de los dueños originarios del edificio, quienes vendieron sin reconocer su derecho de preferencia.
Como resultado de ese juicio se enteraron que los que compraron el inmueble fue Banca Mifel S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, en su división Fiduciaria como representantes de la empresa inmobiliaria Iteractiva S.A.P.I., cuyo nombre comercial es “Público Coworking”. De manera adicional está otro Fideicomiso, también administrado por Banca Mifel.
Luego de los recursos que han interpuesto los vecinos, Banca Mifel ha abierto nueve juicios contra ellos. Derivado de ello, algunos habitantes prefirieron desistir o aceptaron negociar.
“Se nos acusa principalmente de no pagar nuestro alquiler, aunque todos nuestros pagos están debidamente consignados. Las demandas han sido absurdas: dos han sido ya atraídas por conexidad a nuestro juicio principal y en otra más el juez dictó ya a nuestro favor. Las demás demandas aún se encuentran en proceso”, dicen los vecinos del edificio.
En el caso de Carlos Acuña, quien ha intentado amparase luego que recibiera orden de desalojo el jueves pasado, la cual no se ha acatado, el juzgado 42 emitió una sentencia donde determinó que sus rentas no se consideraban pagadas y ordenó la rescisión de su contrato, y por lo tanto la entrega de su departamento.
Como parte de su defensa los vecinos de este edificio han creado una campaña en redes sociales con el hashtag #ElTreviSeQueda, la cual ha tenido eco en otros países, y desde el jueves pasado difundieron #CarlosSeQueda.
Alfonsina, una lucha por la propiedad de su vivienda del siglo XVIII
Alfonsina Velázquez Quintero desde hace 10 años es posesionaria del departamento 1 del predio Emiliano Zapata número 42, en el Centro Histórico. Su abuela, quien ya falleció, rentó ese espacio desde la década de 1970. Ella en vida se lo dejó a su nieta.
El edificio data del siglo XVIII. De acuerdo con el Diario Oficial del 11 de abril de 1980, el inmueble está catalogado dentro de la Zona de Monumentos Históricos. Además, es considerado como una de las pocas Casas de Renta, que aún quedan en el centro, perteneciente al Convento de San Agustín. En la actualidad tiene un uso habitacional y comercial.
Alfonsina relata que según con los recibos que pudieron conseguir, así como los contratos de arrendamiento, durante los 70 su abuela pagaba renta a la inmobiliaria Algarbe S.A y a partir del año 80 aparece el nombre Bilucho.
“Pero el último contrato que tenemos es de 1985. De ahí hasta el 2010 nada se supo de la inmobiliaria Bilucho. Pasaron 25 años sin que se presentara ningún dueño. Entonces, lo que hicieron los vecinos, incluyendo mi abuela, fue consignar las rentas cada mes en Bansefi”.
En el 2009, su abuela se enfermó y se la llevaron a la casa de los papás de Alfonsina y ella se quedó en el departamento. Un año después llegó el abogado Saúl Ruelas Guerrero a buscar a la señora para que le firmara un contrato de arrendamiento por un año con la empresa Bilucho, lo suscribió. “Ella quedó como inquilina y a mí me dejó como aval. Se firmó en el 2011 y se terminaba en 2012. En marzo de ese año mi abuela falleció y yo seguía teniendo la posesión”.
Supuestamente, expresa Alfonsina, que todos los vecinos decían que el edificio no tenía dueño. Sin embargo, Esther Zonana, quien rentaba uno de los locales comerciales de la parte de abajo que da a la calle, llamado El Huracán del Centro y que vende plásticos, comenzó a ostentarse como la apoderada de Bilucho.
Los vecinos se dieron cuenta de la estrategia de la presunta propietaria de Bilucho, y la portera, quien tenía el cargo, junto con su mamá, desde la década de 1940, les propuso extender los contratos de arrendamiento. Alfonsina firmó. En 2013, la demandó dicha inmobiliaria y le pidió el departamento. Ella contrató a una abogada y se amparó. Después se percató que la defensora llevó mal el juicio.
“Luego nos enteramos que la abogada se vendió, aunque antes de que se vendiera me dijo que las escrituras estaban viciadas, eran falsas y yo metí una denuncia por fraude procesal con respecto a las escrituras, pero hasta la fecha no ha procedido”.
De acuerdo con documentos presentados por quien demanda, Algarbe vendió el edificio a Bilucho en 1980, pero no viene el nombre de Esther Zonana. En 1989 todos los funcionarios de esa sociedad contable renunciaron y le dejaron el poder a ella. No obstante, en fechas recientes el recibo de predial sigue llegando a nombre de Algarbe.
Los juicios de arrendamiento, que se han resuelto en tres instancias, dos fallaron que la señora Esther Zonana no contaba con la personalidad jurídica para rentar el inmueble. La mujer se amparó y en el Tribunal 14 Colegiado de lo Civil cambiaron la resolución y la reconocieron como dueña. Además, condenaron a Alfonsina a desocupar en cinco días el departamento.
Eso fue en diciembre de 2015. Se amparó, pero para ella ya se han agotado los recursos legales.Hasta la fecha, en varias ocasiones supuestamente le han notificado de la orden de desalojo. El problema es que a Alfonsina no le han llegado esos actos, comenta. Mientras tanto, ella sigue en su departamento.
“Nos traicionaron las abogadas, se llevaron mis ahorros”
Emilio Reza Araujo vive desde hace 25 años en el edificio Durango 270 interior 8, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Sus tíos le dejaron el departamento cuyo contrato data de 1945. Fue el sucesor legal y paga renta desde 1996. Sin embargo, el año pasado recibió una orden de desalojo a la que está amparado.
Relata que hace cinco años iba a renovar contrato, junto con los demás inquilinos. Les avisaron que iba a subir la renta 15% sin negociación y cada 12 meses iba a aumentar ese mismo porcentaje. “Nos amenazaron que si queríamos y si no que nos fuéramos. Hicimos una asociación civil y contratamos a una abogada para tratar de comprar el edificio. Aunque nos dijeron que no”.
El problema fue que la abogada los estafó. Se “desapareció” con el anticipo que le dieron y que eran todos sus ahorros de su jubilación. Se agravaron las denuncias de desalojo hasta que el año pasado que era eminente que se tenían que dejar el edificio.
“Nosotros nos empezamos a amparar y a pagar fianzas, situación que estamos hasta el momento. Todo ha sido irregular, por eso nos estamos defendiendo para alargar lo más que se pueda el proceso y ver si procede el desalojo”, comenta Reza.
Durante ese proceso, se enteraron que hace tiempo la dueña original heredó el edificio a la Fundación de Socorros y Colegio de Vizcaínas para sostener un asilo, y ellos lo vendieron a la Fundación Bringas Haghenbeck I.A.P, que es la que los quiere desalojar.
En su página web, dicha Fundación señala que es una “institución líder en la operación de establecimientos para el cuidado y atención de las personas de la tercera edad y de aquellos que contribuyen a la formación de niños, jóvenes y adultos de manera integral”.
Uno de los miembros honorarios de Bringas Haghenbeck I.A.P, es notario público, Tomás Lozano Molina, quien hasta noviembre de 2015 fue miembro del consejo de administración de Casas Geo. Actualmente es consejero propietario del grupo minero Industrias Peñoles.
“Sabemos que esta Fundación está acumulando títulos de posesión con un gran poder económico. Vemos que hay muchas irregularidades en estas compras. La intención es desalojarnos de ahí que es una zona donde nosotros habíamos mantenido el edificio en aceptables condiciones: impermeabilización, agua, luz. Ahora nos quieren correr”.
Comenta que la compra del edificio por los inquilinos ya no sería posible, puesto que se han ido varios vecinos y ya no completarían. Al inicio eran 16, ahora nada más quedan seis. “Unos se espantaron por las amenazas de desalojo y otros cuatro ya han sido expulsados de uno en uno. Hay opiniones de abogados de que se nos debió de haber abierto el derecho a la compra o a una negociación”.
El tsunami de la gentrificación en el centro
Desde el año pasado la 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico ha documentado los desalojos en el Centro Histórico y el paso de la gentrificación en esta zona. Ha visto como habitantes originarios han sido expulsados tanto de manera violenta o silenciosa, y en su lugar se han fortalecido los hoteles de lujos, restaurantes gourmet, así como se han incrementado las rentas y ha llegado la plataforma turística Airbnb.
“Casi todos los desalojos se llevan a cabo mediante triquiñuelas legales, violaciones al debido proceso, figuras que simulan un juicio, pero que realmente nunca se lleva a cabo ese juicio en contra de la persona que habita. Por ejemplo, tú desalojas a alguien y esa persona no se enteró que estaba en juicio porque nunca estuvo demandado, sino que se demandó a otra persona”, explica Acuña.
Por lo menos los desalojos que han documentado en la zona centro la gran mayoría tienen ese modus operandi. En algunas ocasiones ni siquiera muestran la orden de desalojo, sino que llevan a golpeadores, añade Acuña.
“La gente tendría que tener la capacidad legal de defenderse y ser escuchada por el juez y él a veces no sabe a quién está desalojando ni por qué se meten estas órdenes por controversias de arrendamiento, no sabe, como en nuestro caso, que están todas las rentas pagadas en otro juzgado y se desaloja”, apunta.
Modus operandi se repite
Organizaciones y vecinos han denunciado modus operandi parecido a este sucedido en el año 2017, en la colonia Escandón. En ese año la señora Lucía, de más de 80 años de edad fue despojada de su propiedad de manera violenta. Sin ser notificada y bajo argucias legales, la mujer, quien tenía toda su vida ahí, fue sacada de un día para otro con sus muebles y pertenencias a la calle.
"Muebles de mis abuelos tallados de madera, fotografías, libros, cocina. Todo, todo lo que puede haber una casa de la que tengo recuerdos desde que era una niña. Ese día toda la familia lloramos, y no entendíamos nada. Fue terrible.", explicó su sobrina Karla.
Después de dos años, la Procuraduría detectó que se trataba de una posible red de corrupción que inicia desde el Registro Público de la Propiedad donde detectan a personas mayores que viven en algún edificio con algún tipo de característica de la cual aprovecharse para desalojar ilegalmente.
La señora Lucía no ha podido volver a su casa, pero se reconoció que el desalojo fue ilegal.
Organizaciones han alertado de este posible modo de operar en varias zonas de la ciudad con alta plusvalía como Escandón, Roma, Centro, Condesa, Anzures, y otras zonas.
lrc